La estrategia de combate al crimen organizado, durante el gobierno de Felipe Calderón, dejó como saldo más de 40 mil víctimas y más de 10 mil desaparecidos.
Eso se dijo durante un foro realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se precisó que México debe establecer una política para reparar el daño ocasionado a dichas víctimas.
Se propuso destinar el 10 por ciento del presupuesto de seguridad, a la reparación del daño originado a las víctimas.
Reparación que debe incluir el pago de una indemnización, asesoría jurídica y apoyo médico, para subsanar el daño material y psicológico, ocasionado a las víctimas, tal y como lo recomiendan organismos internacionales.
“La semana pasada, la asamblea general adoptó los principios sobre la ayuda legal que insistía que las víctimas deben obtener una ayuda legal pagada por el estado”, Irvin Weller, Presidente, Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas.
Se indicó que también debe modificarse la política de seguridad, de reactiva a preventiva, para reducir la incidencia delictiva.
“Con una inversión del 10 por ciento de dinero, el equivalente de dinero que es invertido en el sistema de reacción, será posible de disminuir la violencia en México en 50 por ciento, en los próximo 5, 10 años”.
El Director del INACIPE, Rafael Estrada Michel, indicó que el país, ya ha dado algunos pasos para tratar de reparar el daño ocasionado a las víctimas de un delito.
“A nivel reglamentario, incluso se han planteado ya reformas al propio texto de la ley general de víctimas, creo que debe estructurarse un sistema operativo, que permita que instancias como PROVICTIMA y las instancias de protección a las víctimas en los estados funcionen adecuadamente para aterrizar los principios de la propia ley de víctimas”.
Reconocieron que también es indispensable un cambio cultural, para revertir la actual situación, de que el 98 por ciento de los delitos no se denuncian, quedando en la impunidad.
José Luis Guerra García
Canal Judicial 