Presentan libro sobre niñas y niños víctimas de violencia sexual

Para garantizar los derechos de las niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual, es necesario acercar la justicia a los menores y no al revés, como ha sido tradicionalmente.

Así lo señaló la investigadora de la UNAM, Mónica González Contró, al participar en la presentación del libro: “Líneas, colores y trazos de la violencia sexual”, de la maestra Regina Samperio Rodríguez.

Aseguró que la violencia sexual es una de las mayores afectaciones a los derechos de las niñas y los niños.

 “Acercar tal cual el sistema de justicia a niñas y niños, al revés de lo que se ha pretendido siempre que las niñas y los niños se acerquen al sistema de justicia cuando esto no funciona porque si es intimidatorio para una persona adulta un juzgado, un Ministerio Público, pues mucho más para una niña o un niño”.

Señaló que los juzgadores tienen la obligación de generar las condiciones adecuadas  para escuchar a los menores que han sido víctimas de un delito.

La investigadora María Teresa Ambrosio resaltó la revictimización que se da en la mayoría de los  casos en los que niñas y niños son sometidos a abuso sexual.

 “Y algo muy grave, la victimización secundaria, qué significa esto, que cuando una persona accede, y sobre todo una niña o un niño, al sistema de justicia este sistema que debiera de darles garantías adecuadas para proteger sus derechos humanos le genera todo lo contrario”.

Señaló que el libro de la maestra Samperio Rodríguez es una herramienta útil para identificar, a través de los dibujos, los casos de niñas y niños que han sido víctima de abuso sexual.

“El dibujo creo que es la forma, como ya lo comentaban, la forma más sencilla que tiene el niño de expresar lo que vive, lo que siente, lo que le ocurre en el momento en que dibuja”, Regina Samperio, Autora del libro.

La obra se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Juan Carlos González

Cada día nacen mil 232 bebés de mujeres menores de edad

El Estado mexicano tiene una gran deuda con la infancia, pues existe un debilitamiento institucional que no garantiza sus derechos, aseguró Mónica González Contró, investigadora de la UNAM.

Durante la presentación del Informe  “Infancia en riesgo”, de la Alianza MX, destacó que hay retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones firmadas en los instrumentos internacionales a favor de niños, niñas y adolescentes.

“México presentará el año que viene este informe que debió haber presentado en 2011 ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra y desafortunadamente hay muy poco que reportar, incluso podemos decir que hay retrocesos importante en materia del cumplimiento de las obligaciones”.

Se denunció la violencia a la que están sometidos menores de edad en estados como Chihuahua.

Y la falta de regulación en centros de asistencia en los que se encuentran los niños.

“Tampoco se sabe cuántos niños son, se habla que son entre 5 mil y 6 mil niños y estas fuentes tampoco son muy actualizadas, esto pone en una situación de mucho riesgo a los niños, nadie puede precisar los datos y hay verdaderas tragedias en torno a la institucionalización de ellos”, María Isabel Alba, Cuídate A.C.

El informe detalla la situación de vulnerabilidad de adolescentes embarazadas.

Cada día nacen mil 232 bebés de mujeres menores de edad.

“10 % de las adolescentes según los últimos datos  de la Encuesta Nacional de Salud han tenido algún embarazo y una de cada 10 muertes maternas corresponden a adolescentes”, Nasheli Ramírez, Ririki Intervención social.

No se ha atendido a jóvenes en conflicto con la ley, a niños, niñas y adolescentes con  discapacidad, ni a los que viven en comunidades indígenas.

El informe alterno, elaborado por Alianza MX se enviará el próximo mes de julio ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas con sede en Ginebra.

Martha Rodríguez

@marthaarod 

Foro Internacional de Derechos Humanos de Poblaciones Callejeras

Foro Internacional «Poblaciones Callejeras»

El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos emanados de la Constitución.

Sin embargo, en el caso de las poblaciones callejeras, el Estado no ha querido asumir que existe vulneración a los derechos humanos de este sector desfavorecido de la sociedad.

Durante la tercera jornada del Foro Internacional de Derechos Humanos de Poblaciones Callejeras en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se afirmó que el Estado mexicano tiene la visión de que las personas en situación de calle no quieren ser ayudadas.

