Participa Ministra Sánchez Cordero en la 58 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU

Mientras las mujeres no conozcan sus derechos no podrán ejercerlos, afirmó la Ministra Olga María Sánchez Cordero al participar en la mesa redonda “Justicia para mujeres de mujeres”, dentro de la 58 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York.

La labor de las juzgadoras, dijo, debe comprometerse a impulsar el desarrollo integral de las  mujeres y garantizar su acceso a la justicia

“Entiendo que la privilegiada posición que tengo es resultado de la lucha de muchas mujeres dentro y fuera del sistema judicial, una lucha que he podido continuar en la Corte”.

Enfatizó que tras varios años de esfuerzos del sistema judicial mexicano, juzgar con perspectiva de género es ya una obligación constitucional para cada juzgador en el país.

Advirtió que la educación sigue siendo el principal obstáculo que impide el acceso a la justicia a las mujeres.

“En materia de acceso a la justicia habrá que promover una política pública de defensores públicos para que las mujeres tengan acceso a la justicia, las más pobres”.

Ante representantes judiciales de Italia y Afganistán, la Ministra Sánchez Cordero señaló que el gobierno de México ha implementado mecanismos que favorecen y garantizan la igualdad de género en distintos ámbitos.

“La Cámara de Diputados asignó a cada uno de los poderes públicos un presupuesto determinado asignado exclusivamente para promover la no discriminación dentro de los poderes y el acceso de todas las mujeres tanto de una vida libre de cualquier tipo de violencia en el trabajo así como las políticas públicas de género”.

En este 58 Periodo de Sesiones participan más de 6 mil representantes de los 193 estados miembros de Naciones Unidas donde se evalúan los logros alcanzados y los retos encontrados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio para las mujeres y las niñas en 2015.

Lorena Sánchez Cabrera

Modera Ministro Presidente Juan Silva Meza presentación de libro sobre derechos humanos y control de convencionalidad

A partir de la reforma constitucional de 2011 todos los juzgadores tienen la característica de ser protectores de los derechos humanos de las personas.

Así lo señaló el Ministro Presidente Silva Meza en la presentación del libro “La interpretación conforme el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad”.

 “Uno de los aciertos que ha tenido la reforma constitucional, o las reformas constitucionales de los últimos años, pero en particular la de derechos humanos es la de convertirnos, igualarnos a todos los juzgadores participes de esta responsabilidad constitucional en la judicatura nacional”.

Una obra, dijo, que por sus características y por su contenido, es un texto obligado para todos los operadores jurídicos pero en particular para los jueces.

El juez mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los esfuerzos de la Suprema Corte en la protección de derechos humanos son un claro reflejo del avance de la salvaguarda de estas garantías en México.

 “No es casualidad de que se haya otorgado el premio de naciones unidas en materia de derechos humanos a la suprema corte de justicia de la nación el 10 de diciembre pasado, como tampoco es casualidad que la resolución del famosísimo expediente varios 912, el famoso ya caso radilla como se le conoce,  sea hoy patrimonio mundial declarado por la UNESCO”, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Juez CoIDH.

La Ministra Olga Sánchez Cordero afirmó que fue a partir del célebre Caso Radilla Pacheco que los jueces nacionales se convirtieron en los primeros jueces interamericanos.

 “Desde entonces todos los jueces mexicanos tenemos la obligación de velar por el cumplimiento y la regularidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, realizando así un control de convencionalidad ex oficio”.

 “Y es un esfuerzo colectivo ahí prácticamente intervenimos todos, , intervenimos la judicatura federal, jueces, magistrados y ministros, los criterios son elaborados también bajo el impulso de quienes llegan con nosotros a plantear sus asuntos , o sea es un trabajo integral”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El autor de la obra comentó que la interpretación conforme es la reparación del daño, como garantía de no repetición.

“El avance constitucional de los derechos humanos entonces, a través de la interpretación, va siendo proporcional a la reivindicación de las víctimas”, José Luis Caballero Ochoa, Autor de la obra.

Los comentaristas del libro coincidieron que es una obra que refleja la manera en que los derechos humanos se han constitucionalizado en nuestro país a partir de la reforma de 2011.

