La Suprema Corte dio a conocer el reglamento interior del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional.
El cual parte del principio de inclusión y no discriminación, para garantizar a todos los niños, incluidos los que presentan alguna discapacidad, disfrutar de una vida plena, diga e independiente.
Los servicios de educación inicial, preescolar y de estancia infantil, se prestarán con pleno respeto a los derechos humanos y partirán del principio de igualdad.
Además, deberán planificarse con anticipación los programas específicos de apoyo a los menores con discapacidad.
El reglamento define los servicios que prestará el CENDI y los requisitos que se deben cumplir, para tener derecho a ellos.
Los derechos y obligaciones de los beneficiarios y autoridades, entre ellos, derecho a recibir un trato digno y a estar informados de las actividades y materiales a emplear.
También contempla medidas preventivas, como el cierre de sus instalaciones en casos de posibles epidemias, falta de seguridad o cualquier causa que impida el desarrollo adecuado de sus actividades.
En caso de incumplir el reglamento, se prevé como sanción el apercibimiento verbal a los beneficiarios, suspensión temporal del servicio hasta por 10 días hábiles y suspensión definitiva del servicio del CENDI.
El Centro de Desarrollo Infantil, contará con un Consejo Técnico Consultivo, mismo que estará encabezado por el Director General de Recursos Humanos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por las CNDH y la Comisión de Derechos Humanos capitalina contra artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014).
El inicio del debate pasó por la presentación de dos propuestas del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente de los asuntos: en particular por la que plantea suplencia de la queja para llegar a la invalidez de disposiciones de la ley impugnada, por falta de consulta previa a las personas con discapacidad.
“Se declara la inconstitucionalidad de la porción normativa, que dice: personas con discapacidad de la fracción LXIV del artículo 9 y de la totalidad de la fracción II del artículo 69 de la Ley de Movilidad por haberse emitido sin consulta estrecha con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad”.
Para algunos ministros la falta de consulta provocaría la invalidez total de la Ley de Movilidad, pues sería contraria a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“En los términos que prevé este artículo 4.3: primero, de celebrar una consulta estrecha, que ya de suyo es bastante complicado; y, segundo, colaborar activamente con las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan, creo que cuando la Asamblea Legislativa no satisface esto, afecta de invalidez a la totalidad del ordenamiento”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“En donde la prioridad primera es tomar en cuenta a las personas con discapacidad, en términos de la propia ley, por supuesto que deben opinar, no nada más sobre los artículos expresos en donde se refiere a las personas con discapacidad, sino en relación a todo lo que señala la ley a efecto de que ellos se pronuncien”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
Otros ministros argumentaron que no habría violación a la consulta previa, pues la ley impugnada no es específica para las personas con discapacidad. “Está hablando de condiciones generales respecto de lo que debe entenderse de accesibilidad, no de discapacidad, sino de accesibilidad de las personas para poder transitar, para poderse mover, para ser, y no está ni calificando ni definiendo a las personas con discapacidad ni a la discapacidad misma, desde un punto de vista”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
“Las consultas no son mecanismos de democracia directa o conceptos que se integren al procedimiento legislativo… El hecho de que no exista la regulación necesaria –y no es suficiente para realizarla, y que por ello no se halla llevado acabo– no resulta suficiente para invalidar el procedimiento que dio origen a la norma impugnada, ni parcialmente, como lo propone el ministro ponente, ni totalmente”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
El estudio de este asunto continuará en la sesión pública de este martes.
En otro tema, el Pleno fijó como efectos de la declaratoria de invalidez de seis artículos del Código Penal del Estado de México relativos al secuestro, su retroactividad a partir de la entrada en vigor de la Ley General contra el secuestro.
Y precisó que esta nueva ley tiene artículos transitorios que establecen: que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor, se seguirán conforme a la anterior ley, y tratándose de hechos posteriores a la entrada en vigor de la Ley General, serán aplicables las disposiciones anteriores del Código impugnado.
La lucha contra la impunidad es el reto más grande que enfrenta México para lograr un verdadero sistema de justicia y su combate implica la correcta clasificación del delito.
“La naturaleza del crimen es importantísima a la hora de conducir una investigación y una persecución del delito adecuada”, Ina Zoon, Open Society Justice Initiative.
Durante el Foro Internacional: Combate a la impunidad por violaciones graves a derechos humanos, expertos de América Latina compartieron experiencias positivas sobre la investigación, procesamiento y sanción de responsables de delitos.
La nueva directora del Programa: Estado de derecho, de la Fundación Konrad Adenauer, habló sobre su visita a México en el marco de la XII Cumbre de Presidentes y Magistrados de Tribunales Constitucionales de América.
Destacó el realismo sobre crímenes atroces que proyectan los murales del artista Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Me permitió suponer que la justicia mexicana no cierra los ojos ante las violaciones de derechos humanos y que puede estar dispuesta a la crítica, a enfrentarse con su pasado, a ocuparse de los crímenes atroces, lucha contra su comisión y por perseguir a sus autores, incluso si forman parte del Estado”, Marie-Christine Fuchs, Dira. Programa Estado de Derecho Konrad Adenauer.
Y es que el cuello de botella para que los casos lleguen al Poder Judicial, señaló en entrevista el Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, son las procuradurías y fiscalías.
“Les cuesta mucho trabajo a las procuradurías y ministerios públicos de la PGR abrir investigaciones en contra de militares por haber cometido delitos y particularmente por los entendimientos y convenios de colaboración que existen entre dos instituciones del Estado que son la PGR y la SEDENA y es muy difícil que las investigaciones avancen adecuadamente”, José Antonio Guevara, Presidente CMDPDH.
