Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio de diversos amparos, en los que los promoventes, piden la anulación de distintas sentencias penales, por la aparente violación del derecho a una defensa adecuada.

Misma que para considerarse efectiva, debe ser ejercida por un profesional del derecho, a pesar de que el anterior artículo 20 de la Constitución, no establecía esta posibilidad como única opción.

“Esto es la posibilidad constitucionalmente válida en el texto literal de la Constitución de la autodefensa o la defensa por persona de confianza, la preferencia de interpretación compele a este tribunal a no interpretar literalmente esta norma constitucional”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

En esta ocasión el promovente del amparo directo en revisión 207/2012, sentenciado a seis años, ocho meses de prisión y multa por el delito de robo, pedía anular la sanción, porque en diversas etapas del proceso su abogado, Carlos Arredondo Contreras, no se identificó con su cédula profesional.

“En el caso concreto, era público y notorio que el señor, me permití verificar y efectivamente es un ex procurador verdad, que el señor no puede negársele que tenía la calidad de abogado, es un requisito constitucional, está en la Constitución de Puebla lo pueden verificar y consecuentemente, por supuesto que tenía la capacidad técnica”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

El proyecto de la Ministra Sánchez Cordero, proponía conceder el amparo y reponer el proceso, lo que algunos consideraban innecesario, pues había pruebas lícitas que condenaban al inculpado.

“Lo correcto es tener siempre ese abogado, pero no porque no lo haya tenido en algunas etapas podemos hablar de vicios en el procedimiento, que nos pudieran llevar a considerar que todo en global desaparece”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Para mí, la impartición de la justicia no es solamente ver que una de las partes tenga un derecho, sino que todas las partes en un equilibrio, puedan tomarse en consideración para encontrar una verdadera justicia a la sociedad no a un solo sujeto”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

“Se encuentra acreditada la participación del disconforme en la comisión de los delitos que se le atribuyen, es decir el tribunal colegiado ya partió de la base de que había una afectación a la debida defensa y ya hizo el análisis de los aspectos de legalidad de la sentencia que fue impugnada en el amparo directo, prescindiendo de esas dos actuaciones y aun prescindiendo de esas dos actuaciones llega a la conclusión de que la sentencia en contra del quejoso es apegada a la Constitución”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Ante la evidencia de que sí contó con el apoyo de un profesional del derecho, la mayoría se pronunció a favor de negar el amparo.

“Si en el caso se demuestra como parece ser, que el inculpado estuvo defendido en todas las diligencias por un profesional del derecho, aunque en la ampliación de la declaración preparatoria y los careos su defensor, no hubiese acreditado este carácter con documento idóneo, debe negarse el amparo y esta es mi posición, por no existir violación al derecho de defensa adecuada”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

El Pleno de ministros continuará con el estudio de este asunto y otros similares en la próxima sesión.

José Luis Guerra García