Tlaxcala contará con Centro Archivístico del PJF

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Luis María Aguilar Morales firmó el acuerdo para la donación de un predio por el Gobierno de Tlaxcala para la construcción del Centro Archivístico del Poder Judicial de la Federación.

“Es una cosa muy importante para el Poder Judicial de la Federación y concretamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder contar con los inmuebles y los espacios para poder desarrollar el trabajo de impartición de justicia federal… Vamos a construir un gran archivo judicial que va a concentrar toda la memoria histórica del Poder Judicial de la Federación que no es sólo numerosa, sino que está creciendo cotidianamente a pasos agigantados, la justicia federal se calcula que para este año se generen 1 millón 140 mil expedientes”.

El Ministro Presidente subrayó el apoyo del pueblo de Tlaxcala para el desarrollo de la impartición de justicia federal.

“Agradezco al pueblo de Tlaxcala la solidaridad… Todos estos expedientes deben ser resguardados, deben ser protegidos y almacenados por eso obras como las que vamos a construir aquí son fundamentales”.

El gobernador del Estado, Mariano González, destacó que esta donación se suma a los esfuerzos para que la justicia federal se fortalezca en Tlaxcala.

“El cuál se distinguirá por ser de los centros más grandes de Latinoamérica, el centro albergará documentos históricos del desarrollo del Poder Judicial en México y administrará más de 13 millones de expedientes de más de 850 órganos jurisdiccionales del país contará con la mejor tecnología y con los estándares más elevados en materia de seguridad”.

El Centro Archivístico tendrá una superficie de 8.82 hectáreas. Contempla la construcción de:

El espacio de archivo, área de oficinas, biblioteca de acceso público, módulo de acceso a la información y servicios generales.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Concluye Coloquio Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores

Discriminación, maltratos físicos, despojos, carencias en atención médica y falta de autonomía para tomar decisiones, son parte de los problemas que enfrentan personas mayores en México.

Es el diagnóstico que presentó Patricia Rebolledo, de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, en el Coloquio Internacional que se organizó sobre este tema en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.

“Hay una carencia preocupante de instituciones donde puedan acceder personas mayores con deterioros cognitivos en la manifestación de la voluntad libre y expresa de las personas mayores para ingresar o egresar de una institución de larga estancia ya vimos que esto no se da en la realidad”.

Denunció que en nuestro país no se han desarrollado políticas públicas para fortalecer la labor de las instituciones privadas que brindan atención a personas mayores.

Pidió que se contemple en el protocolo de actuación que elabora la Suprema Corte sobre personas mayores, los problemas que padecen las instituciones privadas por la falta de tutela de las personas mayores.

“Que haya un reconocimiento judicial por parte de los procuradores de justicia hacia las organizaciones de la sociedad civil que en un momento dato tenemos que tutelar a una persona mayor, a una persona mayor que no tiene ni familiares ni recursos y que es enviada a una institución”.

En el Coloquio participaron funcionarios del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, quienes aseguraron que sí hay un avance en los programas que se han puesto en marcha a favor de las personas mayores.

“México, lo digo, lo sigo diciendo, es un país de vanguardia en atención de las personas adultas mayores”, Sergio Valdés, Atención Geriátrica INAPAM.

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en México hay 12.1 millones personas mayores de 60 años, lo que representa el 10.03% de la población, que lo coloca como un país envejecido.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Presentan libro Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto

Por ley, uno de los derechos que se quita a las personas privadas de la libertad es el derecho a votar y ser votado, aun cuando no se les haya dictado sentencia. Sin embargo, su limitación implica violaciones a otros derechos, el más básico: el reconocimiento de la existencia y la presunción de inocencia.

“Hay algo mucho más grave, que nos coloca en cómo entendemos y concebimos la reclusión todavía hoy en día en México: como un espacio de castigo donde los derechos se tienen no sólo que suspender sino que existe casi legitimidad para violarlos”, Corina Giacomello, Autora de libro.

Y la restricción adquiere mayores dimensiones cuando se trata de un grupo vulnerable: las mujeres.
 
“Podemos demostrar científicamente que así sucede porque sobre las mujeres privadas de su libertad no solamente recae todo el peso de la ley sino todo el peso de nuestra cultura”, Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva INMUJERES.

La investigadora del INACIPE, Corina Giacomello, visibilizó dicha problemática en el libro: Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto, presentado en el Palacio Negro de Lecumberri.

