Defensores de derechos humanos denuncian falta de investigación en casos de tortura en México

La aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la debe ir acompañada de un verdadero cambio institucional para combatir este delito.

Así lo señalaron especialistas que participaron en la inauguración del Foro Internacional sobre Investigación, Procesamiento y Sanción de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

 “La reforma legal por supuesto que es relevante pero asociemos a la reforma legal una reforma institucional profunda que sea coherente con esa reforma legal, de lo contrario nos vamos a ver en un año, en este mismo lugar en un foro en donde vamos a decir ya tenemos la ley pero tenemos los mismos comportamientos institucionales”, Ernesto López Portillo, Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Comentaron que la Procuraduría General de la República tiene abiertas más de mil denuncias por tortura, un fenómeno, que señalaron, apenas comienza a mostrar su verdadera dimensión.

En este foro, defensores de derechos humanos lamentaron que en México no se ha tenido la voluntad de investigar a fondo los casos de tortura.

 “Nosotros estamos convencidos que la ausencia de investigación de la tortura no es un problema de la ley, es un problema de falta de voluntad de que este delito se sancione porque creemos que existe un incentivo por parte de las propias instituciones de procuración de justicia y del propio sistema de seguridad para torturar”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En conferencia magistral, Fernando Mariño, de la Organización Mundial contra la Tortura, destacó la importancia que tienen los jueces para que se investiguen estos delitos.

 “El juez de oficio, el procurador si aprecian que hay tortura deben ponerlo de manifiesto e iniciar la investigación, sobre eso no hay duda”.

Lamentó que en varios países han surgido embates contra la prohibición de la tortura para investigar, por ejemplo, casos de terrorismo.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Persisten casos de tortura en México

Si bien no existen cifras precisas sobre casos de tortura, un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió más de 7 mil quejas entre 2010 y 2013.

Práctica que afecta sobre todo a personas marginadas y sectores vulnerables, denunció la organización Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Revelaron que después de las cárceles, las estaciones de migración, son el lugar en donde más casos de tortura se registran.

“En el caso de las estaciones migratorias no hay disfraz posible, los agentes migratorios, la dirección del instituto nacional de migración y la secretaría de gobernación son los responsables de la tortura y el maltrato que reciben los migrantes”, Fernando Valadez, Colectivo contra la Tortura.

Práctica que es común en México y que prevalece en la impunidad, pues los afectados no denuncian, por temor a represalias.

“Ninguno de los migrantes entrevistados puso denuncia, argumentando ineficiencia del sistema corrupción y miedo, la impunidad repito, en el delito de tortura es del 100 %”.

Según un informe de Amnistía Internacional, el Consejo de la Judicatura Federal reveló que entre 2005 y 2013 se tramitaron 123 juicios por tortura, de los cuales solo 7 culminaron en una condena.

En ese mismo lapso de tiempo se promovieron 3 mil 749 juicios de amparo, en los que distintas personas solicitaron la protección de la justicia frente a la tortura y otras violaciones a derechos humanos, sin embargo, se desconoce, según  dicho informe, en cuantos se concedió el amparo.

José Luis Guerra García

Fiscalía de Aguascalientes da a conocer acuerdo sobre el delito de tortura

La Fiscalía de Aguascalientes dio a conocer el acuerdo que establece las directrices que debe seguir el personal de la Fiscalía en los casos en que se presuma el delito de tortura. Ilícito que deberá investigarse sin dilación alguna, realizar los estudios médico psicológicos del caso, garantizar la integridad de la víctima y de su familia.

Crean Unidad Especializada para Investigar el Delito de Tortura

La PGR publicó el acuerdo que crea la Unidad Especializada para Investigar el Delito de Tortura, que dependerá de la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales y tendrá como atribución investigar los delitos en la materia, cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos.

Graves violaciones a DDHH en especial desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura: CIDH

La Comisión Interamericana constató en terreno, la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia.

Fue parte de las conclusiones de la misión de alto nivel tras finalizar la visita in loco a nuestro país.

“Graves violaciones en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, Rose Marie Belle Antoine, Presidenta CIDH.

Calificó como alarmante el problema de desaparición forzada, resultado de una situación estructural que padece México desde hace décadas.

En conferencia de prensa, se dio a conocer un informe preliminar tras la visita a la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, donde la violencia contra los periodistas es grave.

