La Corte ordenó la separación y consignación ante un juez de distrito en materia penal de dos funcionarios del ISSSTE

Por mayoría de votos el Pleno de la Corte ordenó la separación y consignación ante un juez de distrito en materia penal de dos funcionarios del ISSSTE, por cumplir de manera extemporánea y sin justificación, con una sentencia de amparo. (Incidente de inejecución de sentencia 580/2014).

Se trata de Jesús Aguirre Maldonado y Alfonso Macías Oyarzaval, quienes al momento de los hechos fungían como subdelegado de prestaciones y delegado del ISSSTE en Nuevo León.

Un juzgado de distrito les ordenó pagar a una persona 62 mil 630 pesos, para compensar las diferencias detectadas en el pago de su pensión, lo que aconteció, después de un año de ser conminado a cumplir con el fallo protector.

“Llevan básicamente a declarar que no hay justificación, la separación del cargo y la consignación que el mismo leía en los puntos resolutivos que se les están proponiendo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Los ministros reconocieron que si bien no hubo una acción directa de los implicados para obstaculizar el cumplimiento de la sentencia, si existió omisión.

“Fue omiso y esas omisiones lo hacen incurrir en desacato de una orden judicial y para mí esa es la intención de la constitución sancionar el desacato de la autoridad, cuando no exista una razón válida que en este caso, ni siquiera se expresó”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno también dio vista al Ministerio Público, para que proceda conforme a derecho en contra de quien fungiera como administrador fiscal número uno, de la Secretaría de Finanzas de Guerrero, Antonio Peláez Herrera, por incumplir con una sentencia de amparo, derivada de la repetición del acto reclamado. (Incidente de inejecución derivado del incidente de repetición del acto reclamado 4/2014).

Pues se negó a devolver a una empresa inmobiliaria lo que pagó por derechos registrales, a pesar de que contaba con un amparo en contra del artículo de la ley de hacienda de ese estado que prevé el derecho que le fue cobrado de manera indebida.

“El tribunal colegiado hace un nuevo requerimiento para que se cumpla con la sentencia, no obtiene respuesta, remite los actos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya hasta que están aquí los autos, es que la autoridad devuelve las cantidades y cumple con la sentencia de la segunda denuncia de repetición de acto reclamado”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Pues sí estaré con la propuesta del proyecto, aun cuando me cuesta un poco trabajo, pero lo cierto es que, no veo alternativa de manera distinta, pera decir que no está la autoridad en esta situación y sobre todo tomando en consideración de que, sí lo que se busca sobretodo es que las sentencias de amparo se cumplan, y se cumplan pues a la mayor brevedad posible”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno rechazó un proyecto con el que se pretendía resolver un incidente de inejecución de sentencia, declarándolo sin materia, pues consideraba que la Sala Penal de Chihuahua que condenó a una persona por el delito de homicidio, le era imposible cumplir con el fallo protector. (Incidente de inejecución de sentencia 391/2014).

La sentencia de amparo le ordenaba dejar insubsistente dicha sentencia y dictar otra, pero juzgando al inculpado bajo el sistema penal acusatorio, mismo que no estaba vigente al momento de los hechos, pero la mayoría consideró que ello, no le impedía cumplir con dicho fallo.

José Luis Guerra García

Ordena Corte separación del cargo de dos funcionarios del ISSSTE en Nuevo León

DSC_1215Por mayoría de cinco a cuatro, el Pleno de la Corte ordenó la separación de Jesús Aguirre Maldonado, subdelegado de Prestaciones y Alfonso Macias Oyarzaval, delegado del ISSSTE en Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente y sin justificación alguna, una sentencia de amparo. (Incidente de inejecución de sentencia 580/2014).

El Juzgado Segundo de Distrito ordenó conceder el pago por 62 mil 630 pesos a un particular, para compensar las diferencias en las que incurrió el ISSSTE en el pago de su pensión.

Sin embargo, pasó más de un año para que cumplieran con la sentencia ordenada por un juzgado de distrito con sede en Nuevo León, sin que se explicaran las razones de la demora.

