Justicia oral en el Distrito Federal

El 2014 debe ser el año de la justicia oral en la Ciudad de México, para dejar atrás la justicia escrita que está en crisis.

Así lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, luego de recorrer el nuevo edificio de juzgados de ejecución de sentencias del Reclusorio Norte.

Dos juzgados que deberán estar listos a finales de este mes de enero.

“Creo que el próximo año tiene que ser el año de los tribunales, el año de la justicia oral, la justicia oral es algo que ya exige, que ya reclama la población, es decir, toda nuestra justicia escrita está en crisis, a  mí no me gusta”.

El magistrado Azar reconoció que la falta de recursos ha impedido  el avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Sin embargo, aseguró que no es cierto que el Distrito Federal sea de las entidades más retrasadas en la implementación de la reforma penal de 2008.

“Eso no es cierto, son 16 entidades federativas que están igual o peor que nosotros y 16 entidades federativas que no tienen el tamaño de la nuestra”.

Destacó la importancia de la aprobación del Código Único de Procedimientos Penales, que ayudará a avanzar en la implementación de la justicia oral.

“La utilidad que tiene esta Ley única es sin límite, es decir, empezamos con orden, empezamos bien alineados, lo que no estaba sucediendo, era riesgosísimo seguir con el riesgo de 34 códigos penales diferentes, hubiera sido bárbaro o sea eso no hubiera caminado bien”.

Celebró también el anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que no se va a aplazar la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que deberá estar implementado en  todo el país en junio de 2016.

Juan Carlos González

Juezas en ejecución de sentencias

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, designó a dos mujeres como las primeras jueces para la aplicación de la Ley de Ejecución de Sentencias, que entrará en vigor el próximo 19 de junio.

Informó que continuará con la selección de aspirantes, hasta llegar a los 29 jueces que requiere dicha normatividad.

Resoluciones de la Primera Sala de la Corte

 En el 2008 Vanessa Castillo Guzmán se internó en el Hospital Central de Oriente, en la capital del país para practicarse una cesárea.

 No obstante, el médico que la atendió le dijo que la niña había nacido muerta y la habían incinerado.

 Cuatro meses después uno de los médicos le dijo que todo era mentira.

 Que la niña estaba viva y que la habían vendido a una pareja por diez mil pesos.

 La niña fue devuelta a su madre… Y seis personas, entre ellas el dueño del hospital y la mujer que compró a la menor fueron detenidos.

 Por ser un medio para cometer delitos al inmueble donde estaba el hospital se le aplicó la Ley de Extinción de Dominio.

 Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción para revisar dos juicios de amparo relacionados con este caso.

 Vanessa Castillo apeló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal porque en lugar de una indemnización por reparación del daño, sólo ordenó una terapia psicológica durante un año.

 El dueño del hospital, Victor Manuel Mancera González reclama el pago de una contraprestación, por la pérdida de su hospital.

 A través de estos juicios la Corte fijará  los alcances de la Ley de Extinción de Dominio en la que no está previsto el pago una compensación por la pérdida del inmueble.

Y la procedencia o no de la reparación del daño a la víctima todo esto desde la perspectiva de género.

En otro juicio la Primera Sala anuló la ley que regula las casas de empeño en el estado de Durango porque el congreso local no tiene facultades para legislar en materia de comercio.

Además, la ley impugnada por multiprestamos prendarios sociedad anónima, no distingue entre las casas de empeño constituidas como sociedades mercantiles  y las instituciones de asistencia privada.

Al resolver un amparo los ministros consideraron válidas las reglas que establece el Código Fiscal de la Federación sobre el secreto bancario.

La sentencia señala que esto sólo procede a petición de autoridades hacendarias y la información solicitada debe estar vinculada con la investigación para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

En la sesión de este miércoles la Primera Sala de la Corte resolvió 48 de los 50 asuntos listados para su discusión, entre ellos 7 facultades de atracción.

 Verónica González