Juristas e investigadores reconocieron la trascendencia del premio que la ONU entregó a la SCJN

Destacados juristas e investigadores reconocieron la trascendencia del Premio de Derechos Humanos 2013 que la ONU entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo creo que debemos sentirnos como mexicanos halagados, satisfechos por un reconocimiento, justo, de estas características, seguramente Naciones Unidas ha ponderado, y cualquier observador habría ponderado el trabajo desarrollado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación”, Sergio García Ramírez, Jurista.

El énfasis en la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, destacaron, ha sido un eje de trabajo de la Corte en los últimos años.

“Que se lo hayan dado a la Suprema Corte de México es un espaldarazo de Naciones Unidas a la labor que ha estado cumpliendo últimamente la Corte Suprema al hacer una interpretación pro homine, es decir, la persona humana por sobre todo”, Pablo Saavedra, Secretario CoIDH.

La Corte mexicana se ha convertido, reconocieron, en un referente por sus resoluciones.

Además, dijeron, ha fomentado la cultura de los derechos fundamentales en México.

“Yo lo veo muy justificado porque la Suprema Corte, aparte de sus sentencias ha tenido una labor editorial muy importante y además dan constantemente cursos para actualizar a los jueces sobre los Tratados Internacionales que son muy aparte de la Constitución”, Héctor Fix-Zamudio, Jurista.

Indicaron que con este reconocimiento de la ONU, vienen nuevos retos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es un gran reconocimiento por un lado, pero un gran compromiso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso implica que ahora hay que redoblar esfuerzos”, Edgar Corzo, Investigador IIJ UNAM.

“Es un reconocimiento que estimo nos permite a todos los abogados mexicanos sentirnos orgullosos, sentirnos parte… Este premio que recibe en buena hora la Suprema Corte pues yo estimo puede servir para motivar a las generaciones de jóvenes estudiantes para que sigan esta vertiente garantista”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ UNAM.

La voluntad por proteger los derechos de la ciudadanía, indicaron, se refleja en sus criterios jurisprudenciales.

Mario López Peña

Presentación del libro “Derechos fundamentales y democracia”

Con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, organismos como el Instituto Federal Electoral tendrán que aplicar también en sus resoluciones, el control de convencionalidad, advirtió el investigador, Miguel Carbonell.

Durante la presentación de su libro “Derechos fundamentales y democracia”, dijo que una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia electoral, fue la de Jorge Castañeda contra el Estado mexicano.

“El IFE, su Consejo General, tendrá que razonar, tendrá que argumentar tratando en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la convención de derechos humanos, incluso y ese es el reto, incluso en contra de lo que puede señalar el COFIPE”.

Consejeros electorales del IFE hablaron de los compromisos que se asumieron en materia de derechos humanos y lo que ello implica para la democracia en nuestro país.

“Que todos los derechos fundamentales por supuesto, los así llamados derechos de participación política, pero también aquellos derechos comillas, de libertad e incluso los llamados derechos sociales tienen una dimensión política en la medida en que su satisfacción constituye un conjunto de condiciones y precondiciones indispensables para la recreación misma de la democracia”, Lorenzo Córdova, Consejero Electoral del IFE.

“Que el estado no puede actuar sin límites y que sus actuaciones en toda la construcción del poder político tienen límites específicos que tiene que respetar no sólo a los ciudadanos sino a los seres humanos que están en territorio nacional”, María Marván Laborde, Consejera Electoral del IFE.

El libro de Miguel Carbonell forma parte de una serie de 31 cuadernillos de la colección sobre divulgación de la cultura democrática.

Martha Rodríguez

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

Parte de los acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción del Pacto por México no son novedades, pues son temas que el gobierno incumplió aseguró Mauricio Merino del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

El incumplimiento está, dijo, en la Ley general de contabilidad gubernamental y las reformas al IFAI.

“No puedo dejar pasar inadvertido que en ambos casos se trata de la reiteración de un compromiso inconstitucional incumplido y no me parece plausible que en sí mismo celebrar que se lance al futuro como compromiso algo que no se cumplió en el pasado”.

La propuesta de creación de un Consejo Nacional de Ética Pública es sólo una convocatoria moral, pues, explicó, no se le dotaría de carácter jurídico.

Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, señaló que es positiva la instrumentación de un sistema de contabilidad en los tres niveles de gobierno.

