Hoy en el Pleno de la SCJN

GOC_0260El Pleno de la Suprema Corte inicio el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad, promovidas por diputados y senadores de la Sexagésima Legislatura, en las que piden invalidar diversos rubros de la reforma fiscal de 2013. (Acciones de inconstitucionalidad 40/2013 y 5/2014).

El proyecto del Ministro Sergio Valls, que presentó la Ministra Margarita Luna Ramos, aborda los siguientes temas.

“En estas acciones de inconstitucionalidad únicamente están delimitados y referidos a la eliminación de la tasa del 11 % del Impuesto al Valor Agregado en zonas fronterizas, a la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes y al aumento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas y el tope de deducciones”.

Se considera que el Congreso tiene libertad de configuración para definir las normas y políticas tributarias para financiar el gasto público, añadiendo que las disposiciones que se pide invalidar, no violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, postura que fue cuestionada por algunos ministros.

“Porque es esto constitucional, no porque se diga simplemente, el legislador tiene configuración legislativa, sino porqué en ese caso concreto al hacer uso de su configuración legislativa, el legislador lo hizo adecuadamente”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Nos hace falta también construir aquellos aspectos en donde, las políticas públicas tributarias, le corresponden definirlas a los órganos políticos del estado, propiamente al legislador y no necesariamente a los jueces, cuando no inciden en una cuestión de derechos humanos”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

El primer tema que habrán de resolver, es el relativo a la homologación de la tasa del IVA en las zonas fronterizas, del 11 al 16 %, medida que el proyecto considera no viola la Constitución.

“Que la reducción de la tasa en la zona fronteriza, es cierto que en algún momento pretendió incentivar el consumo para evitar su afectación en razón de esa utilidad, pero que también de alguna manera, no se puede determinar, como esto obligatorio o constitucionalmente exigible cuando estamos hablando de sujetos que de alguna manera están estableciendo situaciones idénticas”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Sobre la homologación de la tasa del IVA en las zonas fronterizas, que el proyecto considera no viola el principio de equidad tributaria, dos ministro fijaron su postura.

“Que no coincido con las razones que aquí buscan justificar en función de un principio de equidad tributaria, un tratamiento igualitario, sobre la base de los comportamientos de consumo y precios. Para mí las razones expresadas en su momento por esta Suprema Corte respecto del trato diferenciado, no se demuestra que hayan cambiado”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Si estamos analizando la equidad ya no del sujeto pasivo, sino de quien recibe la incidencia, me parece que el escrutinio debe ser de una equidad ordinaria, y en ese sentido me parece que se cumple con la equidad porque todos son consumidores”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de estas acciones, en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

Por mayoría de siete a dos, el Pleno de la Corte estableció que sí procede el juicio de amparo contra la omisión del Congreso estatal que no dé trámite a la denuncia del juicio político o en contra del desechamiento.

Se argumentó, que su procedencia radica, porque el dar trámite a dicha denuncia, es una facultad reglamentada, lo que no forma parte de las excepciones previstas en la fracción octava del artículo 73 de la anterior Ley de amparo.

Este criterio se fijó, al resolver la contradicción de tesis 364/2012, suscitada entre tribunales colegiados de distinto circuito.

“En virtud de que en ambos asuntos prevalece la decisión de los congresos de no dar trámite a la petición de juicio político”, Sergio Valls, Ministro SCJN.

“Mientras se trate de este tipo de decisiones regladas como son los procedimientos, yo considero que sí procede el juicio de amparo, que deben ser revisados, que deben ser sometidos al análisis constitucional”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN

“No manifiesta, desde nuestra óptica y por eso coincidimos con él, el ejercicio de una facultad soberana o discrecional, sobre la elección o suspensión o remoción de servidores públicos en este tipo de juicios, pues en esa etapa se limita, como lo dice el proyecto, a verificar la procedibilidad de la denuncia”, Olga Sánchez, Ministra SCJN.

Proyecto que también fue respaldado por el Ministro Zaldívar, aunque con diferentes argumentos.

“La regla general es la procedencia del juicio de amparo y el único, ordenamiento jurídico que puede establecer una excepción para excluir a un tipo de actos de autoridad del control constitucional de amparo, es la propia Constitución general de la República”.

Precisaron que en este caso, el juicio de amparo, no procedería, contra las resoluciones que adopta el Congreso dentro del juicio político como tal, facultad definida como discrecional y soberana por la Constitución.

“Este esquema de responsabilidad, con todas sus características, la pueden adoptar los estados con las modalidades que crean, que sea conveniente a su propia realidad y en este sentido, dentro de la órbita de su competencia interna, me parece que aplica también el mismo principio de inatacabilidad de ciertas resoluciones”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

“En lo particular también comparto la propuesta que hace el proyecto, en la forma en la cual resuelve el tema a determinar por este Tribunal en Pleno”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno también aprobó por unanimidad una tesis relacionada con la admisión de pruebas en el recurso de reclamación, con la que resolvió la contradicción 438/2012.

