Defensores de derechos humanos exigieron poner freno a consorcios internacionales que se denominan empresas socialmente responsables, pero que en realidad dañan el medio ambiente, enferman a comunidades completas e infringen la ley.
En el segundo día de trabajos del foro “Derechos humanos y empresas”, se analizaron casos de industrias mineras que han ocasionado daños en México y en otros países de Latinoamérica.
“Para nosotros la responsabilidad social desde el sector empresarial, desde el gobierno, no existe. Necesitamos hacer un proceso de rendición de cuentas, nos urge porque la gente se está muriendo en las comunidades, el modelo extractivo está creciendo de manera impresionante y no hay quien los detenga”, Miguel Ángel Mijangos, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos.
Los expertos consideraron necesario que los estados garanticen medidas de reparación cuando las empresas violen derechos humanos o causen daños al medio ambiente.
Explicaron que no sólo se deben garantizar disculpas públicas, la restitución o una compensación económica.
“Las posibilidades también de sanciones punitivas que sean desde el ámbito penal, civil o administrativas como la posibilidad también de multas, de sanciones, de cierres de empresas y las posibilidades de medidas de prevención de nuevos daños, es decir, lo que en el lenguaje internacional de derechos humanos conocemos como las garantías de no repetición”, Amanda Romero, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Destacaron también la importancia de que los megaproyectos que se construyan en comunidades rurales garanticen el derecho a la participación de los pueblos indígenas, mediante el acceso a la información y la toma de decisiones.
Juan Carlos González