“Como ya no soy ni tengo derecho a votar a ser una persona políticamente existente no tengo tampoco ni identificación, entonces salgo yo habiendo trabajado en mi reinserción como debo y lo último que tengo es derecho a un trabajo”, Saskia Niño De Rivera, Fundadora de Reinserta A.C.

Cambiando el paradigma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció un importante precedente en 2007 al aplicar control de convencionalidad, en un caso donde el entonces IFE, negó a un particular la expedición de su credencial de elector porque estaba siendo procesado por daño en propiedad ajena, derivado de un choque vehicular.
 
“Entonces teníamos en el artículo 38 de la Constitución que los derechos políticos se suspenden con formal prisión, pero teníamos en el 23 de la Convención Americana que los derechos políticos por causa criminal solo se suspenden por sentencia de condena”, Constancio Carrasco Daza, Magistrado Presidente TEPJF.

Enfatizaron que se requiere una modificación a la Constitución para ampliar el derecho al voto a todas las personas que se encuentran procesadas y garantizarlo como reconocimiento de su existencia.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Convoca PRD a SEGOB para realizar mesa de diálogo pública sobre matrimonio igualitario

Para que no haya riesgo de violencia en México por la diferencia de opiniones sobre el matrimonio igualitario, el PRD en el Senado presentará un punto de acuerdo.

Armando Ríos Píter, legislador de ese partido, aseguró que se busca que la Secretaría de Gobernación intervenga y proteja el Estado laico.

“No está haciendo su chamba, no está atendiendo esa problemática ha preferido flotar como corcho, ha preferido desatenderlo obviamente por un cálculo, es nuestra o lo veo por un cálculo político no podría entender otra razón por la que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que el subsecretario de asuntos religiosos, Humberto Roque Villanueva no se involucren en algo que hoy está generando repito, tensión”.

A decir del senador Ríos Píter, los representantes de la Iglesia Católica están incurriendo en faltas a la ley en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lo que quedó de manifiesto en la publicación “desde la fe” y en constantes declaraciones públicas.

“Violentan las leyes reglamentarias del artículo 130 que expresamente señalan “los ministros de culto no podrán en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”, lo que ha dicho la Corte con toda claridad y la resolución de la jurisprudencia que ha tomado ha sido basándose precisamente en las leyes mexicanas”.

Dijo que la marcha del pasado 24 de septiembre por la familia, sólo exhibió un nivel de intolerancia y discriminación, que van en contra de los principios de convivencia que señala la Constitución.

La propuesta legislativa establece también, convocar a una mesa de diálogo pública y abierta que busque la conciliación en este tema.

Martha Rodríguez

@marthaarod

CoIDH resolverá denuncia sobre violaciones a derechos humanos de mujeres en el Caso Atenco

Tras 10 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en el Estado de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre el caso.

Lo anterior debido a que México no acató la resolución de la Comisión Interamericana en respuesta a la denuncia que interpusieron 11 mujeres por las graves violaciones a sus derechos humanos.

“Podemos concluir que hasta la fecha no hay una sola persona sancionada efectivamente”, Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

 “Estamos ante un caso no solo de tortura, sino de tortura sexual a mujeres, una expresión extrema brutal de discriminación contra la mujer por su condición de mujer evocando a estereotipos roles sociales, etcétera entonces la corte también va a analizar como lo hizo la comisión en su momento la responsabilidad del estado por violar el derecho a igualdad ante la ley”, Stephanie Erin Brewer, Área Internacional CDH Miguel Agustín Pro Juárez.

Se estima que en dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia en la que determine la sanción para el Estado mexicano por la violación al derecho a la libertad y a la integridad de las 11 quejosas.

 “Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz, en caminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el responsable de las graves violaciones cometidas en Atenco”, Claudia Hernández, Mujer de Atenco.

El proceso en la Corte contará con una fase escrita en la que las 11 mujeres estarán acompañadas en el litigio por el Centro Pro, se realizará una audiencia pública y eventualmente la Corte pronunciará su análisis legal del caso.

“Incluye medidas de no repetición que pueden ser reformas legislativas programas políticas de cualquier índole… Atacar las causas de este tipo de hechos”, Stephanie Erin Brewer, Área Internacional CDH Miguel Agustín Pro Juárez.

Con este dictamen serían 8 las sentencias del organismo regional emitidas contra el Estado mexicano, de las cuales 3 están relacionadas con violencia contra las mujeres.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie