Convenio para identificar restos en San Fernando y Cadereyta

La PGR publicó la adenda al convenio para la identificación de los restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, al que se suman las procuradurías de esas entidades con el fin de que los restos que estén en su poder sean identificados por la Comisión Forense.

La CNDH tiene un registro de 24 mil 800 personas desaparecidas en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un registro de 24 mil 800 personas desaparecidas en México, de las cuales en 612 casos, existe la presunción de intervención de autoridades en dichas desapariciones.

En 267 casos hay indicios de la participación del crimen organizado en las desapariciones forzadas.

“Y mil 424 casos en los cuales no hay indicios claros de intervención federal o de delincuencia organizada pero tampoco se podría descartar”, Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH.

En un encuentro de trabajo con senadores, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva rechazó negligencia en el caso de la investigación sobre la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Informó que se han entrevistado con los dos sobrevivientes de los 74 migrantes asesinados.

Y para evitar controversias, instruyó a que el expediente se pase de la Quinta a la Sexta Visitaduría a fin de que se amplíe la investigación.

“En la investigación que se llevó a cabo, en éstas 12 mil páginas se trató de localizar a los familiares de éstas víctimas, 4 brasileños, 6 ecuatorianos, 13 guatemaltecos, 24 hondureños, 14 salvadoreños y una persona de origen hindú así como 12 sin identificar”.

El titular de la CNDH dijo que en materia penal hay 8 mil 486 indígenas recluidos en prisiones del país, de los cuales, 3 mil 18 se encuentran sin sentencia.

Habló también del alarmante incremento en los casos de acoso escolar.

“Porque el tema de la violencia escolar tiene que ver no solamente con la cuestión de los niños, sino con los profesores y eventualmente también con los padres de familia”.

En 2013, la CNDH reportó 70 casos de agresiones contra periodistas y 55 contra defensores de derechos humanos, se recomendaron medidas cautelares.

Legisladores reprocharon la falta de atención a los migrantes y en general los retos para fortalecer la defensa de los derechos en México.

Plascencia Villanueva dijo que se han realizado 2 mil 700 visitas a estaciones migratorias y se atendieron a 83 mil 999 personas.

Martha Rodríguez

PGR da a conocer acuerdo sobre caso San Fernando, Tamaulipas

La PGR dio a conocer el acuerdo que firmó con organizaciones de derechos humanos y migrantes, para crear una comisión forense que se encargará de identificar y determinar las causas de muerte de 72 cadáveres encontrados en San Fernando, Tamaulipas en 2010; y 193 restos localizados en esa misma localidad en 2011 y en Cadereyta, Nuevo León en 2012.

El Derecho de Acceso a la Información y los Derechos Humanos: el caso de San Fernando, Tamaulipas

 

La resolución que tome el Instituto Federal de Acceso a la Información en cuanto al caso de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, no decidirá el acceso a la justicia en México, advirtió Miguel Ontiveros Alonso, consultor en derechos humanos.

Durante el seminario: “El derecho a la información y los derechos humanos”, en el IFAI, dijo.

“El fin último es absolutamente loable, sigamos entonces el proceso jurídicamente establecido para no meter en problemas a nadie y hacer justicia a las víctimas”.

A tres años de la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la organización Artículo 19 lanzó una campaña dirigida al IFAI para que abra las averiguaciones previas de la matanza en la localidad tamaulipeca.

“Independientemente de cuál sea el sentido que resuelva el IFAI, de que sus decisiones deben ser de la misma o de mayor calidad en el ámbito que se dedica que las del mismo Poder Judicial, o que las de la Corte”, José Roldán Xopa, Investigador CIDE.

En diciembre de 2011 Artículo 19, organización dedicada al derecho a la información y a la libertad de expresión, solicitó a la Procuraduría General de la República una versión pública de la averiguación previa de la masacre, pero la PGR la negó debido a que está clasificada en términos del artículo 14 de la Ley de transparencia.

“Porqué el IFAI sin un análisis especifico consideró el secuestro y el asesinato de 72 personas como un caso genérico y sin excepción”, Ana Cristina Ruelas, Artículo 19.

