La Décima Séptima Cumbre Judicial Iberoamericana aprobó por unanimidad el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, en especial énfasis en justicia con enfoque de género.
Documento que presentó el Ministro Presidente Juan Silva Meza a los representantes de los 23 países que participan en esta Cumbre, que se realiza en Santiago de Chile.
“Este Protocolo, como recordamos, tiene como antecedente el esfuerzo realizado por la Suprema Corte de Justicia mexicana para brindar a las y los juzgadores herramientas que los auxilien en su tarea de impartir justicia de forma especializada. La buena acogida que han tenido en México motivó que en Buenos Aires se planteara su elaboración en el ámbito iberoamericano, pues no solamente las y los jueces les han encontrado utilidad, sino también los litigantes, organizaciones sociales e incluso los poderes judiciales locales”.
El Ministro Silva Meza explicó los principales puntos que contiene este Protocolo, que fue coordinado por el Tribunal Constitucional de México.
Documento que se concentra en la problemática que viven mujeres víctimas de violencia, así como niñas, niños y adolescentes, personas y pueblos indígenas, personas con capacidades diferentes y migrantes.
“Uno, prioriza los principios y prácticas dirigidos tanto a la modificación de aspectos jurídicos, como a los administrativos relacionados con la atención en el ámbito judicial de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad… Dos, facilita que las personas que participan en el funcionamiento de los sistemas judiciales cuenten con una herramienta de consulta que sirva de guía de actuación; avanzando así en la observancia de los estándares más protectores y en la consideración de las características y situación de los grupos y personas antes mencionadas”.
También favorece que las personas y grupos sociales conozcan y ejerzan con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional.
“Propicia el diálogo entre Cortes en la medida en que retoma sentencias y buenas prácticas que muestran cómo se están protegiendo los derechos de personas y colectivos en tribunales internacionales y en los Poderes Judiciales de la región”.
Mejorar el acceso a la justicia para las personas históricamente marginadas representará, aseguró el Ministro Presidente, un claro indicador de que los sistemas de justicia de la región son más accesibles y eficientes.
“Nos corresponde ahora a las Cortes Supremas, a los Tribunales Supremos de Justicia, a los Consejos de la Judicatura promover la apropiación de estos documentos, elaborados por esta Cumbre, para nuestros operadores jurídicos como parte de ese compromiso de cooperación e intercambio que nos anima como comunidad iberoamericana”.
Los poderes judiciales iberoamericanos hicieron suya la voz y propuesta de la Corte mexicana en Santiago de Chile.
Acordaron impulsar en sus respectivos países la aplicación del protocolo.
Los representantes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Uruguay, solicitaron la palabra para hacer un reconocimiento al trabajo del Poder Judicial Federal de México.
“Yo quiero reconocer el trabajo y decir que nuestro país asume el compromiso de utilizar ese trabajo, estos documentos, y de propiciar el objetivo que tienen: la no revictimización de las personas en estado de vulnerabilidad y de las mujeres”, Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
“Nicaragua aprueba este protocolo y cualquier otra medida o propuesta que en este sentido se haga”, Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Nicaragua.
“Felicitamos a ambas representaciones por el trabajo que han hecho y exhortamos a todas las delegaciones a que aprovechemos unánimemente estos trabajos”, Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
“Ponderar el trabajo de las dos comisiones que nos presenta el trabajo hoy primero por haber ingresado con profundidad a la temática de pueblos indígenas”, Representante de Bolivia.
“Yo también me quiero sumar al igual que mis colegas al reconocimiento, al trabajo, que han hecho los colegas de México y Guatemala sobre este interesantísimo tema para nuestra justicia en las américas, porque se trata precisamente de las personas que no han tenido acceso a la justicia”, Florentín Meléndez, Presidente Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
“Manifestamos nuestro compromiso de seguir participando en este trabajo y en todos los compromisos que signifiquen llevar adelante esta mejora del acceso a la justicia para estos grupos… El desafío esencialmente es hacer que la ley de protección a estos grupos vulnerables no sea una ley de papel, sino que sean leyes que realmente se aplican con operadores consustanciados y comprometidos a aplicarlas y capacitados”, Representante de Uruguay.
Posteriormente, México también logró el consenso generalizado en la Cumbre con la aprobación del Protocolo Iberoamericano para garantizar la seguridad de las y los juzgadores como base de su independencia.
La presentación del documento estuvo a cargo del Consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera.
“El tema de la seguridad de las y los juzgadores es un problema común, las situaciones de riesgo personal y laboral que enfrentan día a día los juzgadores, sus familias, el personal administrativo y de apoyo que labora en forma cercana con las personas responsables de la administración de justicia, motivó la elaboración del documento”.
El propósito de este Protocolo es generar condiciones de tranquilidad, libertad e independencia que aseguren una impartición de justicia libre de cualquier presión que no sea estrictamente jurídica.
Identifica los principales factores de mayor preocupación en la actualidad, que podrían debilitar la independencia de los juzgadores y que de no atacarse afectaría el buen desarrollo de la actividad jurisdiccional.
Así, la Corte mexicana ha logrado en la Cumbre Judicial Iberoamericana obtener consensos sobre temas que son comunes en la región y particularmente sensibles para los ciudadanos.
Juan Carlos González
Canal Judicial 