“Constatamos si miramos en los últimos 10 años, que la cantidad de agresiones, amenazas y asesinatos contra periodistas no ha disminuido, lamentablemente puede incluso hablarse de un ascenso”, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión, CIDH.

Los comisionados expresaron su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.

La falta de acceso a la justicia, impunidad y corrupción.

Y acompañaron el informe del grupo interdisciplinario sobre los normalistas desaparecidos.

“No vemos la tragedia de las 43 víctimas como algo aislado estamos igualmente preocupados por el patrón de desapariciones que hemos identificado en México que se han descubierto en Iguala”, Rose Marie Belle Antoine, Presidenta CIDH.

Urgieron al estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos, determinar las responsabilidades penales, designar un nuevo fiscal especial y reorientar la investigación de la PGR.

La CIDH expresó su voluntad de colaborar con el estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El informe país será presentado durante el primer semestre del 2016.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Entra en vigor homologación de protocolos de tortura, personas desaparecidas y desaparición forzada

Este miércoles entraron en vigor los protocolos para la homologación en todo el país de las investigaciones en casos de tortura, búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de desaparición forzada.

El anunció se dio durante la Trigésima Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

“Estos protocolos permitirán sin distingo de competencia local o federal investigaciones eficaces en casos de desaparición forzada y de tortura así como la localización de víctimas y mayores sanciones a los responsables”, Arely Gómez, Procuradora General de la República.

Para su elaboración, señaló, escucharon a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Además fueron impulsados tras la celebración del convenio de colaboración en la materia con la Secretaría de Gobernación, que incidió directamente en la capacitación de quienes participan y trabajan en la procuración de justicia.

“En este contexto, se enmarca la nueva realidad jurídica del sistema penal, donde transitamos hacia una dinámica acusatoria y preponderantemente oral, con una normativa integral”.

En el evento, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal habló sobre el multihomicidio en la Colonia Narvarte del periodista Rubén Espinosa, una activista de derechos humanos, dos de sus compañeras y una empleada doméstica.

“No vamos a descartar, hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación, todas deberán agotarse”.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Capacitan a personal de Agencia Especializada de Investigación para el Delito de Tortura

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal instruyó al personal ministerial de la Agencia Especializada de Investigación para el Delito de Tortura, para que cuando reciban una denuncia, pidan el apoyo médico y psicológico, para constatar si efectivamente, el denunciante fue víctima de dicha práctica ilegal.

Caso Martín del Campo Dodd, primer asunto de tortura que llegó a la CIDH y CoIDH

El caso Martín del Campo Dodd, acusado del homicidio de su hermana y su cuñado, por el no pago de una deuda, fue el primer caso de tortura que llegó a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Inculpado al que la Primera Sala concedió un amparo, ordenando su inmediata libertad, al comprobarse que fue torturado para que aceptara su responsabilidad en los delitos que se le imputaron.

“Desafortunadamente el sistema mexicano no ha sido diseñado ni para responder a las violaciones, de las víctimas de la violación de derechos humanos, ni a las víctimas de delito, este caso por eso es que tiene que trascender más allá únicamente de las partes que participaron en él”, Baldomero Mendoza, Abogado del inculpado.

Caso que se construyó a partir de la tortura y que después de 23 años, llega a su fin, al determinarse que en su caso se violó el debido proceso.

“No hay una declaratoria sobre si es culpable sobre el caso, ya que hay una insuficiencia probatoria, una de las consecuencias de acreditación de la tortura es que las pruebas se excluyen, quiere decir todas aquellas pruebas que son ilícitas no pueden ser tomadas en cuenta por los juzgadores”.

El abogado de los afectados, indicó que lo que resuelve la Primera Sala, es que una deficiencia en la actuación de las autoridades en este asunto.

“Lo que se reconoce es que hay una deficiencia en la actuación del estado y efectivamente, pues tiene que iniciarse una indagatoria de que es lo que realmente sucedió, lo que pasa aquí es que el estado no puede ejercer sus facultades de investigación violando derechos humanos”, Alex Ali Méndez Díaz, Abogado de los afectados.

Amigos de las hijas de las víctimas, lamentaron el fallo de la Primera Sala.

