Protección de derechos humanos

El activismo judicial es fundamental ante la falta de satisfacción de derechos sociales por ausencia de políticas efectivas, afirmó, Magdalena Cervantes, especialista en derechos humanos.

“Éste es indispensable cuando los órganos encargados de definir las políticas públicas y los presupuestos, no lo hacen atendiendo a las directrices que les impone la constitucionalización de los derechos”.

En seminario en la UNAM, señaló que las limitaciones presupuestales no pueden ser pretextos para incumplir con los derechos humanos.

“La intervención de las y los jueces puede representar una vía para movilizar al ejecutivo y al legislativo en el desarrollo de políticas sociales y en la asignación de presupuestos públicos a través de los cuales garantizar los derechos”.

Diego Morales, docente de la Universidad de Buenos Aires, explicó que los espacios de diálogo son necesarios para acuerdos presupuestales para la protección de derechos.

“La creación por parte del poder judicial de espacios de diálogo donde el poder ejecutivo y el poder legislativo presenten cuáles son los obstáculos presupuestarios y en conjunto, víctimas, jueces y poder ejecutivo empiecen a encontrar salidas frente a esos obstáculos”.

El litigio de las ONG’S, dijo, es esencial para que se disponga el gasto presupuestal necesario en la protección de derechos sociales.

Mario López Peña