Artículo 19 interpuso un amparo ante la restricción con el argumento de que la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad, y sobre las investigaciones que se han llevado a cabo.

Oscar González

Crean comisión de expertos forenses para identificar la causa de muerte de migrantes masacrados en Tamaulipas y NL

Buscan identificar y determinar la causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con los migrantes desaparecidos.

Buscan identificar y determinar la causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con los migrantes desaparecidos.

A 3 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y a un año del hallazgo de 49 cadáveres en Cadereyta, Nuevo León, la PGR emprenderá nuevas acciones.

A través de un convenio de colaboración que firmó con la Secretaría de Gobernación, se creará una comisión de expertos forenses para la identificación y determinación de la causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con los migrantes desaparecidos.

A la firma de convenio, asistieron familiares de migrantes, organizaciones sociales de diversos países y defensores de derechos humanos.

“Sabemos que salen 100, pero de 100, 20 pasan, dónde están los otros 80”, Anita Guadalupe Celaya, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos de El Salvador.

“Para atender la crisis en la que nos encontramos al tener más de 25 mil restos sin identificar y que se suma a la terrible tragedia humanitaria de 25 mil desapariciones forzadas”, Jorge Verástegui, Familiares por Nuestros Desaparecidos en México.

“A mí qué me van a traer unos restos sin que me den una prueba de que realmente es mi familiar, yo no la acepto”, Ángela Juárez, Grupo San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza.

Se denunció que en la administración anterior, la PGR entregó a familiares de migrantes cenizas, sin corroborar que se tratara de la persona desaparecida.

“Que a las personas que les han entregado cuerpos sin darles pruebas de ADN ni darle información forense que acredite la identificación”, Rosa Nelly Santos, Comité de Familiares de Migrantes de el Progreso, Honduras.

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el Estado mexicano está obligado a investigar y dar solución a esta problemática.

“No voy a abrir esperanzas falsas, simplemente déjenme reiterarles que el compromiso de este gobierno, del Presidente de la República, de la alianza entre la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría para enfrentar este problema”.

Descartó que sean 25 mil migrantes desaparecidos, pues las cifras se modifican de acuerdo a las denuncias que se presentan o al hallazgo de las personas en México o en otros países.

Martha Rodríguez

Instalan Primer Tribunal Permanente de los Pueblos en memoria de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas

Tercer aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Tercer aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

En memoria de los 72 migrantes que fueron asesinados hace 3 años en San Fernando, Tamaulipas, se instaló el Primer Tribunal Permanente de los Pueblos.

Integrado por defensores de derechos humanos, religiosos, abogados de México y otros países como Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, realizó su primera audiencia con miras a juzgar socialmente lo que llamaron el genocidio contra migrantes.

Esta audiencia es un llamado a la conciencia nacional e internacional, ante la ausencia de líderes y también eso es muy triste, autoridades políticas, urge que erija este tribunal permanente de los pueblos reflejando el anhelo de la sociedad civil de las víctimas que tenemos aquí y tantas víctimas que no están presentes que al menos se tenga el aliciente de una voz autorizada que diga y que haga un juicio moral sobre estas violaciones múltiples a los derechos humanos en todas sus dimensiones”, Alejandro Solalinde, Albergue “Hermanos en el Camino”.

Al cumplirse el tercer aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, se denunció que la situación de violencia y extorsión, no ha cambiado.

Ello, a pesar de que el Estado mexicano está comprometido a la defensa y protección de migrantes, sobre todo a raíz de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.

“Desde una violación sexual por igual a hombres y mujeres, un robo a mano armada, abusos sexuales, extorsiones por parte de las autoridades y por supuesto el secuestro, la desaparición y la muerte”, Tomás González Castillo, Fraile Franciscano.

“No solamente para hacer justicia a todos quienes han perdido la vida, quienes han sufrido vejaciones en su tránsito a México sino también para recordar las nuevas obligaciones que el Estado tiene para con todas las personas que pisan nuestro territorio”, Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

El padre, Alejandro Solalinde, encargado del albergue “Hermanos en el camino”, pidió al gobierno mexicano visas humanitarias o de tránsito para quienes desean cruzar por México hacia Estados Unidos.