“Que no todos los indigentes quieran ser reivindicados de propia voluntad, quizá, pero que la gran mayoría si pueda y además trabajar en beneficio de la sociedad lo podría asegurar”, Enrique Carpizo, Investigador IIJ-UNAM.

Se dijo que el fenómeno de las poblaciones callejeras es resultado de la falta de una política social.

“Un problema que empezó hace algunas décadas y al cual no se le dio atención y nos conduce el día de hoy a la situación que tenemos actualmente”, Mónica González Contró, Secretaría Académica IIJ-UNAM.

Señalaron que una respuesta fallida de la autoridad ante éste fenómeno, fue la Ley de albergues públicos y privados para niños y niñas del Distrito Federal.

“Es un botón de muestra de la forma en que el Estado, en que la autoridad reacciona ante los problemas sociales, que en lugar de garantizar derechos y asumirse que es el primer obligado respecto de la garantía de los derechos contenidos en la constitución, pretende resolver los problemas mediante una ley”.

Una ley, que se dijo, es reactiva y que no tiene nada que ver con la realidad mexicana.

Una ley que no da respuesta al fenómeno social que implica la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de calle.

Emmanuel Saldaña

Interés superior del niño

Para hacer prevalecer el interés superior del niño en México es necesario establecer todas las condiciones para que niñas y niños sean escuchados y se expresen, aseguró Mónica González Contró, especialista en los derechos de la infancia.

“El problema es que no nos hemos dado desde la legislación, ni desde el sistema de justicia, no hemos dado capacitación, ni nos hemos dado oportunidad para comprender esto y para escuchar a las niñas y los niños que me parece es el punto medular”.

Dijo que las normas se han centrado en el interés superior del niño, sin embrago, han olvidado otros principios de la Convención de los Derechos del Niño como la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el respeto a los puntos de vista de los niños.

“Cada resolución judicial, cada argumentación, cada política pública, cada decisión tendría que considerar de manera transversal estos cuatro principios”.

Debe darse contenido y argumentos al interés superior del niño, subrayó, para poder sostener que se están garantizando derechos en una resolución judicial.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, seis de cada diez personas opinan que los niños sólo deben tener los derechos que la ley les otorga.

Tres de cada diez consideran que las niñas y niños sólo deben tener los derechos que sus padres les quieran dar.

Mario López Peña

Ley de albergues públicos y privados para niñas y niños del DF

El Estado mexicano tiene un claro desinterés hacia la niñez que no puede estar con su familia alertó Mónica González Contró investigadora de la UNAM.

“En México es clara la ausencia y la incapacidad del Estado para responder a los niños y niñas que por diversas causas no pueden estar a cargo de sus familias”.

Una de las muestras de la falta de interés del Estado, subrayó, es la falta de cifras sobre niñas y niños en estas condiciones.

“En México las niñas y los niños institucionalizados son puestos en condiciones de extrema vulnerabilidad y de extrema vulnerabilidad porque nos ha dicho el Comité de los derechos del niño que ni siquiera tenemos una idea clara de cuántos son, de las razones por las cuales están institucionalizados”.

En foro en la UNAM, especialistas subrayaron que la Ley de albergues públicos y privados para niñas y niños del Distrito Federal deja de lado elementos de los derechos humanos de este sector de la población.

“Además de ser esta disposición una legislación que no está armonizada con estándares internacionales de derechos humanos es una disposición engloba todos los modelos de cuidados en un solo paquete”, Marco Antonio López, Aldeas Infantiles SOS México.

La Ley de albergues públicos y privados para niñas y niños del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de mayo de 2012.

Su tercero transitorio establece que los albergues en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente ley, tenían 270 días a partir del día siguiente de su publicación, para ajustarse a las disposiciones de la presente ley y obtener la autorización sanitaria… Este plazo venció el 18 de febrero pasado.

Los expertos lamentaron esta disposición pues, reconocieron, son muy pocos los albergues que podrán atender a los requisitos de la ley.

Mario López Peña

El debido proceso

Es necesario entender qué es el debido proceso para dimensionar la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Florence Cassez, aseguraron investigadoras de la UNAM.