Por ese motivo se ordenó la separación de los funcionarios implicados y su puesta a disposición ante el juez de distrito en turno.

Llevan básicamente a declarar que no hay justificación, la separación del cargo y la consignación que el mismo leía en los puntos resolutivos que se les están proponiendo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN

El Ministro Alberto Pérez Dayán, explicó que si bien compartía el criterio de la mayoría de sancionar a quien cumple con una sentencia de amparo de manera extemporánea pero sin justificación, en este caso concreto, consideraba que no había elementos para castigar a los responsables.

“Yo estoy con quienes piensan que esto sí es sancionable, en el caso concreto pienso que no se debiera hacer, bajo la perspectiva de que la sentencia está cumplida”.

El Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, indicó que si bien no hubo una acción directa de los implicados para entorpecer el cumplimiento de la sentencia, si existió omisión, por lo que procede la sanción.

Fue omiso y esas omisiones lo hacen incurrir en desacato de una orden judicial y para mí esa es la intención de la constitución sancionar el desacato de la autoridad, cuando no exista una razón válida que en este caso, ni siquiera se expresó”.

Los ministros que votaron en contra argumentaron que el incidente debería declararse sin materia, pues la sentencia ya se había cumplido.

“Por lo que si bien desde mi opinión, el cumplimiento no ocurrió de modo inmediato, sino extemporáneo no advierto actitud evasiva o contumaz de la autoridad”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Que sí ya la autoridad cumplió, en mi opinión el incidente de inejecución debe declararse sin materia, por qué, porque no es función, creo yo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el analizar el funcionamiento de las autoridades administrativas, sino el cumplimiento de las sentencias de amparo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Consecuentemente, por insisto, razones muy similares a las que aquí se han dado, estoy en contra del proyecto”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

El Pleno dejó pendiente de resolver un incidente más, en el que se ordena poner a disposición de un juez penal al ex presidente municipal de Coacalco Estado de México, David Sánchez Isidoro y el ex director del organismo de Agua Potable de ese municipio, Luis Miguel Claudón García, por incumplir con una sentencia de amparo, en la que se les condenó a pagar a una empresa más de 700 mil pesos. (Incidente de inejecución de sentencia 551/2014).

José Luis Guerra García

CJF da a conocer creación del Tercer Tribunal Unitario en NL

El CJF informó de la creación del Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, que iniciará funciones el uno de noviembre.

Consejo Estatal Electoral de NL publica acuerdo de fiscalización

El Consejo Estatal Electoral de Nuevo León publicó el acuerdo que le autoriza asumir la fiscalización de los gastos ordinarios y extraordinarios de los partidos políticos con registro en el Estado en 2014. Atribución que asumirá en 2015 el INE.

En sesión vespertina el Pleno determinó la invalidez del Art. 42 de la Constitución de NL

En sesión vespertina el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Artículo 42 de la Constitución del Estado de Nuevo León.

En la porción que preveía que en su propaganda los partidos deberían abstenerse de denigrar a instituciones públicas y privadas o a los partidos.

Además, de la que obligaba a los partidos y candidatos a dar a conocer su patrimonio al inicio del proceso electoral.

También anularon la fracción quinta del Artículo 8 de la Ley electoral de esa entidad que impedía ejercer su derecho a votar a los enfermos mentales,  y discapacitados, entre otros.

«Por excluir como electores a las personas con discapacidad y aquellas con enfermedades mentales ya que la norma impugnada se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se excluye también a las personas denominadas ebrios consuetudinarios y a las persona toxicómanas», Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros determinaron una interpretación conforme de la fracción tercera de este mismo artículo, que prohíbe votar a las personas sujetas a proceso penal y con auto de formal prisión, siempre y cuando se encuentren en prisión.

También invalidaron el Artículo 278 que reducía el salario de los magistrados electorales, cuando no haya comicios.

Decreto para contratar deuda en Guadalupe, Nuevo León

En Nuevo León se dio a conocer el decreto que autoriza al Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para contratar deuda hasta por 131 millones de pesos, con un plazo de amortización de 23 años, recursos que deberá destinar a la reestructuración de pasivos.

