Florance Cassez quedó en libertad no por ser inocente, sino por violaciones al debido proceso, reconoció Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al presentar un informe en el que anunció la presentación de una denuncia penal en contra de 21 servidores públicos, el Ombudsman nacional explicó que las irregularidades cometidas por los funcionarios provocaron que la corte liberara a la ciudadana francesa, pero no por ser inocente.
“Se observó la vulneración de los derechos de las víctimas, derivada de las irregularidades cometidas por servidores públicos, mismas que tuvieron por consecuencia que la Suprema Corte, el 23 de enero de 2013, determinara la libertad de la señora Cassez, “no por ser inocente, sino por violaciones al debido proceso”.
La denuncia penal por la Comisión de tres delitos, se presentará esta semana en contra de 15 elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación; dos ministerios públicos federales y 4 mandos medios y superiores, entre ellos el ex titular de la AFI.
“El ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia tendrá el Ministerio Publico la facultad de calificarlos, pero desde la CNDH nos parecería que existe clara referencia a las omisiones de la autoridad”.
Las sanciones por estos delitos van de los dos a hasta los 10 años de prisión.
El informe de la CNDH señala que deben investigarse a quienes permitieron que se realizará la recreación del operativo, en el que se detuvo a la ciudadana francesa y se liberó a los secuestrados, mismo que se transmitió por televisión.
“La impunidad es el peor mensaje que se pueda enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo el rigor de la justicia, lo menos que pueden hacer las autoridades en este caso es profundizar en las investigaciones para fincar las responsabilidades que procedan”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó cinco propuestas:
Uno: Investigar los delitos y las faltas administrativas.
Dos: Que la PGR proporcione las evidencias necesarias para integrar las averiguaciones previas.
Tres: Que se repare el daño ocasionado a las víctimas.
Cuatro: Que la PGR capacite a su personal sobre respeto al debido proceso.
Cinco: Que se protejan los derechos de las víctimas durante las investigaciones a los funcionarios involucrados.
Verónica González