Los participantes pusieron a debate si es necesaria la intervención de organismos internacionales, en especial de la Corte Penal Internacional, para lograr que actos ilegales cometidos por servidores públicos como parte de una política de Estado, lleguen a una sentencia.
Activistas de diferentes organizaciones sociales acudieron al Senado a presentar una propuesta para que los derechos de la naturaleza sean incluidos en la Constitución de la Ciudad de México.
“Consideramos que es urgente incorporar el concepto de que la naturaleza es sujeta de derechos”, Laura Valdés, Ambientalista.
“Hagamos un gran esfuerzo, hagamos una gran conciencia unida llena de luz, llena de amor por salvaguardar lo que queda de nuestra madre tierra”, Tonalmintl Guadalupe Retiz, Artista y activista ambiental.
Consideraron necesario que no se siga tratando a la naturaleza como un objeto que puede ser explotado, sino como un sujeto que tiene derechos.
Advirtieron de los riesgos que podría sufrir la humanidad en caso de no frenar el deterioro ambiental.
“Si no actuamos ya de manera clara, consistente y, en algunos casos, de forma radical, no tendremos tiempo de enfrentar el cataclismo socio-ambiental que se avecina”, Francisco Ayala, Activista.
El senador Roberto Gil Zuarth, quien formará parte del Constituyente de la Ciudad de México, fue el encargado de recibir la propuesta de los activistas.
Se comprometió a impulsar la incorporación de los derechos de la naturaleza en el texto constitucional capitalino.
“Trascender a esa visión de que la Constitución únicamente norma las interacciones entre individuos, entre el Estado y el individuo o bien entre una propia sociedad y nos plantean una idea de constitucionalismo que también se preocupe por la interacción del individuo, el Estado y de la sociedad con la naturaleza”.
El próximo 15 de septiembre entrará en funciones la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México.
La CNDH recomendó homologar el perfil civil y profesional de quienes laboran en los centros penitenciarios del país
A través de un pronunciamiento destacó que se deben privilegiar las acciones encaminadas a la reinserción social efectiva de los internos, para que éstos no vuelvan a delinquir.
Subrayó la importancia de atender lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales en relación con el perfil general que debe cubrir el servidor público que labore en los centros de reclusión para garantizar su desempeño profesional.
“Hay que entender y remediar los factores que generan y propician la violencia, adoptando un enfoque preventivo que disminuye o evite las ocasiones en que la misma se presente, como sociedad no podemos acostumbrarnos o resignarnos ante la violencia”, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH.
Especialmente en lo que se refiere a conocimientos mínimos necesarios, aptitudes técnicas, habilidades específicas, cualidades y valores, teniendo como elementos transversales la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos.
La CNDH presentó siete propuestas, entre las que destaca que en los lugares que aún estén bajo el mando policial o militar se reemplace por personal penitenciario civil idóneo, de conformidad con los ajustes presupuestarios necesarios y las normas y estándares nacionales e internacionales.
Contar con suficiente personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia, previa selección y capacitación, y que las intervenciones de las fuerzas especiales policiales o militares sean excepcionales.
Sus tareas no deben limitarse a mantener el orden, vigilar corredores y prestar atención para atender disturbios, lo que extravía por completo la misión de este servicio, acotándolo a la labor de vigilante.
De acuerdo con el INEGI, el personal penitenciario ascendió en todo el país a 37 mil 267 personas, en tanto que la población interna llegó a 242 mil 279 personas en abril de 2016.
La Suprema Corte en coordinación con Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, lanzaron la convocatoria del Concurso Género y Justicia edición 2016, en las categorías de Ensayo, Reportaje Escrito y Documental.
Los trabajos deberán abordar temas de igualdad y no discriminación de género en el acceso a la justicia.
Ejercicio y goce del derecho de las mujeres, niños y adolescentes a la igualdad y no discriminación.
Violencia contra las mujeres, niños y adolescentes.
Obstáculos y retos que enfrentan las mujeres, niños y adolescentes para acceder a la justicia.
Y ejercicio de los derechos político electorales y género.
La recepción de trabajos se cierra el 14 de noviembre de 2016, en las oficinas de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte.
El resultado del concurso se hará público a más tardar el 15 de julio de 2017.
En Guerrero se puso en marcha el Programa de Empleo Temporal que cuenta con un presupuesto de 18 millones de pesos. El programa operará en los 81 municipios del estado, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a jóvenes desempleados, quienes a cambio realizarán trabajos de apoyo a la comunidad.
La Secretaría de Seguridad Pública de la capital dio a conocer los lineamientos del Programa de Retiro Voluntario del Servicio del Personal Operativo en Activo de la Policía Preventiva. Quienes podrán participar son los elementos en activo con 48 años de edad cumplidos y que no se encuentren bajo algún procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia.
En Colima se publicó la Ley de Planeación Democrática para el desarrollo de Colima, misma que establece las bases de participación de los distintos actores del Estado en la definición de planes y programas que impulsen el progreso social y económico.
El Tribunal Electoral emitió una tesis en la que determinó que al efectuarse la asignación de escaños, las medidas adicionales para garantizar la Paridad de Género, deben respetar la decisión emitida mediante el sufragio popular. Precisando que la paridad en materia política debe atender a criterios que otorguen seguridad jurídica a los contendientes.
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