“Es indispensable contar con este sistema de cuentas homologado en los tres niveles de gobierno… Esto genera por la falta de homologación de sistemas contables sorpresas muy desagradables como que ya a final de sexenio nos encontremos con unas bombas de deudas impagables”.

Citó los casos de Coahuila, Chiapas y Tabasco como muestras de la falta de un sistema de éstas características.

Las propuestas sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción aparecen en los compromisos 82 al 86 del pacto.

En aspecto formal, este apartado es el de menor extensión de todo el documento.

Mario López Peña

Académicos de la UNAM reaccionan ante Ley de amparo

Académicos de la UNAM reflexionaron sobre la minuta de la Ley de amparo aprobada este martes por la Cámara de Diputados.

Entre los factores a tener en cuenta están, que la Ley de amparo es más amplia que el texto constitucional.

“Hay una parte muy importante de la Ley que no es producto de la reforma constitucional pero que sí ayuda a su sistematización y entendimiento y eso es bueno, y no limita la reforma constitucional”, Edgar Corzo Sosa, Investigador IIJ UNAM.

Subrayaron que en esta minuta aprobada aparece la figura del interés legítimo más desarrollado, la ampliación en la protección de derechos humanos, mayor eficiencia del amparo para efectos, la creación de los plenos de circuito, como aspectos clave.

Édgar Corzo llamó la atención sobre las excepciones para no conceder la suspensión del acto reclamado en materia de telecomunicaciones, bienes de la nación y energía, pues advirtió, quitan fuerza protectora al amparo.

“Sí hay una empresa que esté actuando incorrectamente o una autoridad que esté actuando incorrectamente respecto de una transmisión o de un ancho de banda o problemas como estos, no se va, a quien vaya ante los jueces federales a pedir la protección, el amparo, no van a suspender este acto.. Se señaló de presiones de empresas muy fuertes en la Cámara de Diputados”.

Otro aspecto a considerar, explicó, es el impedimento del amparo contra reformas constitucionales.

Miguel Carbonell destacó que de ser aprobada la nueva ley sería adecuada a lo dispuesto en la Reforma Constitucional en Materia de Amparo de 2011.

“La Ley en términos generales refleja lo que la Reforma Constitucional señala”.

Reconoció el compromiso del Poder Judicial de la Federación para impulsar una nueva Ley de amparo.

“El Poder Judicial Federal tuvo una participación muy activa y estuvo empujando de manera decidida esto desde el año dos mil a través de una comisión que redactó un anteproyecto de Ley de Amparo a través del Libro Blanco sobre la Justicia”.

Mario López Peña

Constitucionalismo contemporáneo

El presidencialismo y el formalismo son los principales retos para consolidar un derecho común en Latinoamérica que favorezca la protección de los ciudadanos aseguró Héctor Fix-Fierro Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Creo que hay una imposibilidad en una sociedad tan desigual de aplicar criterios de justicia material y entonces el formalismo es como el punto medio en el que hay un punto medio en el que hay alguna defensa para las dos partes en una controversia… El presidencialismo significa la prevalencia de mecanismos políticos de solución de conflictos”.

Un derecho común, destacó Miguel Carbonell investigador de la UNAM, no debe buscar copiar el contenido de los textos constitucionales de otros estados.

“No se trata tanto de copiar la letra sino de compartir el ánimo que está en los textos constitucionales de tal suerte que no busquemos las palabras sino que sobre todo tomemos la experiencia constitucional de otros países”.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo, no sólo debe considerarse como un criterio orientador.

“Yo creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria siempre”.

Dentro del Seminario Constitucionalismo contemporáneo en homenaje a Jorge Carpizo, Armin Von Bogdandy, del Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania, señaló que este derecho común favorece la apertura de las cortes a órganos internacionales.

“El nuevo constitucionalismo da mucho más poder a los jueces y este poder debe ser controlado y esa es una manera de hacerlo”.

Un factor clave para el funcionamiento de este derecho común es que las cortes asuman la responsabilidad conjunta para la justicia.

Mario López Peña

El debido proceso es un derecho fundamental

El debido proceso es un derecho fundamental que todas las autoridades están obligadas a proteger y respetar.

Derecho que se compone de distintas garantías, explicaron especialistas en el tema.