 

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte declaró por unanimidad, la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la legislación penal del Estado de Nuevo León. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Entre ellas, la fracción cuarta del Artículo 26 de la Ley de ejecución de sentencias penales, que hacía referencia a restringir las comunicaciones de los imputados por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

“Relativa a que deberán restringirse las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso, con su defensor”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

 “Y entiendo que la restricción de comunicaciones aquí, es indebida, porque el Artículo 18 constitucional, lo hace de manera permisiva con el podrá hacerse esta restricción”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Los ministros también invalidaron la porción normativa del Artículo 171 del Código Procesal Penal de dicha entidad, que permitía imponer la prisión preventiva en el caso de los delitos de rebelión, terrorismo, delincuencia organizada y agrupación delictuosa, contra la seguridad de la comunidad, parricidio, privación ilegalidad de la libertad y robo con violencia, entre otros.

“Yo estoy de acuerdo con esta parte del proyecto, simplemente me aparto de algunas de las citas que se hacen justamente algunas de las sentencias de carácter internacional, porque me parece que el caso de prisión que se está estableciendo en estos, es muy diferente al de aquí”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Adicionalmente, invalidaron todo el Artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales que establecía la prueba de ADN, como único método para identificar a testigos.

“La medida legislativa impugnada incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues de aquella puede extraerse información genética del individuo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “Yo creo que una cosa es proteger a un testigo y otra cosa es generar testigos anónimos, me parece que el sistema nacional y es el que está reflejado en el 275, lo que genera es una condición de anonimato de los testigos, pero no un sistema de protección de testigos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Sin embargo, creo que lo que habrá que destacar es el aspecto invasivo que tiene un sistema de identificación, frente al propósito con el que se estableció”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Se toma como una medida, la identificación a través del ADN para la figura de testigos protegidos, sin embargo la constitución solamente autoriza este tipo de testigos protegidos para casos de delincuencia organizada”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

La invalidez de dichas normas se declaró debido a que los congresos locales no están facultados para legislar en materia de delincuencia organizada, ni para imponer sanciones y tipos penales en materia de secuestro y trata de personas; además de que violaban distintos derechos humanos.

Los efectos de la resolución serán retroactivos al 10 de julio de 2013, cuando se publicaron las modificaciones a dichas disposiciones del Estado de Nuevo León.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte no alcanzó los votos suficientes, para declarar la invalidez por extensión de otros artículos de la legislación penal de Nuevo León, en los que se aborda el tema de delincuencia organizada. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Por ese motivo continuarán vigentes las normas que se pretendía invalidar por extensión.

Quienes se pronunciaban a favor de la invalidez, reiteraban que los congresos locales no tenían facultades para legislar en esta materia.

“Qué razón puede tener mantener disposiciones en las que se hace mención expresamente a delincuencia organizada, cuando se ha dicho que delincuencia organizada es una materia que no puede ser legislada por las entidades federativas cuando no tiene competencia”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “En este caso no estamos invalidando la norma, porque la norma en si tenga algún vicio, eso no lo examinamos, la estamos invalidando porque estamos resolviendo que no había competencia para legislar en esa materia”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Entiendo que la invalidez por extensión supone un ejercicio de relación simple en donde sí se analizó un tema de delincuencia organizada y los primeros artículos a los que si alcanza la invalidez, de acuerdo con lo que yo pienso usa como sustento la delincuencia organizada”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Quienes se opusieron a la propuesta, argumentaron que no había una relación directa de las normas declaradas inválidas, con las que se pretendía anular por extensión.

“No se refiere a la condición de invalidez porque adolezcan del mismo vicio del que se está anulando, sino que estas dependan de las otras, de tal modo que el sistema normativo integral no pueda funcionar si no se anulan todas ellas”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Y mantenimiento en el criterio de que en mi opinión no debiera hacerse extensiva esta declaración de invalidez”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno decidió postergar el estudio de los temas restantes de la presente acción de inconstitucionalidad, relacionados con la restricción de las comunicaciones de los procesados, la prisión preventiva y las pruebas de ADN para identificar a testigos.