“Recurso de reclamación, en los casos de excepción proceda la admisión de pruebas en ese medio de defensa, el órgano jurisdiccional que conozca de él, a solicitud del recurrente, debe proveer lo necesario para el desahogo y perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

Con ello, se dijo, se garantiza una adecuada defensa del ciudadano, en este tipo de casos.

José Luis Guerra García.

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

La Suprema Corte inició el análisis de la contradicción de tesis, 56/2011, suscitada entre la Primera y Segunda Sala,  al resolver respectivamente los amparos en revisión 1922 y 1890, ambos de 2009.

En este caso, definirán si las personas morales cuentan con derechos humanos y si la información que dan a la autoridad ambiental es  pública.

El proyecto del Ministro Sergio Valls, estima que las personas morales sí tienen derecho a la protección de sus datos personales.

“En este nuevo proyecto, concluyo que la información y documentación de índole privada, generada por los particulares o los auditores de las auditorías ambientales voluntarias y que es entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no es de carácter pública”.

Los ministros que apoyan el proyecto, consideraron que es evidente que las personas morales, si son sujetas de la protección de algunos de los derechos humanos.

Yo creo que la naturaleza, mantiene el mismo carácter independientemente de quien sea el poseedor de esa información, la información es propiedad de la persona, y repito ya sea persona física o persona moral”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“Por lo menos yo no estoy en aptitud todavía de hacer afirmaciones generales y categóricas, me parece que hay un sinnúmero de circunstancias que vamos ir enfrentando que van ir modelando cómo los derechos humanos, lo que hoy llama la constitución, y eso es indiscutible, derechos humanos, también protegen además de la persona física a las personas morales o jurídicas”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

Otros ministros indicaron que las personas morales son sujetos de derechos, pero en su caso, no se puede hablar de derechos humanos.

“Se puede decir que en la constitución se reconocen los derechos humanos a favor de las personas físicas, sin embargo, tratándose de personas morales o jurídicas, aquellos serán denominados como derechos fundamentales”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“De tal suerte que en mi opinión, las personas morales tienen derecho a la protección de su información, que se asemeja a estos datos personales como confidencial no como reservada”, Arturo Zaldívar; Ministro SCJN.

Indicaron que la ley precisa que toda información en poder del estado es pública.

Y que reconoce que es pública, toda información que posea el estado con independencia de su origen y contenido”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN

“Creo que la información es pública, salvo que esté reservada o pueda ser protegida, insisto por datos personales, cuestión que a mi juicio no es posible reconocer a las personas morales”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Consideró que solo la información de naturaleza ambiental derivada de las mencionadas auditorias es pública y no así la información privada por su origen o contenido”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno, continuará con la discusión de este tema en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Se reúnen Ministros con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU

Una comisión integrada por los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar, Sergio Valls, Fernando Franco y Sergio Salvador Aguirre, se reunió en la Suprema Corte de Justicia con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU.

Los comisionados de la ONU tenían varias preocupaciones, fundamentalmente lo relativo a la intervención de las fuerzas armadas, cuál eran los límites que había fijado la jurisprudencia de la Corte, cuál era el derrotero que tendría la discusión en la Corte del fuero militar y también muy especialmente les preocupó lo relacionado con el caso Radilla, lo que hicimos nosotros fue establecer claramente cuáles fueron los lineamientos que la jurisprudencia de la Corte había establecido para la intervención de las fuerzas armadas en la lucha para el combate a la delincuencia”, Ministro Arturo Zaldívar.

Luego de la reunión que duró cerca de una hora, el Ministro Arturo Zaldívar, explicó que se informó a los comisionados de Naciones Unidas del trámite del Caso Radilla, del cual la Suprema Corte de Justicia discutirá el fondo, la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los alcances del fuero militar en México.

Explicó que al recibir a este grupo de trabajo, la Suprema Corte de Justicia muestra su compromiso con la transparencia.

“Es muy importante que la Corte demuestre esta apertura para entender y conocer cuál es la imagen que tiene la comunidad internacional de nuestro país y particularmente del Poder Judicial y también poder aclarar cualquier cuestión que haya sobre los temas que a nosotros nos interesan y a los que estamos obligados de conformidad con nuestras atribuciones… México está inserto en la comunidad internacional y siempre la Suprema Corte estará abierta a la discusión, al análisis con una gran transparencia para todos los visitantes que han venido de organismos internacionales”.

Previo a esta reunión, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, recibió en privado al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU.

Los comisionados informaron que en una conferencia a realizarse el 31 de marzo, darán a conocer su informe de la visita realizada a México desde el 18 de marzo.

Mario López Peña