Hoy en las Salas de la SCJN

El inculpado tiene derecho a contar con un abogado desde que es puesto a disposición del ministerio público.

En las diligencias de reconocimiento a cargo de testigos, debe estar presente el defensor.

Así lo determinó la Primera Sala de la Corte al resolver un juicio en el que a través de la cámara gesell, dos testigos identificaron a un hombre como la persona que les vendió un auto sabiendo que era robado.

Sin embargo, en ese momento no estaba su abogado y por lo tanto se le dejó en estado de indefensión, violando su derecho a una defensa adecuada.

Ya que no hay certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos y lo reconocieron, y no se sabe si fueron inducidos para tal efecto.

Con base en el artículo 20 constitucional y el respeto al debido proceso, la Corte devolvió el expediente al tribunal colegiado para que dicte una nueva sentencia sin tomar en cuenta las pruebas derivadas de la violación de derechos fundamentales.

En otro asunto al otorgar un amparo al director de la revista Proceso, la Sala consideró inconstitucionales las normas que limitan el acceso a la información contenida en una averiguación previa, porque no establecen las razones específicas de interés público que permiten reservar dicha información.

En este caso, el director de la revista Proceso solicitó una copia del video en el que aparecen personas detenidas por la Policía Federal, junto con los bienes incautados y ejemplares de la revista Proceso.

En otra materia al resolver una contradicción de tesis se determinó que en un juicio sobre paternidad, el interés superior del niño está por encima de la figura procesal de cosa juzgada.

La contradicción derivó de un juicio en el que un hombre, que ya había sido absuelto, se negó a practicarse la prueba de ADN argumentando que su presunta paternidad ya había sido juzgada.

La Corte reconoció que la cosa juzgada significa que no se puede volver a discutir lo que ya se decidió en un juicio, sin embargo es más relevante el derecho del menor de indagar y conocer la verdad sobre su origen.

En otro juicio se consideró inconstitucional el primer párrafo del artículo 13 del Código Fiscal de la Federación.

Ya que al establecer que las diligencias se realizarán en días hábiles en un de horario de 7:30 a 18 horas limita el tiempo efectivo para que los contribuyentes ejerzan sus derechos.

La sentencia señala que esta norma es excesiva y carece de razonabilidad.

Por su parte la Segunda Sala determinó que en las notificaciones posteriores, en un juicio laboral, el actuario debe hacer constar la presencia del interesado o su apoderado legal.

Dos tribunales sostenían criterios distintos sobre la validez de la diligencia de notificación personal, cuando la copia de la resolución se deja en manos de un tercero.

Los ministros señalaron que independientemente de a quién se le entregue la notificación debe constar en los autos si estuvieron presentes los interesados.

Verónica González

PGR investiga asesinato de periodista

Hoy se informó que la Procuraduría General de la República colabora en la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez.

Para ello se designó a Laura Angelina Borbolla Moreno, fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

En los trabajos de investigación trabajan 20 agentes ministeriales de tiempo completo.

El cuerpo de la corresponsal en Veracruz de la revista Proceso fue hallado el sábado pasado en su domicilio en Xalapa, con signos aparentes de tortura.

 

 

Debido proceso en la investigación ministerial

El proceso de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, por su aparente responsabilidad en el delito de secuestro, se encuentra viciado de origen y por ello, su condena debe ser anulada.

Lo anterior lo señalaron participante en el foro: Debido proceso en la investigación ministerial, en donde se mencionó que la inculpada no contó con asistencia consular, ni con un abogado y tampoco fue puesta a disposición del ministerio público de manera inmediata.

“Lo cierto que en un estado democrático de derecho el no saberlo con certeza, el no tener la profunda convicción de que sí, tajantemente se pueda decir, esta señora es una secuestradora debería dar lugar a la inmediata libertad, así funcionan los estados de derecho”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Indicaron que en el expediente, no hay elementos contundentes que demuestren que ella, era integrante de la banda Los Zodiacos, dedicada al secuestro.

“Con los elementos que hay en el expediente, Florence Cassez es inocente, con los elementos que hay en el expediente, ningún juez que hubiera leído como es su deber con cuidado las cosas que hay en el expediente hubiera condenado a Florence, ningún  juez que hubiera hecho su labor como era su deber profesional y su deber ético”, Luis de la Barreda, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM.

Se afirmó que a la inculpada no se le respetó el derecho de presunción de inocencia y se le acusó del mencionado delito, a través de un montaje televisivo, 24 horas después de su detención.

“No conozco a nadie que haya podido desafiarlo, que haya podido sacar a la luz pública que esto era un montaje, y ello me parece que esa es una de las características definitorias que hacen del caso de Florence Cassez no solo signifique la posibilidad para la Suprema Corte de resolver una profunda injusticia, sino la posibilidad de mover el debate sobre culpabilidad e inocencia a los juzgados, y a tribunales, y a los abogados y a las pruebas”, Ana Laura Magaloni, Investigadora CIDE.

Manifestaron que este asunto, es uno de los casos emblemáticos de la justicia mexicana, en donde no se respetaron las normas mínimas del debido proceso.  

José Luis Guerra García