Liberación de militares implicados en caso Tlatlaya no es definitiva: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, confió en que tenga éxito la apelación de la PGR en torno a la resolución de un juez federal que permitió la liberación de cuatro de los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya.

Hecho en el que murieron 22 personas durante un enfrentamiento con militares, en el que se investiga presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“La resolución que se emitió ayer de un juez liberando a cuatro personas que habían sido consignadas no es una determinación definitiva y confió como lo señalé está mañana que la PGR ejerza su facultad de apelación”.

En entrevista, explicó que el organismo que preside investiga violaciones a derechos humanos y que la investigación de los delitos corresponde a las procuradurías.

 “Desde la perspectiva del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se acreditaron las violaciones a derechos humanos, se emitió la recomendación y la recomendación fue aceptada por las tres instituciones destinatarias”.

Sobre las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en las que rechazó la participación de militares en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el ombudsman nacional comentó:

 “No tenemos elementos para hacer algún señalamiento y lo que tenemos es las 26 propuestas que hicimos a la PGR para que se llevaran a cabo determinadas acciones, en ese sentido la PGR nos ha respondido, estamos evaluando lo que nos contestó para tener claridad”.

Luis Raúl González Pérez participó en la Semana Nacional de Transparencia, donde se analizó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como instrumento de inclusión social.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

El INAI ordenó reservar por 6 meses declaraciones de militares que participaron en el caso Tlatlaya

Por mayoría de cuatro votos a tres, el Pleno del INAI ordenó reservar por seis meses las declaraciones de ocho militares que participaron en el caso Tlatlaya, donde murieron 22 presuntos delincuentes.

Ante una solicitud de información por parte de un ciudadano, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió que no tenía esa información y que era parte de una investigación de la Procuraduría General de la República.

Además, argumentó que no podía dar acceso a los documentos de las investigaciones porque los militares habían obtenido una suspensión definitiva de amparo para impedir la difusión de la información.

La mayoría de los comisionados votó a favor de modificar la respuesta y ordenar la reserva de la información.

“Se determinó que se actualice el supuesto de reserva… Pues la difusión de la información solicitada puede causar daño a la libre deliberación del juez constitucional durante el juicio de garantías en comento, e implicaría, consideramos, incumplimiento a la suspensión definitiva emitida”, Ximena Puente, Comisionada Presidenta INAI.

En otro asunto similar, la comisionada Areli Cano propuso suspender el plazo de resolución para dar tiempo a que se decida de fondo el juicio de amparo.

“De no suspenderse el plazo para la resolución del asunto en cuestión, este instituto estaría renunciando a ejercer las facultades que por mandato constitucional tiene conferida, la cual desdibuja sin lugar a dudas la propia esencia de este órgano garante”.

Al final la propuesta fue rechazada por mayoría de votos y el asunto fue returnado a la ponencia de la Comisionada Presidenta.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Conversatorio sobre Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Derechos Humanos

Ante la política deliberada que han utilizado las fuerzas armadas para abatir delincuentes, es necesario que el Senado establezca un plan para que el ejército regrese a sus cuarteles.

Así lo señalaron especialistas que participaron en el Conversatorio Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Derechos Humanos, que se realizó en el Senado.

 “La solución es establecer cuanto antes, como ya se ha dicho, un plan de salida del ejército, un plan del ejército de regreso a sus cuarteles y yo creo que el Senado ahí puede hacer una contribución muy importante”, José Antonio Guevara, Dir. Ejecutivo Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Se analizó el informe que presentó hace unos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se destaca la orden que recibieron militares para abatir delincuentes en Tlatlaya.

 “Nos parece que Tlatlaya puede ser una oportunidad de enriquecimiento del debate… Una oportunidad que nos explique cuáles son las medidas de cambio que se tienen que instrumentar para asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir”, Mario Patrón Sánchez, Director Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Señalaron que este caso puso en entredicho el paradigma de seguridad al que ha apostado el estado mexicano.

“Tenemos 21 años diciendo que las fuerzas armadas no sean utilizadas para las funciones de seguridad pública”, Ernesto López Portillo, Dir. Ejecutivo  Instituto para la Seguridad y la Democracia.

“Si tener al ejército en las calles fuera la solución creo que en este momento veríamos menores índices de delincuencia, los cuales no los hay; veríamos mayores índices de seguridad, los cuales no los hay”, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo Amnistía Internacional.

Aclararon que en este debate no se trata de atacar al ejercito ni de pedirle al estado que no ejerza su función de brindar seguridad a la ciudadanía.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Orden de «abatir», en Tlatlaya, incentivo para violación de derechos humanos, afirma Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, recalcó que con la orden de abatir delincuentes en la base de operaciones en Tlatlaya, la SEDENA dio pie para la violación grave de derechos humanos, sustentada en la cadena de mando.

“Es un incentivo para cometer violaciones graves a los derechos humanos… Consideramos que esta es una orden contraria al estado democrático de derecho, la orden debería ser detener personas delinquiendo en hechos de flagrancia y ponerlos ante autoridad competente”.

En entrevista luego de la presentación del informe Tlatlaya a un año, respondió a las declaraciones  del subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, Roberto Campa, quien aseguró que abatir, no significa privar de la vida.

“Nosotros no hemos afirmado que abatir es matar, sino que es una orden que genera incentivos para generar o tener como materialización ejecuciones extrajudiciales… Entrar a la significación meramente gramatical y en base al diccionario, de lo que significa abatir, sin duda es una discusión bizantina”.

Dijo que tras la investigación de ocho años de la política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa, el uso de la palabra abatir se refiere a las personas privadas de la vida.

Por otro lado, exigió que se haga valer el acotamiento a la aplicación expansiva del fuero militar, es decir, que para efectos de violaciones graves de derechos humanos sea competente el fuero ordinario.

