Firma convenio CJF y SEGOB

Fue instalado el grupo de trabajo entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, para la aplicación del sistema de compilación y consulta del orden jurídico nacional.

“Tiene como propósito el mantener al día, actualizado y debidamente sistematizado toda la información concerniente a los asuntos jurídicos de la legislación de nuestro país”, Jorge E. Moreno Collado, Consejero de la Judicatura Federal.

Con este convenio se compilarán las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos, así como disposiciones federales, estatales y municipales.

“En la medida que avancemos en el conocimiento de nuestras leyes, los mexicanos van a conocer mejor sus derechos, van a conocer cómo ejercer mejor sus derechos, pero también van a aprender a cumplir mejor sus obligaciones”, Felipe de Jesús Zamora, Subsrio. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos SEGOB.

Toda la información se recabará en la página de internet www.ordenjuridico.gob.mx, de la Secretaría de Gobernación.

“Lo importante es que el ciudadano no especializado en los temas jurídicos, pero que tiene que tramitar un permiso de construcción, tiene que comprar un terreno y ver cómo se regula, etc, etc, debe encontrar con gran facilidad lo que está buscando en la normatividad que le sea aplicable”, Eduardo de Jesús Castellanos, Dir. Gral. Compilación y Consulta Orden Jurídico Nal. SEGOB.

La firma del acta de instalación de este sistema, lo realizó la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, secretaria ejecutiva de vigilancia, información y evaluación del Consejo de la Judicatura Federal.

“El acercar a la ciudadanía a este conocimiento de la cultura de la legalidad, por supuesto va a repercutir en la vida democrática de nuestro país”, Lilia Mónica López Benítez, Sria. Ejecutiva Vigilancia, Información y Evaluación CJF.

Los ciudadanos podrán ingresar fácilmente a todos los datos del orden jurídico, como una forma elemental de garantizar su respeto y la exigencia de su cumplimiento.

Miguel Nila

El Ministro Presidente Juan Silva Meza, recibió la visita del Presidente de la República de El Salvador

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, recibió la visita del Presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes.

Es la primera visita de estado que recibe el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, desde que asumió este cargo.

“Es un alto honor para esta Suprema Corte de Justicia tenerlo por aquí, nos da mucho gusto, el presidente de un país hermano con el que siempre hemos tenido muy buenas relaciones”.

Con la presencia del Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Primera Sala de la Corte, y del Ministro Sergio Salvador Aguirre, presidente de la Segunda Sala, el Ministro Silva Meza y el Presidente Mauricio Funes intercambiaron visiones generales sobre la estructura del Poder Judicial en ambos países, así como una explicación de las funciones del Poder Ejecutivo en El Salvador.

En esta reunión acompañaron al Presidente de El Salvador, el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Hugo Martínez, así como el Secretario de Asuntos Estratégicos, Francis Hato Hasbun.

A su llegada al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente Mauricio Funes y su comitiva, observaron y recibieron una explicación sobre el mural “Historia de la justicia en México” elaborado por el artista Rafael Cauduro.

Luego de la reunión con el Presidente de la Suprema Corte, el titular del Poder Ejecutivo de El Salvador visitó el Antepleno y el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Para terminar su recorrido por el edificio sede de la Corte acudió a la zona de murales elaborados por José Clemente Orozco.

Mario López Peña

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del congreso de Veracruz impugnaron la ley de proyectos para la prestación de servicios del estado

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del congreso de Veracruz impugnaron la ley de proyectos para la prestación de servicios del estado.

Consideran que es inconstitucional porque permite la contratación de deuda pública sin garantizar que se invierta en obras para el estado.

La Suprema Corte analiza sus argumentos planteados en una Acción de Inconstitucionalidad.

El Ministro Valls Hernández propuso al Pleno anular esta ley.

“La ley permite, en contra de lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción VIII, del artículo 117 constitucional, que a través de los proyectos para la prestación de servicios a largo plazo, se lleven a cabo actividades que por más de un ejercicio fiscal, que no implicarán directa o indirectamente un incremento en los ingresos públicos del Estado”.

Los diputados locales señalaron que esta ley crea un monopolio del gobierno estatal sobre la prestación de servicios al asignarlos en una sola ocasión para varios ejercicios fiscales.

No obstante, la mayoría en el Pleno de Ministros considera que la deuda pública solo se genera por un préstamo y en este caso eso no ocurre.

“Si esto se hace con recursos presupuestales se trata simple y llanamente de un contrato plurianual que no requirió contratación de deuda pública, por eso, si es cierto que a futuro se tenga que pagar un contrato plurianual, si se hace con recursos presupuestales de éste o de años futuros”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“Esta Ley de Proyectos es una ley estrictamente instrumental, si se quiere hacer este tipo de asociaciones entre el Estado y un particular para el desarrollo de determinadas obras, se puede acudir a esta forma de contratación, que por cierto está abundantemente requisitada, vigilada y supervisada”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Consecuentemente con eso, me parece que se subordina la Ley de Prestación de Servicios, al Código Financiero y al artículo 117 constitucional en el sentido de que esos servicios están entrelazados, entremezclados con la situación de la inversión pública productiva”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Algunos ministros pusieron como ejemplo la construcción de infraestructura carretera.

“Y cómo se le paga, concesionándosela al cobro del peaje por determinados años, aquí yo pregunto: ¿Dónde está la deuda pública? ¿En realidad de le está comprometiendo presupuestalmente? No, porque la carretera no existía cuando o al menos no en las condiciones en que queda para el cobro de ese peaje, entonces aquí tenemos un ejemplo en el que en realidad no existe un endeudamiento”, Ministra Margarita Luna Ramos.

