Concluye Curso de formación y aplicación de los estándares internacionales en materia de combate a la tortura

En la última sesión del Curso de formación y aplicación de los estándares internacionales en materia de combate a la tortura, el especialista Miguel Sarre habló de las obligaciones que tienen los juzgadores para castigar este delito.

Primero, identificar aquellos casos en los que se presuma que se ha cometido el delito de tortura y denunciarlo ante el ministerio público.

“Cómo podemos ir más allá, qué elementos hay que no estamos viendo, que no estamos detectando, que están pasando delante de nosotros y no los estamos viendo, estamos siendo omisos en nuestra responsabilidad de juzgar a cabalidad el caso que tenemos enfrente”.

Señaló que la obligación de los jueces no sólo es denunciar un posible caso de tortura, sino también darle seguimiento para que ese delito no quede impune.

 “Cuánto podría cambiar la situación de la tortura en cuanto a evitar la impunidad, hacerla menos improbable, si en las procuradurías supieran que va a haber alguien del Poder Judicial que estará al pendiente de esos casos”.

Para prevenir casos de tortura, el Poder Judicial debe participar en campañas de concientización, visitar a víctimas de tortura y promover cambios legislativos, según el especialista.

En la séptima sesión del curso, también participó Zamir Fajardo, asesor de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quien se refirió a las medidas que deben tomar los jueces para evitar la repetición de actos de tortura.

“Es no sólo la garantía de no repetición se refiere a que una persona que fue puesta en una situación de modo y lugar y sometida a tortura vuelva a ser sometida a las mismas condiciones, tiene que ver con evitar que otras personas caigan en las manos de esta grave violación a los derechos humanos”.

Así concluyó en la sede alterna de la Suprema Corte el Curso de formación y aplicación de los estándares internacionales en materia de combate a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se realizaron siete sesiones en las que participaron destacados especialistas en este tema, como es el relator especial de la ONU sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez.

Juan Carlos González

Derecho penal penitenciario

En el ámbito federal los mecanismos de protección  para las personas privadas de su libertad no están desarrollados, pues existe un vacío en la ley, advirtió el maestro en derecho, Miguel Sarré.

En el Curso taller de derecho penal penitenciario, dijo que ya se analiza en el Senado, la ley de ejecución penal única, que permitirá establecer los procedimientos en la materia.

“Estas iniciativas deben establecer los procedimientos, es decir, es una consecuencia de la judicialización de la pena, ahí deben estar los procedimientos para hacer valer estos derechos, mientras no tengamos esa ley tenemos el procedimiento general, el procedimiento extraordinario, el amparo”.

Dijo que en la ejecución penal, la función del juez no es de supervisión, en México, esta tarea corresponde a las comisiones de derechos humanos.

“Con la nueva ley pues tendremos ya un, no quiero decir un arsenal, pero un kit de herramientas procesales para hacer valer los derechos, incluyendo medidas cautelares por ejemplo”.

Otro de los problemas que destacó en el proceso, es que los defensores se enfrentan a represalias por parte de autoridades administrativas en penales o centros de reclusión, si pretenden las mejoras en la calidad de vida de los internos.

“Que no sean los poderes ocultos de los centros de prisión de internamiento los que predominan, sino que sean los poderes abiertos, que no sean los poderes fácticos de la cárcel sino los poderes constitucionales los que impongan la pena”.

El profesor Miguel Sarré, destacó que el debido proceso se observa en relación con juicios justos y ejecuciones bien llevadas.

La nueva ley, agregó, cambiará el rostro del litigio en México, a favor de los derechos humanos.

Martha Rodríguez

Curso taller de Derecho penal penitenciario

El sistema penitenciario en el nuevo esquema de justicia penal, tendrá que ser totalmente transparente y fincarse en el respeto a los derechos humanos, de las personas privadas de su libertad.

Manifestó el catedrático Miguel Sarré, durante el Curso taller de Derecho penal penitenciario, en donde añadió, que el estado deberá garantizar la seguridad y la tranquilidad de los internos.

