TEPJF recibe pruebas

La Comisión del Tribunal Electoral, encargada de calificar la elección presidencial recibió de la Coalición Movimiento Progresista, nuevas pruebas supervenientes que consisten en el padrón y listado nominal definitivos y el PREP, mismos que se agregaron al expediente, para determinar lo que en derecho procesada.

Principio de la presunción de inocencia

En el sistema de recursos dentro del procedimiento acusatorio debe garantizarse siempre el principio de la presunción de inocencia.

“Pensemos que la principal garantía que tiene toda persona imputada es, sin duda alguna, el principio de presunción de inocencia, con lo cual ese reforzamiento de la carga de la prueba, a través de las partes acusadoras viene constituida por ser ellas quienes en el litigio tienen que probar, acreditar los elementos constitutivos de la infracción y de la pretensión penal”.

Explicó que en una apelación, el Tribunal de Segunda Instancia debe comprobar si la sentencia está apegada a la ley y si se ampara en pruebas lícitas.

“Que la condena se ampara en una prueba lícita; segundo, esa prueba que tuvo el tribunal de instancia fue una prueba de cargo suficiente para poder llevar a cabo la condena y tercero que esa prueba de cargo permita sostener que la persona que se condena es en definitiva el culpable más allá de la duda razonable”.

El magistrado español señaló las ventajas que tendrá la posibilidad de video-grabar las audiencias de primera instancia, como lo prevé el proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales, en nuestro país.

“Grabar las declaraciones vertidas en juicio y la posibilidad de que puedan ser reproducidas, puedan ser vistas por el tribunal de ad quen, sin necesidad de reproducir la práctica de prueba en segunda instancia”.

Sin embargo, consideró que esa reproducción de las pruebas a través de video no será suficiente para condenar a una persona que fue absuelta en primera instancia.

Señaló que es esos casos el procesado debe comparecer en el tribunal de apelación, para garantizar su derecho de audiencia.

Juan Carlos González

Curso de especialización en sistema acusatorio

Para romper la presunción de inocencia en el sistema acusatorio se necesitan pruebas lícitas, que respeten los derechos humanos de los acusados.

Así lo señaló el catedrático de la Universidad de Sevilla, José de los Santos Martín Ostos, al comenzar el módulo cinco del curso de especialización en sistema acusatorio.

 “La prueba tiene que ser, para romper la presunción de inocencia, tiene que ser de cargo, incriminatoria, si no es lo contrario absolutoria; tiene que ser suficiente no basta con indicios; tiene que ser legal con respeto absoluto a la norma”.

Ante magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, el catedrático español señaló que las pruebas tienen que presentarse ante un tribunal independiente e imparcial.

Destacó que esos elementos de prueba, además, deben realizarse en juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, concentración y publicidad.

 “La valoración de una prueba con inmediación facilita que el tribunal valore mejor las circunstancias, qué circunstancias, muchas, la cara, la mirada, las manos, titubeo, las preguntas, no es lo mismo pliegos antiguos de preguntas escritas que el libre interrogatorio”.

Aseguró que las declaraciones por video-conferencia, que se realizan en algunos países paras evitar el traslado de los reos, van en detrimento del principio de inmediación.

En el módulo cinco del curso de especialización en sistema acusatorio, también se analizará la eficacia probatoria de las diligencias policiales y sumariales, la apreciación de la prueba y medios de prueba en particular.

Juan Carlos González

 

En el sistema de recursos dentro del procedimiento acusatorio debe garantizarse siempre el principio de la presunción de inocencia

En el sistema de recursos dentro del procedimiento acusatorio debe garantizarse siempre el principio de la presunción de inocencia.

Así lo señaló el Magistrado de la Audiencia Nacional Española, José Luis Castro, al continuar el Curso de Especialización en Sistema Acusatorio.

 “Pensemos que la principal garantía que tiene toda persona imputada es, sin duda alguna, el principio de presunción de inocencia, con lo cual ese reforzamiento de la carga de la prueba, a través de las partes acusadoras viene constituida por ser ellas quienes en el litigio tienen que probar, acreditar los elementos constitutivos de la infracción y de la pretensión penal”.

Explicó que en una apelación, el tribunal de segunda instancia debe comprobar si la sentencia está apegada a la ley y si se ampara en pruebas lícitas.

 “Que la condena se ampara en una prueba lícita; segundo, esa prueba que tuvo el tribunal de instancia  fue una prueba de cargo suficiente para poder llevar a cabo la condena y tercero que esa prueba de cargo permita sostener que la persona que se condena es en definitiva el culpable más allá de la duda razonable”.

El magistrado español señaló las ventajas que tendrá la posibilidad de video-grabar las audiencias de primera instancia, como lo prevé el proyecto del código federal de procedimientos penales, en nuestro país.

“Grabar las declaraciones vertidas en juicio y la posibilidad de que puedan ser reproducidas, puedan ser vistas por el tribunal de ad quen, sin necesidad de reproducir la práctica de prueba en segunda instancia”.

Sin embargo, consideró que esa reproducción de las pruebas a través de video no será suficiente para condenar a una persona que fue absuelta en primera instancia.

Señaló que es esos casos el procesado debe comparecer en el tribunal de apelación, para garantizar su derecho de audiencia.

Juan Carlos González

 

Reprueban a jefes de policía

Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, 50 de los 57 jefes de policía que fueron sometidos a pruebas de control de confianza reprobaron… Han evaluado a menos de la mitad de los 125 municipios del estado.

 

Protegen pruebas de CNDH

La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial, la reforma al artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se establece que no está obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad que emite una recomendación, mismas que solo se podrán ofrecer como medio de convicción en un proceso judicial si así lo decide el quejoso.