Resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no ejercer la facultad de atracción solicitada por el Procurador General de la República, para conocer de diversos amparos promovidos por ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y por el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Los amparos se promovieron en contra del laudo emitido el 30 de agosto de dos mil diez por la Junta Especial  Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual aprobó la terminación de las relaciones colectivas de trabajo  entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, del contrato colectivo de trabajo y de las relaciones individuales y condenó al servicio de administración y enajenación de bienes a pagar las indemnizaciones respectivas, ordenándose la apertura del incidente de liquidación.

La Sala señalo que en los diversos asuntos se plantean temas exclusivamente de legalidad, y por tal razón deben ser atendidos por el tribunal colegiado que conoce de los mismos.

Los temas de constitucionalidad relativos al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia en julio de dos mil diez.

En otro asunto, al resolver un amparo en revisión la Sala negó la protección de la justicia a un quejoso que planteaba la inconstitucionalidad del artículo 85, fracción II, letra d, punto 1, primera parte de la Ley Orgánica de la Armada de México, por trasgredir la garantía de igualdad y no discriminación.

La ley establece, para este caso, que la baja es la separación definitiva del servicio activo y procede tratándose del personal de la milicia auxiliar que se encuentre procesado en el orden común o federal.

El quejoso argumentaba un trato diferenciado para el personal de la milicia permanente respecto de la milicia auxiliar, toda vez que la baja por la razón citada solo opera para la auxiliar y con ello la configuración de una violación a los principios constitucionales antes señalados.

La Sala determinó que no se viola el principio de igualdad al establecer un trato diferente ya que este obedece a una finalidad objetiva y plenamente justificada constitucionalmente  que consiste en la mayor seguridad que el profesionalismo de la milicia permanente implica para la institución, así como el alto valor ético que requiere la Armada de México en sus integrantes.

José de Jesús Cruz Sibaja