“Asumir este clima de seguridad interna, implica renunciar a la otra pretensión, porque la otra pretensión de transformar lleva consigo el ejercicio de poderes discrecionales, lleva consigo actos de corrupción”.

Puntualizó que a pesar de estar privados de su libertad, los sentenciados, conservan ciertos derechos que deben ser garantizados por los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las condenas.

“El carácter fructífero de la pena, no lo va a determinar el Estado, lo va a determinar la persona privada de la libertad, él va a decidir o ella va a decidir que van a hacer con esos años de privación de la libertad, al estado lo que le corresponde es proporcionar primero un clima básico de legalidad, de seguridad jurídica, jurídica y materia personal y segundo una serie de servicios, una serie a título de derechos”.

Derechos como la capacitación para el trabajo, a la educación o el deporte, que en un momento dado su ejercicio, permitirían al interno, gozar de la libertad anticipada.

“Si tú no realizas las actividades uno a 5, por lo tanto no estás preparado para la libertad y yo te voy de alguna manera a sancionar por esto”.

Puntualizó que en el nuevo sistema, el inculpado solo deberá cumplir la sentencia que ordene el juez, sin ningún tipo de sanción adicional impuesta por la autoridad administrativa.

José Luis Guerra García

Derecho penal penitenciario

Inició la segunda etapa del Curso Taller de Derecho Penal Penitenciario, impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la SETEC.

Este curso es un esfuerzo del Poder Judicial de la Federación por capacitar funcionarios judiciales y defensores públicos como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

En esta primera sesión, se abordó el derecho al debido proceso.

“El debido proceso no termina con la sentencia, el debido proceso continúa a lo largo de la ejecución de la pena cuando se impone la pena… El debido proceso en materia de ejecución penal empieza no con la sentencia, sino que empieza desde el primer día de internamiento”, Miguel Sarre, Coor. Académico Curso Taller Derecho Penal Penitenciario.

Miguel Sarre, especialista del ITAM y coordinador académico del taller, subrayó que el debido proceso debe entenderse como la justa ejecución de las resoluciones judiciales privativas de la libertad.

Definió la reinserción social como concepto jurídico para que sea armónica con el texto de la reforma constitucional.

“Es el restablecimiento pleno de los derechos de la persona tras haber cumplido una pena con apego a las exigencias constitucionales, con respeto a los derechos constitucionales”.

Esta segunda etapa consistirá en sesiones teóricas y prácticas.

Se analizará la evolución de los artículos 18 y 21 constitucionales.

La protección de los derechos humanos en el ámbito de la ejecución penal-penitenciaría mediante el juicio de amparo.

Las consecuencias de la naturaleza penal de las controversias en reclusión: plazos, no agotamiento de recursos y suplencia.

Las implicaciones de la nueva Ley de amparo en materia de ejecución penal penitenciaria.

Serán impartidas en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.

Mario López Peña

Derecho penal penitenciario

El juicio de amparo será clave para que el Poder Judicial tome pleno control de la ejecución de la pena ante las autoridades penitenciarias, aseguró Miguel Sarre, investigador del ITAM.

“Esta autoridad auxiliar que se convirtió en la mandamás en el ámbito de la ejecución penal y entonces vamos a tener que revertir esto… Yo le digo que la realidad penitenciaria se va a cambiar a golpe de amparos”.

En el curso taller sobre derecho penal penitenciario impartido en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el amparo debe ser el recurso para exigir los derechos humanos del sentenciado mientras cumple su pena.

“Cómo poder exigir mediante el juicio de amparo elementos muy cuantificables, muy básicos, como el acceso a agua potable para personas privadas de la libertad… Para exigir lo mínimo para exigir frutas y verduras, cosas muy concretas”.

Lo importante, subrayó, es recuperar el imperio de la ley dentro de la ejecución penal.

“Para que no sea el imperio del más fuerte”.

Es necesario, dijo, que se desarrolle en el país el andamiaje necesario para hacer efectiva la ejecución penal.

Destacó que en unos meses ya habrá una Ley de ejecución penal para todo el país.

Mario López Peña