Trata de personas en México

El combate a la trata de personas debe convertirse en una prioridad nacional.

Durante el foro “De víctima a superviviente”, se afirmó que la trata, es un delito que atenta contra la dignidad de las personas.

Ilícito que en la capital no será tolerado y una muestra de ello, es que a pesar de su reciente creación la fiscalía encargada de atender este delito ya ha dado sus primeros resultados.

“Ya tiene 10 averiguaciones previas, se han realizado también ya 10 operativos y se han consignado a 51 se han consignado a 51personas, apenas en este lapso ya se tienen estos resultados, se están atendiendo a 54 víctimas, quiero decirles que dentro de estas 7 menores de edad, por eso es tan sensible este tema”, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno D. F.

La trata es uno de los delitos que más ganancias genera en el mundo.

Es probablemente el segundo de mayor importancia, después de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, en algunos contextos llega a ser el tercero, si se le compara con el tráfico de armas, sin embargo, por los daños que produce en las víctimas, me parece que es menester considerarlo como una verdadera prioridad”, Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

En los últimos seis años en la capital se logró liberar a 365 víctimas, de las cuales, 242 fueron mujeres.

“Se han identificado 230 probables responsables de los cuales, se consignó a 211 y se desarticularon 19 bandas integradas en conjunto por 136 miembros, así el resultado de las investigaciones ha hecho posible proponer la acción de extinción de dominio, respecto a 20 inmuebles, cuyo valor representa en conjunto un monto total aproximado de más de 90 millones de pesos”, Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia D. F.

Se menciono que 32 de las 92 sentencias que se han dictado en el país por el delito de trata, se han concedido en el Distrito Federal.

Lugar en donde en breve, operará el primer refugio de atención a este tipo de víctimas.

José Luis Guerra García

La víctima en el ámbito de la administración de justicia

La víctima de un delito no siempre busca una compensación económica por el daño que le causaron, sino que se le haga justicia.

María del Pilar Martín Ríos, Catedrática de la Universidad de Sevilla, afirmó lo anterior al impartir la conferencia La víctima en el ámbito de la administración de justicia.

“Muchas veces, incluso en la práctica, no son tan comunes pero sí se dan, la víctima renuncia a esa reparación económica, porque lo que quiere es otro tipo de satisfacción moral. La satisfacción de participar en ese proceso, la satisfacción de poder proponer pruebas, la satisfacción de poder solicitar una condena para su victimario”.

Con la disertación de la penalista española concluyó el ciclo de conferencias en materia penal, que organizó el Instituto de la Judicatura Federal.

La conferencista hispana dijo que durante un tiempo, no se tomó en cuenta a la víctima.

“Concretamente las dos décadas del Siglo XX han surgido movimientos que han abogado precisamente por el resurgimiento de la víctima del delito; como decía, había sido secularmente postergada, relegada a un segundo plano”.

Comentó que en España, ser víctima tiene un costo económico elevado.

“Solamente aquellas víctimas que casi rozan la indigencia, las víctimas que no llegan al mínimo exigido para gozar de la asistencia gratuita, solamente ellas van a poder tener un abogado y un procurador de oficio, las demás tienen que pagarla de su bolsillo. Eso es evidente”.

María del Pilar Martín mencionó que en España existen tres tipos de acusador, que son el popular, quien sin ser la parte afectada desea participar en el proceso; el particular es la víctima del delito, y el privado es el ofendido por delitos como la injuria o calumnia contra particulares.

Heriberto Ochoa

 

Reparan daño a víctima de secuestro por extinción de dominio

Un juez federal ordenó la reparación del daño a una víctima de secuestro, a través del dinero producto de la venta del inmueble donde permaneció privada de la libertad.

Javier Flores Padilla, juez 3º. de Distrito del Centro Auxiliar de la 1ª. Región, especializado en Extinción de Dominio  con competencia y jurisdicción en toda la República, informó que esta determinación tiene como objetivo disminuir los recursos con los que cuenta el crimen organizado.

Es el primer caso en que la víctima de un delito se beneficia con la aplicación de la Ley federal de extinción de dominio.

Esta ley contempla la creación de un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

El juez Flores Padilla ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibir la cantidad respectiva por la venta de la casa cuyo dominio fue extinguido.

Esto con el propósito de poner el inmueble a disposición de la víctima por la reparación del daño que consistió en el pago de la cantidad que entregó a sus plagiarios para ser liberada.

De resultar insuficiente el monto producto de la venta de la casa, el juez determinó que el resto se pague a la víctima con el dinero depositado en el fondo o fideicomiso público.

Desapariciones forzadas en México

Urge una Ley general sobre desapariciones forzadas en México, advirtieron representantes de la ONU y familiares de víctimas.

