Segunda Sala resolverá asunto en materia de seguridad nacional
05/01/2016 Deja un comentario
En la agenda jurisdiccional de la Segunda sala se encuentran diversos asuntos que le permitirán establecer precedentes relevantes en diversas materias.
Entre ellos destaca el primer recurso de revisión que conocerá el Máximo Tribunal en materia de seguridad nacional.
El recurso busca anular una resolución del INAI que obliga a la Presidencia de la República a entregar a un particular los itinerarios y planes de vuelo de toda su flota aérea, del periodo de julio a octubre de 2014, incluyendo el origen, destino, hora de salida y hora de llegada de aviones y helicópteros, medida que según el Ejecutivo pone en riesgo la seguridad nacional.
En un asunto más, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente impugna resoluciones del INAI, que le obligan a entregar los nombres de los contribuyentes que se vieron beneficiados con la condonación de multas por adeudos fiscales en 2014 que concedió el SAT, por un monto superior a los 17 mil millones de pesos.
La Segunda Sala deberá definir si la PRODECON, es titular del interés legítimo colectivo de los contribuyentes que dice representar o es sujeto obligado para entregar la información requerida.
Además resolverá un amparo en el que deberá fijar los parámetros para cuantificar la indemnización derivada del daño por responsabilidad patrimonial del estado, causado por una actuación deficiente del IMSS, misma que generó la infección de un menor con el virus del VIH SIDA.
La familia se inconformó con la indemnización fijada por el IMSS que fue de un millón 336 mil pesos, cantidad que no toma en cuenta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contempla indemnizar a toda la familia integrada por 5 personas.
También resolverá el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio acusadas de secuestras a 6 agentes de la AFI en 2006.
Reclaman una indemnización por el daño material y moral por el tiempo que estuvieron privadas de su libertad, por la actuación irregular del Ministerio Público de la Federación.
Además estudiará un amparo en el que Pemex y Pemex Refinación impugnan una multa por 653 millones de pesos que les impuso la extinta COFECO, por aparentes prácticas monopólicas, pues obligaba a las estaciones de servicio a contratar pipas y personal del sindicato petrolero para transportar el combustible a sus establecimientos.
José Luis Guerra García