“En casos como el de Tlatlaya tengamos una violación al principio de continencia y de concentración de la causa, porque tenemos un proceso seguido ante un juzgado de distrito en el fuero ordinario, pero tenemos otro proceso seguido ante el juzgado sexto militar, esto significa que podríamos tener dos juicios con resultados distintos”.

La restricción al fuero militar también es urgente, añadió,  debido a que en ese fuero no se tutela ni se da personalidad a las víctimas.

Explicó que ha habido revictimización por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Hicieron de manera irresponsable, públicos el monto de un fondo que sería para la indemnización vía compensación para las víctimas del caso Tlatlaya, eso ha generado un contexto de riesgo para las personas que están viviendo en la región”.

Reveló, que con la presentación del informe, se hizo la solicitud de emisión de medidas cautelares a la CNDH, para que la SEDENA deje de emitir órdenes que reproduzcan instrucciones para abatir delincuentes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon  

Entre 70 y 80 millones de pesos recibirán 13 familias víctimas del caso Tlatlaya

Entre 70 y 80 millones de pesos recibirán 13 familias víctimas del caso Tlatlaya como indemnización tras confirmarse graves violaciones a los derechos humanos durante la investigación.

Ocurre luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclasificó el expediente del caso Tlatlaya hace cuatro meses, con el fin de que las autoridades pudieran dar cumplimiento a la recomendación emitida el 21 de octubre de 2014.

Ese día la Comisión Nacional informó que de los 22 muertos en Tlatlaya, Estado de México, 15 de ellos, presuntos delincuentes que ya se habían rendido, fueron asesinados arbitrariamente por militares.

Emitió la recomendación 51-2014 que plantea entre otras medidas,  reparación del daño a las víctimas indirectas, a familiares de las personas asesinadas, los militares deben abstenerse de privar de la vida o atentar en contra de las personas rendidas, así como evitar alterar escenas de hechos violentos.

El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron durante un  enfrentamiento contra el ejército en Tlatlaya.

De estos hechos se acreditó privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

La investigación encontró que entre las víctimas hay tres mujeres que sobrevivieron al ataque y fueron torturadas para declarar a favor del ejército cuya versión era que lo ocurrido en Tlatlaya fue un enfrentamiento y no una ejecución extrajudicial.

El 7 de noviembre de 2014 un juzgado federal dictó auto de formal prisión a los 7 militares  presuntamente involucrados en el caso.

Están acusados de abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, así como encubrimiento.

Actualmente 28 funcionarios del Estado de México son investigados por supuesto encubrimiento.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Auto de formal prisión a 7 militares presuntamente involucrados en caso Tlatlaya

El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF dictó auto de formal prisión a los siete elementos del Ejército mexicano presuntamente involucrados en el caso Tlatlaya, en el que murieron 22 personas.

Los militares están acusados de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, así como encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

Dicho Juzgado resolvió en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Los 7 procesados se encuentran recluidos en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, localizada en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.

Condena HRW casos Ayotzinapa y Tlatlaya

Las autoridades mexicanas deben estar avergonzadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, afirmó hoy Human Rights Watch.

Denunció lentitud, negligencia, improvisación, obstrucción de la justicia y encubrimiento por parte del gobierno.

“La regla en México es la impunidad, esa no es la excepción, es la regla. El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de Derechos Humanos”, José Miguel Vivanco, Dir. en América Human Rights Watch.

Siete militares involucrados en caso Tlatlaya rindieron declaración preparatoria

Los siete elementos del Ejército mexicano involucrados en el caso Tlatlaya, rindieron declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional.

Fue el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien desahogó la diligencia de declaración preparatoria de los militares.

Todos se encuentran recluidos en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, localizada en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.

Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Roberto Acevedo, Samuel Torres, Ezequiel Rodríguez, Fernando Quintero y Leobardo Hernández, están involucrados en los hechos de junio pasado, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas, en el interior de una bodega.

El próximo viernes 7 a las 8:22 horas vence el plazo para que a los siete militares se les resuelva su situación jurídica.

CNDH emite recomendación por asesinato de 22 personas en Tlatlaya

La CNDH emitió recomendaciones al Secretario de la Defensa, al Procurador General de la República y al Gobernador del Estado del México por los hechos del pasado 30 de junio en Tlatlaya en los que fueron asesinadas 22 personas.

“Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que proceda a la reparación del daño a las víctimas indirectas, familiares de las personas privadas arbitrariamente de la vida el pasado 30 de junio… Se tomen en cuenta las observaciones de esta recomendación para la debida integración de la averiguación previa”, Raúl Plascencia, Presidente CNDH.

El Ombudsman Nacional detalló que, de acuerdo con la investigación, fueron ocho elementos militares quienes cometieron los asesinatos.

“Personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar sin estar heridos, incluyendo dos adolescentes y respecto de otras tres víctimas no se pudo determinar la condición bajo la cual fueron privadas de la vida, en virtud de que los cuerpos fueron manipulados, movidos y las evidencias alteradas, inclusive de su ubicación original en cuanto al cadáver lo que hace presumir que fueron privadas arbitrariamente de la vida”.

Llamó a la colaboración en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará ante la Procuraduría General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia Militar.

Explicó que los principales obstáculos para esta investigación fueron:

La falsa versión oficial que aseguraba que las 22 personas habían muerto por un enfrentamiento con los militares.

Así como la alteración del lugar de los hechos para tratar de simular que habían muerto las personas con motivo de un enfrentamiento.

Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dijo.

“Estamos investigando hasta el límite de nuestras capacidades estos graves hechos, los más graves que se pueden cometer contra el ser humano como son la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada”.

Explicó que hasta hoy 30 visitadores adjuntos han realizado diversas investigaciones.

Mario López Peña