Presenta Ministro Sergio Valls Hernández, Informe de Labores 2013 de la Segunda Sala de la SCJN

El sistema de justicia vive un momento histórico por las reformas en materia penal, derechos humanos y amparo, afirmó el Ministro Presidente de la Segunda Sala, Sergio Valls Hernández.

Al presentar su segundo Informe de Labores ante los plenos de la Corte y el Consejo de la Judicatura, aseguró que dichos cambios han obligado a modificar la forma de administrar justicia.

“Estas reformas significan un cambio jurídico cultural que obliga a redefinir algunos conceptos, adoptar nuevas tecnologías y modificar procedimientos para el ejercicio de la labor jurisdiccional”.

Informó que en el presente año se recibieron 4 mil 196 asuntos, de los cuales se resolvieron 2 mil 300.

Además, se aprobaron 165 jurisprudencias y 124 criterios aislados, entre los que destaca una relacionada con la aplicación de la prueba del polígrafo.

“La aplicación y el resultado de la prueba de polígrafo a los miembros del servicio de carrera de la procuración de justicia federal de la Procuraduría General de la República, no contraviene el derecho humano al debido proceso”.

Asimismo, establecieron que los tribunales colegiados pueden ampliar el plazo para el cumplimiento de las sentencias de amparo y que los artículos de la Carta Magna, no pueden someterse a un análisis de regularidad constitucional.

“Mediante el juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad a través de los recursos establecidos en la Ley de amparo, puesto que, constituyen la fuente de todo el orden jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional”.

En cuanto a la jurisprudencia por reiteración, destaca una relacionada con la nueva Ley de amparo.

“Las disposiciones de la nueva Ley de amparo, relativas al cumplimiento y ejecución de sentencias, son aplicables a los juicios iniciados antes de su entrada en vigor, cuando la sentencia respectiva cause estado con posterioridad a la fecha en que dicha ley entró en vigor”.

Indicó que se resolvieron 257 contradicciones, de las cuales el 59.92 % correspondió a temas administrativos; 31.13, laborales y 8.95, a otros rubros, destacando un criterio sobre congelamiento de cuentas bancarias.

“La orden de inmovilización de cuentas bancarias emitida por la autoridad fiscal a la autoridad financiera debe contener el monto del crédito y el número de la cuenta en que habrá de ejecutarse tal acto, para considerar que está fundada y motivada”.

Afirmó que los integrantes de la Segunda Sala, en sus resoluciones siempre han tenido como prioridad, proteger los derechos de los ciudadanos puntualizando que la democracia no puede ser satisfactoria si no se sustenta en pilar más importante la justicia.

“Puede haber democracia económica, democracia electoral, pero si no hay justicia transparente, eficaz, que responda a la necesidad del ciudadano de tener la certeza de la protección de sus derechos fundamentales y de sus bienes, entonces no se cumple con el mandato que los propios mexicanos han conferido a sus gobernantes. La justicia federal, esta Suprema Corte ha entendido el papel histórico que le toca jugar en este nuevo México”.

Manifestó que deja el cargo de Presidente de la Segunda Sala satisfecho con el trabajo realizado; sobre todo, porque se llevó a cabo con total transparencia y sujeto siempre al escrutinio de la sociedad.

José Luis Guerra García

Válida, prueba de polígrafo para personal de la PGR: Segunda Sala

La Segunda Sala de la Corte determinó que diversos artículos de la Ley orgánica de la PGR, que regulan el proceso de evaluación de los integrantes del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial no violan la garantía de libertad de trabajo.

Precisaron que esta medida, tiene el propósito de garantizar que solo las personas que cuenten con las habilidades y conocimientos suficientes se mantengan en servicio, con el fin de cumplir con la delicada tarea que tienen encomendada de proteger a la sociedad.

Manifestaron que el uso del polígrafo también se encuentra justificada, pues forma parte de las pruebas a las que deben someterse, para corroborar que se trata de personas confiables y responsables para el desempeño del cargo.

Reconocen que si bien estas medidas pueden ser restrictivas de sus derechos humanos, son indispensables para certificar que son elementos aptos para el servicio.

Es por ello, que por mayoría de 4 a 1, confirmaron la negativa del amparo a una persona que se inconformó con este proceso.

José Luis Guerra García