Emmanuel Saldaña

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte retomó el estudio de la controversia promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en contra del Congreso y Ejecutivo estatal.

Por la omisión de expedir la ley que regule los medios de control constitucional para resolver conflictos entre municipios y el Estado, y la validez de normas, contrarias a su Constitución.

El proyecto de la Ministra Sánchez Cordero, considera que sí existe dicha omisión, pues a la fecha no se ha emitido la mencionada ley.

“Se acredita plenamente la existencia de la omisión reclamada y por ende, esta omisión implica una violación directa al artículo 115 fracción segunda último párrafo, así como al artículo segundo transitorio publica en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre de 1999”.

Sin embargo, los ministros Franco González Salas y Luna Ramos, afirmaron que se trataba de un asunto considerado cosa juzgada.

Pues en una controversia anterior, el Municipio actor, había impugnado la misma omisión y el Presidente de la Corte, ya había dado por cumplida la sentencia dictada en dicho caso.

“Consecuentemente creo que lo que operaría es este segundo párrafo y no la interposición de una segunda controversia”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

“Entonces aquí estamos volviendo nuevamente a un acto omisivo, si quieren ustedes parcial, creo que así se le ha denominado por la mayoría, un acto omisivo parcial pero del mismo decreto que fue motivo de juzgamiento en la controversia constitucional 46 de 2002”, Margarita Luna, Ministra SCJN.

Sin embargo, para la mayoría de los ministros, se trata de un nuevo acto de omisión, que aún no ha sido subsanado por el Congreso de Nuevo León.

“Podría parecer que aquí ya hay una condición de cosa juzgada, sin embargo, sin embargo, creo que el peculiaridad para seguir discutiendo el proyecto de la Ministra Sánchez Cordero son estas vicisitudes procesales”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

“Yo entendí que esta cuestión de cosa juzgada se había votado en la sesión anterior y se había dicho que no estaba determinada la cuestión de improcedencia de cosa juzgada porque se hubiera invocado en la contestación precisamente que no se había analizado”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

“Yo desde mi perspectiva no advierto que estemos violando el principio de cosa juzgada, sino que ante una determinación que según el presidente de esta corte quedó cumplida la sentencia anterior, pues tiene expeditos sus derechos si está advirtiendo una nueva omisión”, Jorge Mario Pardo, MINISTRO SCJN.

“En tanto que sí hay una determinación constitucional, pero no está la ley reglamentaria, no nos dice cómo va a operar esto y me deja a mí sin tener las posibilidades”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente  SCJN.

El Pleno continuará con la discusión de esta controversia en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Clausura del periodo de sesiones del Pleno

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entrar en receso conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

La sesión de clausura fue presidida por la Ministra Decana, Olga Sánchez Cordero, en virtud de que el Ministro Presidente Juan Silva Meza, se encontraba en el desempeño de una comisión oficial.

En ella indicó que en este primer periodo de sesiones del año judicial de 2013, el Pleno y las Salas  sentaron importantes precedentes.

“La señora y señores ministros, han tomado importantes resoluciones en materia de garantías judiciales y de protección judicial, concretamente en materia de debido proceso y derechos de grupos vulnerables que seguramente serán la piedra angular del sistema jurisdiccional de los próximos años”.

Destacó que en este lapso entró en vigor la nueva Ley de amparo, principal medio de protección de derechos fundamentales y libertades.

“El juicio de amparo, desde esta perspectiva, continuará siendo el motor que permite a la Judicatura Federal, funcionar como el órgano del estado, encargado de proteger los derechos de las personas, enmendar los abusos que se cometan en su contra y reparar las violaciones perpetradas en su perjuicio”.

Tarea que ya ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Señaló a este Máximo Tribunal de México, como un ejemplo regional de protección de los derechos humanos, el reconocimiento inédito en la historia de nuestra institución ha sido posible por la profunda convicción democrática y el gran compromiso jurisdiccional demostrados a diario por la señora y señores ministros que integramos el Tribunal Pleno”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Durante la sesión de clausura se adelantó que el Poder Judicial continuará trabajando para construir un país más justo y democrático.