“Se tiene que responder a una situación que está sufriéndose, que está padeciéndose, que está generando dolor en este país, una auténtica tragedia para muchísimas, muchísimas familias”, Alan García, Oficina México Alto Com. ONU para Derechos Humanos.

En foro en la UNAM, destacaron su preocupación por la falta de una cifra cierta de desaparecidos.

“412 casos al gobierno de México, de ellos 24 casos se han esclarecido sobre la base de información suministrada por las fuentes… No hay un diagnóstico oficial que permita dar una respuesta adecuada a la dimensión del problema”.

“Cifra que hoy se ha incrementado hasta hablar de más de 18 mil y algunas organizaciones piensan que pueden ser hasta más de treinta mil personas las que han sido desaparecidas”, Nadín Reyes, Comité Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Esta ley es necesaria, dijeron, ante el vacío legislativo en la materia, pues sólo una tercera parte de las entidades ha tipificado el delito de desaparición forzada.

Entre los contenidos más indicados propusieron la tipificación autónoma del delito de desaparición forzada, y establecer penas apropiadas.

“El grupo de trabajo de Naciones Unidas ha identificado una pena oscilante entre los 25 y los 40 años de prisión es adecuada”, Alan García, Oficina México Alto Com. ONU para Derechos Humanos.

Debe considerarse un delito imprescriptible y de carácter continuado hasta que se sepa del paradero de la víctima.

“En donde es muy visible el efecto, no jurídico, sino vivencial, de la continuidad de este crimen es en los familiares”, Santiago Corcuera, Ex Miembro Gpo. Trabajo Desapariciones Forzadas ONU.

Exigieron a los legisladores considerar los estándares internacionales para desarrollar esta ley.

Mario López Peña

 

Interviene presidente de Afganistán

En Afganistán fue liberada una mujer condenada a tres años de prisión luego de ser violada por su cuñado… El presidente, Hamid Karzai, intercedió por ella… La víctima decidió casarse con su agresor para evitar más castigos.

Endurecen sanciones

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley general para prevenir y sancionar el delito de secuestro, para incluir la prisión vitalicia a los secuestradores cuando la víctima muera o bien, si esta es sometida a tortura o violencia sexual.

Investigan a juez por golpiza a su hija

En Estados Unidos, el juez, William Adams, es investigado por golpear a su hija con parálisis… La menor de 16 años había descargado música ilegal de internet… De acuerdo con su padre,  solo se trataba de un correctivo… El video fue grabado y subido a internet por la propia víctima.

En el INACIPE fueron analizados los juicios orales en materia de delitos sexuales

Los juicios orales en los que se desahoguen procesos relacionados con delitos sexuales deberán cumplir con ciertos requisitos y restricciones, con el propósito de proteger la dignidad e intimidad de la víctima, afirmó el catedrático, Rodolfo Félix Cárdenas al dar una conferencia sobre este tema en el INACIPE, en el marco del homenaje al jurista Raúl F. cárdenas.

Recordó que si bien uno de los objetivos del juicio oral es la transparencia y máxima publicidad, en estos casos las audiencias deberán ser privadas.

Imagínate tú que para poder desahogar una pericia en medicina forense, se tenga que echar mano de las fotografías de las partes íntimas de una menor que ha sido violada, entonces esas fotografías se van a utilizar en el juicio, van a estar ahí y el perito se va a referir a ellas y el perito va a decir bueno en estas fotografías observamos estas características, que a mí perito me hacen decir o entender en términos médicos que estas lesiones que tiene la menor no son resientes, es decir la menor no fue atacada o agredida sexualmente el día que dijo, porque estas tienen tanto tiempo más atrás no, entonces no vamos a estar proyectando ni hablando de esto en frente de toda la sala”.

Añadió que en los casos de violación se tendrá que proceder a la revisión de la víctima, misma que tendrá que ser realizada por un especialista, previó consentimiento de la afectada.

“Se tiene que hacer de manera digna, respetuosa y además cuidadosa, porque en ello precisamente va y esto es un tema muy importante para efecto de juicio, en ello precisamente va, que la práctica probatoria, la práctica probatoria pueda tener verdadera contundencia para el efecto de juicio”.

Indicó que tratándose de menores, deberán estar acompañados por un adulto en este tipo de pruebas y durante las audiencias quizá lo prudente sería, evitar el careo entre la víctima y el inculpado.

“Porque esto sí que representa un verdadero supuesto de una victimización, una doble victimización muy grave al menor, que ha sufrido la agresión sexual”.

Precisó que en estos casos la práctica común es implementar declaraciones a distancia para evitar la confrontación cara a cara entre víctima e inculpado. 

José Luis Guerra García