Inauguración del Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica
01/07/2015 Deja un comentario
Es fundamental enfrentar los ilícitos tributarios en México pues de ello depende la efectiva protección de derechos humanos en el país, aseguró el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales.
Esto, advirtió, porque se requiere de un estado con los recursos suficientes para responder al elevado costo de la protección de derechos.
“Con independencia de que éstas impliquen desarrollar la infraestructura que impida su violación o permita restablecer el orden constitucional ante su transgresión, o incluso, sirvan para financiar las actividades del Estado encaminadas a la tutela de los derechos prestacionales”.
Para dimensionar la importancia de los recursos fiscales en la impartición de justicia, explicó que el Poder Judicial Federal conoce cerca de un millón de asuntos cada año.
“Cómo haría el Poder Judicial de la Federación para enfrentar las enormes cargas de trabajo que tiene al frente, para resolver sobre los actos que se estiman inconstitucionales si no tuviéramos los recursos suficientes para tener tribunales en todo el país con jueces, magistrados y colaboradores que los apoyen”.
En la inauguración del Décimo Primer Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, el Ministro Presidente destacó que evitar o corregir los ilícitos tributarios es clave para lograr que prevalezca la generalidad contributiva.
“Que todos contribuyan para el bienestar de todos”.
Más tarde, en la primera conferencia del seminario, la Ministra Olga Sánchez Cordero explicó que una conducta frecuente que deriva en ilícitos tributarios proviene de los ayuntamientos que no revalúan catastralmente los inmuebles para recibir recursos federales.
“Los municipios, los ingresos que reciben por los impuestos que reciben por propiedad inmobiliaria son de gran relevancia, porque es una fuente de riqueza reservada desde la propia constitución a los municipios”.
Dijo que el legislador federal incurre en omisión al no emitir una ley general que homologue la organización de los catastros municipales.
Mario López Peña