“El debido proceso se integra por estas distintas garantías, entre las que se encuentran por ejemplo el derecho a tener un abogado cada vez que uno es incriminado de algo, el derecho a ser oído antes de ser vencido en un juicio, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, por un juzgado imparcial que exista antes que los hechos se cometan, por supuesto, el principio de presunción de inocencia”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Principio que si es violado por la autoridad, podría implicar la anulación del proceso judicial, explicaron especialistas.

“Si no se respetan los derechos de las víctimas, los derechos del victimario, entonces volveríamos a las épocas de la inquisición, a las épocas de la tortura, a las épocas de la desaparición, ha épocas terribles que ha vivido la humanidad en nuestro país, entonces respetar el debido proceso, da la certeza de que cuando el estado acusa a alguien y se le sanciona, tiene la razón de ello”, Luis Madrigal, Presidente Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Sin embargo, se reconoce que las violaciones al debido proceso, es la principal debilidad del sistema de justicia.

La mayoría de procesos penales, se ha dicho, están viciados de origen.
Precisaron que es en la fase de la detención, es en donde más abusos se cometen y en donde menos garantías tiene el implicado.

Indicaron que sigue siendo común la tortura, la fabricación de pruebas y que el indiciado declare sin la asesoría de su abogado.

“Digamos ese sería el criterio idóneo creo yo en términos del debido proceso legal, si una persona llega ante un juez torturado, eso bastaría para anular un proceso penal”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Mencionaron que el sistema legal, está diseñado para corregir errores cometidos durante el proceso penal.

“La labor de la corte también llega al punto de poder revisar y enmendar en su caso los vicios, los errores en materia de debido proceso, cometan otras autoridades, sean estos jueces, sean estos procuradores o miembros del sistema de procuración o administración de justicia o incluso, fuerzas policiales”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Manifestaron que cuando se corrige un proceso viciado, se busca conocer la verdad de los sucesos delictivos.

José Luis Guerra García

Debido proceso y derechos humanos

La violación al debido proceso es la principal debilidad del sistema de justicia, aseguraron especialistas en el tema.

La mayoría de procesos penales, se dijo, están viciados de origen.

Pues al responsable de un delito, se le detiene de manera ilegal y en la mayoría de casos, es víctima de abusos y maltratos.

Según encuestas del CIDE, estas violaciones se cometen entre el momento de la detención y la puesta a disposición del ministerio público.

“Cuando tú le preguntas a los sentenciados si alguien los humilló, los lastimó, o los amenazó, el 47 por ciento de la población en reclusión dicen que eso pasó. Cuando les preguntas qué funcionario fue, fue la policía”, Ana Laura Magaloni, Investigadora CIDE.

Precisaron que es en la fase de la detención, en donde más abusos se cometen y en donde menos garantías tiene el inculpado.

Indicaron que sigue siendo común, que se torture al acusado e incluso a los testigos. Que la evidencia probatoria, carezca de certidumbre, pues en ciertos casos se trata de pruebas fabricadas y el inculpado, normalmente declara sin estar acompañado de su abogado.

“Digamos ese sería el criterio idóneo creo yo en términos de debido proceso legal, si una persona llega ante un juez torturado, eso bastaría para anular un proceso penal. Sí, un juez no puede abrir un proceso penal contra una persona que haya sido torturada, eso es una línea roja, eso es algo que no podemos permitir en ningún caso”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Recordaron que una persona solo puede ser condenada por un delito, cuando hay pruebas contundentes de ello, en el expediente.

“Tendría que haber en el expediente que se me abriera, en la averiguación previa, en el proceso, etcétera, pruebas suficientes que demostraran que soy culpable de ese delito, de otra manera estaríamos dando pie, abriendo la puerta a violaciones gravísimas contra los derechos humanos”, Luis de la Barreda, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM.

Manifestaron que otras violaciones al debido proceso, son:

No ser puesto a disposición del ministerio público de inmediato.

No contar con asesoría legal.

Ser presentado ante los medios de comunicación, lo que viola el principio de presunción de inocencia.

Señalaron que este tipo de violaciones impiden conocer la verdad y hacer justicia en un determinado asunto.

José Luis Guerra García

Derechos humanos en la Reforma Laboral

Establecer la transparencia sindical en la reforma laboral no atenta contra el derecho de asociación, aseguró Miguel Carbonell, experto de la UNAM.