“De que me permitieran el día de mañana circular en sus ponencias un proyecto modificado con las partes que ya han sido votadas, para que todos tengamos muy claras las porciones normativas y a partir de este tema número dos cómo incidiría lo que ya votamos tanto en porciones normativas, como en argumentación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Hasta el momento el Pleno ha declarado la invalidez de los artículos 26 de la Ley de ejecución de sanciones, 171 del Código Procesal Penal y 275 Bis del Código de Procedimientos Penales, por abordar temas de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, en los que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar.

José Luis Guerra García

El Pleno determinó que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de delincuencia organizada

GOC_0096El Pleno de la Corte determinó por unanimidad que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de delincuencia organizada. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Se explicó que esta es una faculta que tiene reservada el Congreso de la Unión.

“He llegado al convencimiento de que lo más adecuado para efecto de lograr una decisión lo más conveniente posible y correcta en este asunto es determinar claramente, sin ningún lugar a dudas que toda la materia de delincuencia organizada, es competencia federal”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Por ese motivo, se declaró la invalidez del Artículo 171 del Código Procesal de Nuevo León.

Se propone declarar la invalidez de la porción normativa del Artículo 171 del Código Procesal de Nuevo León que se establece la prisión preventiva entre otros delitos, para los de delincuencia organizada.

Este ajuste al proyecto original, con el que se pretende resolver la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que pide invalidar varios artículos de la legislación penal de esa entidad, fue avalada por todos los ministros.

“Cómo quedaría el Artículo 171 y no se excluía justo esta frase delincuencia organizada que ahora se nos está proponiendo por las razones ya mencionadas de que sí es competencia federal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Como la evolución constitucional y legal de la delincuencia organizada había llegado en un momento, en el 2008 donde se había federalizado y no hacía distingo alguno la constitución, entonces en este tema de competencia, también comparto ahora este nuevo tratamiento”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El Ministro Alberto Pérez Dayán, pidió resaltar que el Congreso de Nuevo León reconoce que el haber incluido esto en la norma, se trató de un error terminológico.

“El propio Congreso del Estado reconoce que en la redacción de esta disposición incluyó ello, y su argumento va más en función de decir que para ellos el delito que persigue es el de la agrupación delictiva”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Partiendo de esta determinación, el Pleno estudiará otros temas conexos que se cuestionan en la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Y entiendo que veremos más adelante las referencias a ciertos tipos penales, con la alternancia de que se pudiera una vez decidir sobre el tipo en sí mismo o de las simples referencias procesales a esos tipos penales”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Si se establece como es que la delincuencia organizada es exclusiva de la jurisdicción federal, las referencias que se hacen en otros artículos a preceptos del Código local que regulan el tipo penal de delincuencia organizada serían inválidos por derivar o hacer esa referencia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno, dejo pendiente determinar si los congresos locales, tienen competencia para legislar en materia de secuestro y trata de personas, también cuestionados en esta acción.

José Luis Guerra García

La próxima semana en el Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Corte continuará con el estudio de una acción de inconstitucionalidad que presento la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Recurso en el que cuestiona si el Congreso de Nuevo León era competente para legislar en materia de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Además pide invalidar diversas disposiciones penales que prevén la prisión preventiva, la restricción de comunicaciones del imputado o sentenciado, y la prueba de ADN como único medio para identificar a un testigo.

En una acción más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide invalidar el Artículo 398 Bis del Código Penal de Chiapas, pues considera atentan contra la libertad de opinión, al impedir se difunda información de las acciones de los cuerpos de seguridad de esa entidad. (Acción de inconstitucionalidad 11/2013).

En lista también se encuentra una acción promovida por el PRD y el PT, en la que cuestionan las reformas a la Constitución y Código Electoral de Michoacán, que regulan las candidaturas a cargos de elección popular y el derecho de réplica. (Acción de inconstitucionalidad 71/2012).