“Buenas tardes en relación de este asunto quiero pedir por favor que la Suprema Corte determine lo contrario, ya que esta persona es culpable”, Araceli Estrada, Amiga de las afectadas.

La defensa de Martín del Campo DODD, no descartó la posibilidad de demandar a las autoridades responsables de los actos de tortura y con ello, reclamar la reparación del daño que le ocasionó esta actuación.

José Luis Guerra García

Protocolo presentado por la SCJN contiene las obligaciones del Estado para erradicar la tortura y los malos tratos

El Protocolo, contiene un diagnóstico sobre dicha práctica en el país, las obligaciones del Estado para erradicar la tortura y los malos tratos.

El compromiso de respetar y garantizar el derecho a la integridad personal; y de prevenir, investigar, sancionar y reparar posibles violaciones.

Que en los procesos judiciales no se utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura, tal y como se señala en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un capítulo se refiere a juzgar y sancionar la tortura, fenómeno que a la fecha se mantiene en la impunidad, pues hay una ausencia de investigación de dicha práctica y de sentencias que la sancionen.

La tortura, se explica, es el medio que busca generar dolor físico, psíquico y moral con el fin de obtener información o una confesión; y que no existe justificante para eximir a los responsables de esta práctica.

También se establece la necesidad de detonar la persecución de la tortura y de otros delitos; y para impulsar mecanismos que permitan prevenir la tortura y otros delitos conexos como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

En los anexos se incluyen los tipos penales, medidas para desarticular la cultura de la impunidad, acciones a cargo de otras autoridades, inercias en el Poder Judicial que facilitan la tortura y la sugerencia para crea la Comisaría del Poder Judicial de la Federación, encargada de investigar y denunciar las prácticas de tortura.

José Luis Guerra García

Presenta SCJN Protocolo para juzgar hechos que involucren tortura y malos tratos

En materia de derechos humanos existen dos realidades: la legal en la que se han dado avances importantes y la real, la concreta, en donde persisten las violaciones a estos derechos.

Afirmó el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.

Fenómeno que organismos internacionales han denunciado prevalece en México, como una práctica común, para obtener confesiones.

“Al uso de la tortura y los malos tratos para la obtención forzada de confesiones y como parte de la averiguación de información; a un patrón en la práctica de la tortura y los malos tratos que incluye la intrusión sin orden de cateo en domicilios; la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civiles y en autos no identificados; el uso de insultos y amenazas para intimidar a las víctimas”.

Precisó que la tortura y malos tratos atentan contra el derecho a la integridad personal y el funcionario que la tolera, está enviando un mensaje de impunidad.

“La obligación de garantía, también supone que cuando cualquiera de las autoridades del estado tenga conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o agentes estatales perpetran actos de tortura o malos tratos, están obligados a investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos; no hacerlo, convierte al estado y a sus funcionarios en autores, cómplices o responsables”.

El Protocolo, dijo, establece reglas de actuación y orientación para juzgadores, que contribuyan a garantizar a las víctimas de este tipo de prácticas, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que solo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades”.

Con dicho instrumento se busca prevenir y erradicar esta práctica violatoria de derechos humanos en el proceso judicial, que en México casi el 45 % de las personas privadas de la libertad han sufrido tratos degradantes y tortura.

“Creo que el protocolo, como los anteriores protocolos, pone a la corte, nuevamente a la cabeza de la lucha, no solo la discusión, la lucha por el pleno respeto a los derechos humanos”, Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se trata de un documento autocrítico e innovador que busca poner fin a esta práctica violatoria de derechos humanos y que obliga a los juzgadores a denunciar formalmente a denunciar este tipo de conductas ilegales.

“Los abusos más graves de poder, solo se evitarán, cuando antes se persigan, sancionen y reparen los daños de otros delitos y violaciones a derechos humanos menos graves, como los allanamientos de morada, las detenciones arbitrarias, las extorsiones, los robos, los abusos de autoridad y las intimidaciones, que son el caldo de cultivo de la tortura, de las ejecuciones judiciales y de las desapariciones forzadas en nuestra patria”, Miguel Sarre Iguíniz, Integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.

El Protocolo estará disponible en la página de internet de la Suprema Corte para mil 250 juzgadores federales y 800 defensores públicos federales y para cualquier persona interesada en erradicar esta práctica que lesiona a toda la sociedad.

José Luis Guerra García