“Nuestras leyes nos dicen desde la investigación de los delitos qué es lo que tenemos que hacer las autoridades, cómo debemos detener a las personas, qué derechos les debemos garantizar a los presuntos responsables, dónde los debemos llevar, lo dice todo de manera muy clara, ese es el debido proceso… En el caso de Florence Cassez, justamente lo que faltó fue eso”, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“Son todas aquellas condiciones que permiten concluir que una persona es responsable de la conducta que se le imputa y por tanto acreedora de la sanción jurídica que contempla, en este caso, el código penal”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Señalaron cuáles fueron las fallas que significaron la violación al debido proceso.

“Simplemente el hecho de que la detuvieran horas antes, la estuvieron paseando por la Ciudad de México, en la noche, y luego la presentaron como si apenas la estuvieran deteniendo, en la prensa, en la televisión, en todos lados y además como La culpable antes de que se le hubiera juzgado”, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“Una secuela que implicó el no observar de manera muy completa la Convención de Viena sobre derecho consular y esto es muy importante porque aun cuando seamos extranjeros en cualquier tierra o estado nacional de manera necesaria tienen que respetarse nuestros derechos”, María del Pilar Hernández, Investigadora IIJ UNAM.

Las expertas destacaron que la resolución de la Corte fue acertada, apegada a derecho.

“En estricto derecho es lo que se tenía que hacer… El sentido de la resolución es el sentido correcto jurídicamente hablando y desde el punto de vista de los derechos humanos”, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“Este caso en concreto, así como muchos otros de personas que están privadas de libertad, es algo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros… Esto es algo que no está dentro del ambiente y que no nos damos cuenta que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es especialmente importante porque impide que nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros esta situación”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Es necesario, dijeron, que se persiga a los responsables de las violaciones de derechos.

“Lo que me gustaría ver es la responsabilidad administrativa penal sobre todo de quienes montaron todo el numerito para que no se hiciera justicia”, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“En este caso sí hay responsables, porque hay responsables, quienes montaron todo el espectáculo, quienes hicieron que se violaran las garantías del debido proceso”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

“En cierta medida también es una sanción para México el reconocer que nos equivocamos y que nos equivocamos de manera sumamente grave”, María del Pilar Hernández, Investigadora IIJ UNAM.

Exigieron que se inicie un expediente en la Procuraduría General de la República para responder a la necesidad de justicia de las víctimas.

Mario López Peña

Trabajo infantil

Algunas normas en México para proteger a las niñas y los niños, los ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso del trabajo infantil, aseguró Mónica González Contró, especialista de la UNAM.

“En México está prohibido el trabajo infantil, hay una prohibición constitucional… Entonces quienes tienen una necesidad económica, están en condición de extrema pobreza, o por cualquier factor desempeñan una actividad, no pueden tener acceso al trabajo formal entonces no tienen horarios adecuados, no tienen derechos laborales”.

Adecuar el marco normativo nacional con los instrumentos internacionales, dijo, no va a solucionar el problema de los derechos de niñas y niños de inmediato.

En ese sentido, explicó, la reforma al artículo cuarto constitucional no favorece la protección.

“Utiliza los términos niñas y niños, sin embargo emplea la expresión interés superior de la niñez que no tiene un significado claro y causa confusión entre derechos individuales y colectivos… En el artículo cuarto limita los derechos a la alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y esto no tenía que haberlo hecho, porqué mencionar derechos específicos”.

Indicó que son tres las situaciones idóneas para la garantía de los derechos de las niñas y los niños:

La armonización con tratados internacionales.

La accesibilidad a los mecanismos de protección de los derechos.

Establecer las categorías de exigibilidad de los derechos.

Mario López Peña

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Es necesaria una ley general efectiva que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, aseguró, Mónica González Contró, investigadora de la UNAM.

“Esto dará una oportunidad muy importante para saldar una deuda histórica que teníamos con las niñas y los niños de este país, a través de la redacción de una ley general que por fin proteja los derechos de los niños y las niñas”.
En el primer semestre de 2012 se hizo un intento por aprobar una Ley general en la Cámara de Diputados, que de acuerdo con los especialistas, no cumplían con los estándares internacionales para una ley de esta naturaleza.

“Lo que tiene que hacer una ley de esta naturaleza es precisamente especificar los derechos desarrollados más allá de su consagración constitucional o de los tribunales internacionales y sobre todo de partes de mecanismos para qué es lo que ha ocurrido en nuestro país”.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que se trabajará en un sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Para que de manera efectiva las persones menores de 18 años sean consideradas como sujetos de derechos”, Angélica de la Peña, Pdta. Comisión Derechos Humanos del Senado.

