Llevan a cabo Seminario “Cambio y eficacia constitucional, ante el híper-reformismo mexicano” en el IIJUNAM

Para que tenga un siglo más de vida, es prioritario revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuso el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.

 “Es un esfuerzo hasta ahora académico, pero que constituye una propuesta para que actores políticos y sobre todo para los legisladores, para reflexionar en el centenario de la constitución sobre la viabilidad de hacer una revisión, un reacomodo, una reordenación y una consolidación de la constitución mexicana para darle otros 100 años de vida”.

En el Seminario Internacional sobre “Cambio y eficacia constitucional, ante el híper-reformismo mexicano”, recomendó combinar las bases que dieron origen al texto, con una profunda modernización.

“Un ejercicio de reordenación y consolidación técnica de la constitución mexicana, manteniendo y conservando la vigencia del texto de 1917, pero con un reacomodo y una revisión técnica de su contenido en 2015, para contar con un texto mucho más accesible, mucho más sólido, mucho más eficaz que el que tenemos actualmente”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada más de 500 veces desde que se promulgó, hace ya casi un siglo, el 5 de febrero de 1917.

El actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha promovido más de una veintena de cambios.

Oscar González

@okogonzalez08

Derechos humanos en ciencias sociales

La diversidad de perspectivas sobre los derechos humanos obliga a repensar la integración de los órganos de revisión constitucional, aseguró Pedro Salazar, investigador de la UNAM.

“¿Estamos dispuestos a imaginar Cortes Constitucionales integradas no sólo por juristas?… ¿Qué tanto justifica el día de hoy, que quienes vayan a brindar garantías últimas a los derechos sean solamente quienes tienen la formación técnico-jurídica?”.

En la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que será un reto asimilar con una visión de derechos humanos las consecuencias de la violencia en México en años recientes.

“¿Qué vamos a hacer cuando empiece a bajar la curva de violencia, que tiene que pasar tarde o temprano y en realidad asumamos que aquí han perdido la vida por lo pronto 50 mil personas?… También lo vamos a tener que procesar a través del derecho”.

Todavía no se comprenden los alcances de la reforma constitucional de derechos humanos del año pasado, subrayó.

Sobre todo, dijo, en el cambio de perspectivas culturales hacia la protección de derechos.

“Yo estoy convencido de lo que nos toca a los abogados es aprender a desaprender lo que nos enseñaron”.

Explicó que los litigantes tendrán que ampliar su interpretación de los derechos humanos más allá de la visión jurídica.

Mario López Peña

 

Urgen leyes reglamentarias para hacer operativa la Constitución

México no necesita una nueva constitución según investigadores y expertos.

Reconocieron que las más de 500 modificaciones a su texto la han adaptado al escenario que vive el país.

De acuerdo con el investigador Pedro Salazar, las modificaciones han sido excesivas.

Lo que urge es crear leyes reglamentarias, instituciones y políticas públicas para que la Constitución sea operativa.

Las grandes reformas como derechos humanos y amparo son un ejemplo de la falta de implementación.

“Todo está pendiente de realización práctica, o casi todo, para no exagerar, lo que se requiere es nuestra reforma social, nuestra reforma cultural, nuestra reforma de actitudes”, Sergio García Ramírez, Consejero IFE.

Hubo quienes se pronunciaron por reformas de gran envergadura contra la corrupción.

Una posibilidad es dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, para que no dependa de una comisión integrada por partidos políticos.

“Al final de cuentas, la labor técnica bien hecha se acaba con una negociación política”, Jorge Carpizo, Investigador IIJ UNAM.

A pesar de las reformas sobre derechos humanos, subrayaron, los legisladores no las han traducido en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

“Exhortar al congreso de la unión para que expida la ley reglamentaria, una ley general en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Un tema pendiente es la reforma política y sobre todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo.

“Afinar un poquito más el tema del veto del presidente, hay que repensar a estas alturas, de nuevo el informe presidencial”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ UNAM.

Sin embargo insistieron que de nada sirve impulsar reformas que no traigan consigo una legislación y gestión acordes, para poder palpar los cambios y no sólo quedar en retórica constitucional.

Mario López Peña

Retrocesos en el derecho de acceso a la información

Académicos, activistas y especialistas afirmaron que se han sofisticado los argumentos de los gobiernos estatales y el federal, para seguir negando el acceso a la información pública.

Miguel Pulido, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aseguró que conforme se realizan solicitudes de información más importante, se incrementan las trabas por parte de los órganos de protección.

“Aun existiendo las formalidades para proteger derechos o para detener a los poderes, o para plantear preguntas pertinentes, no se hace, porque insisto, hay un achicamiento, y un agachamiento (sic) ante los poderes políticos”.

Dentro de una mesa redonda dedicada a los retrocesos en el derecho de acceso a la información, Pedro Salazar, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó la existencia de los institutos de transparencia locales.

“En realidad estos institutos de garantía no funcionan como tales y terminan alineando sus decisiones e intereses con lógicas sintonizadas con estrategias de los poderes locales”.

José Antonio Caballero, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó que recurrir al litigio debe considerarse recurso final.

“La práctica nos está mostrando que a veces tenemos que tener mucha más paciencia de lo deseable e incluso pierdan oportunidad para poder avanzar menos desde el punto de vista de usuarios de estos mecanismos y tener los resultados que queremos”.

Como ejemplo, Óscar Rábago, de la organización Artículo XIX, refirió la negación de información por parte del gobierno del estado de Veracruz sobre el gasto en publicidad gubernamental.

Mario López Peña

La protección de la salud como obligación del estado

Académicos de la UNAM aseguraron que el uso indebido de los recursos destinados a la salud pública, ha derivado en el atraso y en la violación de derechos.

De acuerdo con las cifras presentadas en el foro “La protección de la salud como obligación del estado”, más de 37 millones de mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud.

“Es más lo que contribuye la salud al crecimiento que lo que contribuye el crecimiento al mejoramiento de los niveles generales de salud”, Leonardo Lomelí, Dir. Fac. Economía UNAM.

Indicaron que la salud es fundamental para el crecimiento de diversos sectores en México, pero que pese a ello, sólo se gastan 823 dólares per cápita al año en salud.

Entre los datos presentados, destaca que México tiene un rezago de 4 años en la esperanza de vida del promedio de los países de la OCDE… Hay 4 veces más mortalidad infantil en el mismo promedio.

Con base en el análisis, la distribución discrecional de recursos, la gestión administrativa irregular y el financiamiento mixto son los principales problemas del sector salud.

“Todos los derechos cuestan, y el conjunto de los derechos tienen un costo significativo, lo cual no debe ser, no puede ser, un pretexto para evadir su cumplimiento”, Pedro Salazar, Investigador IIJ UNAM.

En México, en el sector público de salud, hay 156 mil médicos, más 200 mil integrantes de personal de enfermería, mil 205 hospitales, se realizan 285 millones de consultas anuales, así como 3.2 millones de cirugías.

Mario López Peña