“El segundo semestre del año 2013, habrá de comenzar una labor de construcción colectiva que seguramente involucrará a más de una generación, con el objetivo común de construir entre todos un país, más justo, más democrático, donde los derechos de todos sean respetados de la misma manera, bajo los mismos principios, bajo los mismos presupuestos, ese objetivo bajo el principio de máxima reverencia a nuestra Constitución seguirán siendo nuestro referente”.

En materia administrativa indicó que los recursos asignados al Poder Judicial se ejercerán con total transparencia y eficiencia, a la capacitación de su personal y a la construcción de los nuevos órganos jurisdiccionales que requiere el país.

Señaló que el segundo periodo de sesiones se abrirá el próximo primero de agosto.

José Luis Guerra García

La SCJN resolvió siete controversias constitucionales relacionadas con la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca

 La sentencia señala que es válido que el estado entregue quincenalmente las participaciones federales a los municipios.

Sin embargo, el congreso de Oaxaca no puede obligar a los municipios a destinar el 1.5 por ciento de estos recursos a programas de evaluación de la auditoria superior del estado.

“Afecta el principio de libre administración pública hacendaria federal respecto de recursos señalados que solo competen a la federación su regulación”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

Los municipios consideraron ilegal el recibo que les expidió la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca por este concepto.

Argumentaron que sólo se les estaba entregando el 90 por ciento de las participaciones federales.

En el Pleno de Ministros se expresaron diversas opiniones.

“La diferencia se da en el año cuando ya se cierran las cuentas y tiene la obligación de publicar esto el estado respecto de las participaciones que hace a los municipios”, Ministro Fernando Franco González Salas.

“Me parece que al final del día el problema es que no le causa ninguna afectación esta condición de los pagos parciales”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“No es el recibo en sí mismo, no es falta de motivación o fundamentación, sino es la

 Afectación al principio de integralidad de las aportaciones derivadas de la fracción cuarta del 115 constitucional”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

Por mayoría de nueve a dos el Pleno consideró inoperantes los argumentos de los ayuntamientos y por lo tanto el recibo que expide el gobierno estatal es válido.

Resueltos estas demandas el Pleno inició el análisis de dos Controversias Constitucionales en las que se impugnan diversos artículos de la Ley de Deuda Pública del estado de Querétaro.

Los municipios de Querétaro y el marqués consideran que el congreso local se excedió en sus facultades al autodesignarse como manejador de los recursos públicos.

El Proyecto de Dictamen, elaborado por el Ministro Sergio Valls Hernández, considera infundados los argumentos de los ayuntamientos.

“La ley sujeta a discusión no dispone el destino y aplicación de los recursos obtenidos vía endeudamiento sino simplemente establece las bases para la contratación y administración de la deuda pública”, Ministro Sergio Valls Hernández.

En el Pleno hay algunas dudas sobre lo que señala el artículo cuarto de la Ley de Deuda Pública de Querétaro.

“La fracción primera para autorizar al contratación de empréstitos a los sujetos de esta Ley el municipio, desde mi punto de vista no se requiere de esta autorización”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Creo que lo que se está afectando aquí, así como lo explicaba el ministro Ortiz, es el modelo en el cual entre el ayuntamiento y la legislatura hay una intervención del Gobernador del Estado para que sea él el que tengan la regulación de estos préstamos”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

El análisis de estos asuntos continuará en la sesión del próximo jueves.

Verónica González

El Pleno inició el análisis de siete controversias constitucionales en contra de la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca

El congreso de Oaxaca se excedió en sus facultades al determinar el destino de las participaciones federales que reciben los municipios.

Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte al anular el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal de estado de Oaxaca.

El congreso estatal había dispuesto que el 1.5 por ciento de las participaciones federales para los municipios fuera destinado a programas de evaluación de la auditoria superior del estado.

“Afecta el principio de libre administración pública hacendaria federal respecto de recursos señalados que solo competen a la federación su regulación”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

Al iniciar el análisis de una demanda promovida por el municipio de Tlacolula de Matamoros en contra del gobernador y el congreso de Oaxaca, los ministros consideraron válido que los municipios reciban quincenalmente las aportaciones federales.

“La finalidad de introducir el pago quincenal tiene origen en la necesidad de que los municipios cuenten con liquidez en forma rápida y así cumplan con sus planes de gobierno”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

El ayuntamiento reclamó la entrega incompleta de los recursos… El Pleno desestimó sus argumentos.