Entre los objetivos de un sistema de protección, subrayó, está acabar con la discriminación indirecta por parte de organizaciones religiosas, familiares y medios de comunicación que difunden la visión de los niños como objetos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, seis de cada diez personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la ley… Tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieren dar.

Mario López Peña

Derechos de los niños

La falta de regulación clara sobre los trastornos en la diferenciación sexual de las niñas y los niños se refleja en una fuerte discriminación contra quienes los sufren alertó Mónica González Contró Investigadora de la UNAM.

“Que sobre todo visibilice estas realidades y en esta medida de que se visibilice ayude a terminar contra la discriminación y la estigmatización que supone algún trastorno de esta naturaleza”.

Estos trastornos pueden derivar en la diferenciación genital externa ambigua o discordante con el sexo genético o el hermafroditismo.

“El más frecuente que es uno de ellos, que es un defecto enzimático por el cual las nenas pueden nacer con aspecto más masculino y ese es como de uno entre tres mil 500 recién nacidos”, Alessandra Carnevale, Dir. Inv. Instituto Nacional Medicina Genómica.

En entrevista luego de un seminario de Medicina y Derechos Humanos, subrayaron la necesidad de fomentar la cultura de la diversidad.

“Cuántas veces interfieren los intereses de los padres y que les da pena, que lo esconden, que no quieren que les hagan la cirugía, que querían un hombre y no una niña”.

“Lo que puede ocasionar esto por la falta de una cultura de respeto, de apertura a la diversidad es lo que puede ocasionar un trastorno en la vida del niño”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Una muestra de la discriminación contra niñas y niños que afecta su bienestar, dijeron,  es que más del 60 por ciento de la población cree que  los menores sólo deben tener los derechos que les da la ley y 30 porciento deben tener los derechos que sus padres les quieran dar.

Mario López Peña

Seminario sobre derechos humanos

Sin apoyo presupuestal, difícilmente la población puede ejercer a plenitud los derechos humanos que protege la Constitución.

Lo anterior se afirmó en el seminario que se llevó a cabo en la UNAM, sobre este tema.

En donde se coincidió que sin recursos no se pueden ejercer derechos esenciales como los de educación, salud y alimentación.

“Y el tema de los presupuestos para la realización efectiva de los derechos humanos, es fundamental, porque sin recursos no puede haber eficacia plena de estos derechos que la constitución ahora reconoce, pues en el más alto nivel jerárquico, incluidos aquellos que se encuentran en los tratados internacionales”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ-UNAM.

Precisaron que la reforma constitucional en esta materia, obliga a diseñar políticas públicas con esta visión. 

Mismas que deben incluir, mecanismos para exigir su cumplimiento.

“Y no se trata únicamente de que haya mecanismos de justiciabilidad, es decir de tener el derecho para ir a una corte, para ir al poder judicial para hacerlo efectivo, si exigibilidad en general, la exigibilidad es bastante más amplia pueden ser mecanismos administrativos, pueden ser soluciones alternativas de conflictos”, Luis Daniel Vázquez, Profesor FLACSO.

Recordaron, que la principal tarea del estado es garantizar derechos y corresponde al Poder Judicial, velar porque los gobiernos cumplan con ella.

“Y finalmente la creciente influencia que los derechos han tenido sobre la política pública, implica la posibilidad de que se establezca un control judicial a la misma, los jueces están llamados a velar porque los gobiernos no se alejen de ese mandato fundamental que tienen que es el de la garantía de los derechos”, Sergio Chaparro, Asociación Justicia Colombia.

Afirmaron que las restricciones presupuestales no justifican que el gobierno no garantice el ejercicio de  derechos fundamentales.

“La escases de fondos no es una justificación para continuar denegando a los ciudadanos sus derechos constitucionales”, Horacio Corti, Juez Cámara Compensación Contencioso Tributaria, Buenos Aires, Argentina. 

Manifestaron que los ciudadanos pueden exigir el respeto a sus derechos fundamentales vía los tribunales, cuando el gobierno se niega a garantizar su pleno ejercicio. 

José Luis Guerra García