“No es así, yo creo que en primer término la democracia sindical y la vida interna democrática son imperativos asociados al propio ejercicio del sindicalismo… Francamente me parece un argumento no apegado a nuestro marco jurídico vigente”.

Es evidente, dijo, que quienes forman parte de una asociación sindical, tienen derecho a exigir cuentas y a tener las mejores condiciones para la elección de sus dirigentes.

“El esfuerzo por arrojar un poquito de transparencia y un poquito de democracia en los sindicatos es un esfuerzo que vale la pena, lo diría en otras palabras, quién le tiene miedo a la democracia, quién le tiene miedo a la transparencia sindical, yo creo que solamente alguien que defiende intereses espurios”.

Si la reforma laboral no respetara algún derecho humano, destacó, tendrá que revisarse a la luz de la jurisdicción constitucional y, de esa forma se deberán ejercer los medios de control correspondientes.

En entrevista explicó que en la relación de derechos humanos con la materia laboral está como una de las premisas la obligación del estado para crear empleos.

“El Estado tiene que generar las condiciones necesarias para que todas las personas tengan oportunidades en el mercado de trabajo, para que este mercado de trabajo digamos, incorpore un juego limpio por decirlo así, que todos tengan las mismas oportunidades, que sea un mercado de trabajo sin discriminación”.

Los esfuerzos para la oferta laboral, indicó, deben centrarse en los jóvenes ante los  altos índices de desempleo en este sector de la población.

Mario López Peña

Quinto Congreso Nacional de Derecho Constitucional

Sin derechos humanos no funcionará ninguna política de seguridad pública, advirtió Miguel Carbonell, investigador de la UNAM.

Una muestra clara, dijo, está en la actuación del actual Gobierno Federal.

“Desapariciones forzadas, qué ha pasado con ejecución extrajudicial, qué ha pasado don tortura, qué ha pasado con la militarización de la seguridad pública”.

Dentro del Quinto Congreso Nacional de Derecho Constitucional, mencionó que, con base en la encuesta sobre cultura constitucional, hay sectores considerables de la población que creen que hay que violar derechos humanos para preservar la seguridad pública.

Más del 40 por ciento está a favor de la tortura, así como de las ejecuciones extrajudiciales.

Un porcentaje importante, cree que es necesario el toque de queda.

Por otra parte, destacó que el Estado Mexicano debe trabajar en la reparación ante la violación de derechos humanos, pues, indicó, se confunde con la reparación del daño en materia penal.

“Reparar una violación de derechos humanos no significa indemnizar económicamente a la víctima, o mejor dicho, no solamente indemnizaciones económicas, hay muchas cosas más que hacer”.

Un reto en México, subrayó, será la actuación de las comisiones estatales de derechos humanos, en la protección de derechos, en particular, en materia laboral.

Mario López Peña

Nueva Ley general de protección civil

Es necesario que los trabajos de rescate y prevención de los cuerpos de Protección Civil respeten los derechos humanos de los damnificados en caso de emergencia, afirmó Miguel Carbonell, experto de la UNAM.

“Derecho a la vivienda, oiga pues es que ya viene el huracán Ernesto, todos se tienen que salir de aquí verdad, tienen que dejar sus casas, oiga pero es mi casa, yo tengo derecho a usar mi casa”.

En seminario sobre la nueva Ley general de protección civil, señaló que deben revisar las posibilidades de suspensión de derechos del artículo 29 constitucional.

Esto, dijo, para evitar suspensión de derechos de facto.

“Realmente estás privando a esa persona temporalmente de su libertad de tránsito, de su derecho a la vivienda, etc., pero no se lo suspendiste, le dijiste, vámonos por protección civil, mira esto es por tu bien… hasta dónde”.

La Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Laura Gurza, destacó que uno de los problemas es la distribución de responsabilidades en escenarios de emergencia.

“La gente no ve quién la hace, sino quién la paga… Puede llegar a cometerse un acto de injusticia, y esto además generar una percepción que puede dañar enormemente al sector de la Protección Civil”.

Sobre la nueva Ley general de protección civil señalaron que es urgente la expedición de su reglamento.

Esta ley fue publicada el seis de junio pasado, contiene 94 artículos en 18 capítulos.

Mario López Peña