“No significa que no se les vaya a entregar el 100 % de los recursos que les corresponden… La entrega del 10% restante queda sujeta a ajustes cuatrimestrales que se realizan  y los cuales no siempre son positivos”, Ministro Sergio Valls Hernández.

Señalaron que la distribución de las participaciones federales se calcula provisionalmente y por lo tanto pueden variar.

“No se está haciendo una retención indebida que atente contra el principio de integridad de los recursos económicos municipales, sino que en todo caso constituyen un anticipo a cuenta”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

El municipio de Tlacolula de Matamoros  también objetó el recibo que expide el estado a los municipios en la entrega quincenal de las participaciones federales.

El Proyecto de Dictamen, elaborado por la Ministra Olga Sánchez Cordero señala que el recibo carece de motivación y fundamentación.

Algunos ministros objetaron este argumento.

“Yo me cuestionaría mucho que llegáramos a la conclusión de que un recibo de pago fuera en sí mismo un acto de autoridad que debiera estar fundado y motiva y en el cual se tuviera que contemplar todas las fórmulas”, Ministro Fernando Franco González Salas.

“Este no puede ser el acto de aplicación fundado y motivado, esto es un simple recibo”, Ministra Margarita Luna Ramos.

“La verdadera afectación al municipio se da hasta que se tiene la certeza de las cantidades entregadas, lo cual se da hasta que se presentan los informes trimestrales”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Si sustentamos esto nos llevaría a decir que es improcedente la controversia contra el recibo, no que este bien o que este mal, sino simplemente que no es el momento de analizar si la cantidad que registra el recibo es la entregada al municipio”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Esta es la primera de 7 Controversia Constitucionales promovidas por municipios de Oaxaca en las que se impugnan diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca, el análisis de estos asuntos continuará en la sesión de este martes.

Verónica González

 

 

Asuntos que discutirá la Corte en los próximos días

El Gobierno Federal demandó a dos municipios de Quintana Roo por expedir un acuerdo que incorpora la zona de Tulum al programa de desarrollo urbano municipal 2006-2030.

La Suprema Corte analizará los argumentos planteados en una Controversia Constitucional.

El Ministro Sergio Valls Hernández presentará al Pleno un Proyecto de Dictamen en el que se  analiza, entre otros temas, el régimen de dominio público de la federación.

El programa municipal contempla la inversión privada en un polígono de 660 hectáreas en la zona de Tulum.

En otro juicio el Pleno de ministros resolverá una demanda de la Cámara de Diputados en contra de las reglas que estableció el ejecutivo para la importación de vehículos usados.

Los legisladores están en contra del endurecimiento de las medidas para poder importar vehículos usados, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

La Corte fijará los alcances del artículo 131 constitucional en lo que se refiere a las facultades del ejecutivo federal para gravar las mercancías de importación.

También están listados para su análisis y discusión dos juicios de amparo relacionados con la violación de un menor en el estado de Oaxaca.

Este caso fue enviado al Pleno de la Corte por decisión de la Primera Sala el pasado 30 de marzo.

En el 2006 Leticia Valdéz denunció a tres profesores del Instituto San Felipe, por la presunta violación de su hijo de cuatro años.

Dos de ellos se dieron a la fuga; pero a la maestra Magdalena García Soto, quien fue señalada por el menor como la persona que lo llevaba al salón donde fue atacado sexualmente, se le condenó a 10 años de prisión.

García Soto apeló la sentencia y la madre del menor también.

En el Proyecto de Dictamen, la Ministra Olga Sánchez Cordero propuso a sus colegas negar el amparo a la maestra.

“En el caso de las víctimas de delitos sexuales y más si se trata de menores al valorar las pruebas debemos tener siempre presente… El principio del interés superior del menor como criterio interpretativo”, Ministra Olga María Sánchez Cordero.

Sin embargo hay algunos ministros que consideran que hubo vicios legales en el procedimiento.

“Me manifesté por la concesión del amparo liso y llano dado que a mi entender y en mi criterio hay insuficiencia probatoria en contra de la sentenciada”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Yo también reiteraría mi sentido de mi voto por un amparo liso y llano”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Verónica González