Martha Rodríguez

PGR retira recompensa

La PGR canceló la recompensa de más de un millón de pesos, que ofrecía para ubicar y detener a 6 personas vinculadas con el asesinato de diversas personas localizadas en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, al haber sido detenidas recientemente.

A dos años de la masacre de San Fernando

El asesinato de 72 migrantes encontrados en una fosa en San Fernando, Tamaulipas, continúa en la impunidad.

Organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que hasta el momento, no se ha castigado a los responsables.

Bien sea por negligencia, complicidad o colusión con los sectores narco paramilitares, señalados como los supuestos responsables directos de esta masacre. Clemencia Correa, Catedrática,Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Impunidad que alienta a las bandas delictivas a continuar perpetrando este tipo de actos.

Crímenes que causan dolor y destrucción en las familias de las víctimas.

“Significa muerte, significa tortura, significa destrucción no solamente de las personas migrantes, sino de familias enteras, porque los migrantes que abandonan su tierra, abandonan su patria, abandonan a su familia, lo hacen con la esperanza de mejorar la vida de esas familias, “Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila.

A dos años de estos hechos,  continúan demandando justicia y castigo para los responsables.

Hasta sus últimas consecuencias, a la demanda de justicia, verdad, reparación integral individual y colectiva, y no repetición de todas las conductas y políticas, todas las acciones y omisiones que han constituido una política de terror estatal en curso contra las y los migrantes en tránsito. Camilo Pérez Bustillo, Capítulo México Tribunal Permanente de los Pueblos.

Manifestaron que este caso, permitió conocer otros similares.

Posterior a la masacre en San Fernando, la Procuraduría General informó del hallazgo de 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas, también en Tamaulipas, 80 de estos cuerpos fueron enviados a la fosa común, sin identificación alguna. José Jacques Medina, Red Migrante.

San Fernando, se afirmó, permitió desnudar la serie de agresiones y riesgos que enfrentan los migrantes a su paso por México.

 

No solamente conmovió las conciencias de todas y todos en el país, sino que además dejó en claro muchas cosas que ya sabíamos pero que el gobierno federal, los gobiernos locales se habían negado a reconocer la realidad de los secuestros de un numeroso grupo de personas que cruzan nuestro país a manos de la criminalidad organizada, el hecho real de que hay franjas importantes de territorio en el país, que están bajo el control de grupos de criminalidad organizada. Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

El Estado Mexicano, se afirmó, no puede permitir, que se repitan en el país este tipo de sucesos.  

José Luis Guerra García.

Aniversario de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Con indignación pero sobre todo, con reproche a las autoridades mexicanas, decenas de defensores de derechos humanos, conmemoraron un año de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Lamentaron que en estos crímenes cometidos por los Zetas, no se tenga un solo sentenciado.

“Y que  no nos paraliza esa violencia sino que nos indigna y nos hace poner un pie adelante, esa parte de la sociedad que no es poca que está organizándose de otra manera, en el orden y el restablecimiento del derecho”,  Raúl Vera, Obispo de Saltillo.

“Porque no queden en la impunidad estas calamidades y porque cesen estas manifestaciones de terrorismo de estado contra los migrantes mexicanos y extranjeros”, Padre Miguel Concha, Centro de DH “Fray Francisco de Vittoria”.

Pidieron clasificar la masacre como genocidio.

“Un crimen que tiene nombre, un crimen genocida de lesa humanidad, crimen de estado, con un origen inconfundible atribuible directa o indirectamente a autoridades estatales en los tres niveles de gobierno, civiles, militares y policiales”, Camilo Pérez Bustillo, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento.

Para garantizar el tránsito seguro de los migrantes y ayudar a reducir la xenofobia que impera, exigieron un acuerdo entre México  y Centroamérica.

“Que se suprima el INM porque además de ser un nido de corrupción y de injusticia y ser una sucursal de los zetas también se necesita quitarlo porque es el pretexto para cumplir fielmente el plan Mérida”, Padre Alejandro Solalinde, Casa del Migrante Ixtepec, Oaxaca.

Algunos denunciaron ser objeto de amenazas por encabezar la lucha en pro de los derechos humanos.

Martha Rodríguez