Tras escuchar la opinión de la mayoría, el Ministro Sergio Valls Hernández pidió que el asunto fuera retirado con el fin de ajustar el dictamen con los argumentos de la mayoría.

En la sesión de este martes el Pleno de Ministros inició el análisis de una demanda del Procurador General de la República en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de Yucatán.
Las normas impugnadas facultan a la autoridad administrativa para imponer sanciones como el trabajo a favor de la comunidad.

La PGR considera que esto viola la garantía de libertad de trabajo.

“La consulta propone desestimar tales argumentos, dado que la garantía de libertad del trabajo no es absoluta sino que tiene restricciones, y una de ellas es la establecida en el artículo 21 constitucional, del que se desprende que las autoridades administrativas pueden imponer como sanción el trabajo a favor de la comunidad”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

El análisis de este asunto continuará en la sesión del próximo jueves.

Verónica González

Democracia, seguridad nacional y derechos humanos

El jurista Sergio García Ramírez solicitó a diputados que analizan la ley de seguridad nacional no aprobar una normativa que reduzca los derechos y las garantías y que pretenda otorgar seguridad a costa de los derechos y de la democracia.

 “Mi inquietud es por la posibilidad, la eventualidad, ustedes son garantes de que no es así, de contar con una normativa que nos desproteja, una normativa que reduzca, como otras veces ha ocurrido, los derechos y las garantías”.

Al participar en el Foro Nacional sobre Democracia, seguridad nacional y derechos humanos, el investigador habló de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que contempla la minuta de la ley de seguridad nacional.

“No podemos incurrir en caracterizaciones vagas que abran el espacio del arbitrio de la autoridad, hemos pugnado por reducir el arbitrio de la autoridad, no nos deslicemos en el favorecimiento de ese arbitrio”.

Se mostró preocupado por la reaparición de acciones como la tortura, las desapariciones forzadas, los arraigos, los cateos y visitas domiciliarias ilegales, el maltrato a migrantes y a menores de edad.

En la discusión participaron especialistas y defensores de los derechos humanos, quienes hablaron de los aspectos negativos que contiene la minuta.

“Se está buscando, yo creo que esto es claro para todos, legalizar las acciones, la utilización del ejercito, de los marines, de las fuerzas militares, legalizar y reconocer legalmente su papel que actualmente están desempeñando”, John Ackerman Rose, Investigador IIJ-UNAM.

“Esta Ley tal y como se encuentra actualmente podría generar muchísimos más graves males, porque nos conduciría no hacia un Estado de Derecho sino hacia un Derecho del Estado, no hacia un imperio de la Ley sino hacia una Ley del Imperio, hacia el autoritarismo, hacia la discrecionalidad en el uso de la fuerza en su máxima extensión”, Santiago Corcuera, Académico Universidad Iberoamericana.

“Si lo que se quiere es legitimar, legalizar la intervención del ejército que se haga en esos términos pero no por la puerta de atrás, lo que está pasando que se está legislando por la puerta de atrás”, Emilio Álvarez Icaza, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que el dictamen de la ley de seguridad nacional se realizará de manera transparente y precisa para no dar pie a actos arbitrarios o interpretaciones discrecionales.

Juan Carlos González

 

La CDHDF hizo un llamado a Marcelo Ebrard, para que encabece las demandas contra los responsables del operativo en la discoteca News Divine

La Comisión de Derechos Humanos del DF hizo un llamado enérgico al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que encabece las demandas contra los responsables del operativo en la discoteca News Divine.

“Para que tome las providencias debidas para enmendar los errores y reorientar las actitudes hacia la satisfacción plena de sus demandas de justicia… Que recuerden cada día que frente a hechos como este el Estado debe asumir sin regateo sus responsabilidades”, Luis González Placencia, Pdte. CDHDF.

A tres años del operativo en el que fallecieron doce personas, hizo un llamado de sensibilidad al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ante la solicitud de paciencia y prudencia a los padres de las víctimas que realizó este órgano de justicia.

Dijo que se ha enviado un mensaje de impunidad por parte de las autoridades capitalinas.

“Quien no era servidor público está preso y quienes ocupaban cargos públicos relacionados con las decisiones que se tomaron ese día y que ocasionaron la muerte de 12 personas, siguen en libertad e incluso trabajando para el gobierno del Distrito Federal”.

En conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el presidente de este organismo, Luis González Placencia, señaló que se iniciará un informe especial sobre la atención prestada a las víctimas no mortales del News Divine.

Leticia Morales, madre de una de las víctimas, en nombre de los familiares de los fallecidos y afectados, solicitó la reclasificación del delito, de homicidio culposo a doloso, y a subsanar las anomalías en la investigación.

De la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF al gobierno capitalino en 2008 por el operativo en News Divine, no se ha cumplido la determinación de una averiguación previa por los delitos de abuso de autoridad y negación del servicio público.

Faltan procedimientos administrativos contra policías locales y servidores públicos de la delegación Gustavo A. Madero.

Ni se han resuelto 20 causas penales radicadas en el juzgado decimonoveno penal del Distrito Federal.

Mario López Peña

Ernesto Cordero reconoció avances y pendientes de México en materia económica

México es el único país emergente cuya economía no muestra señales de sobrecalentamiento, aseguró el Secretario de Hacienda.

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA-Bancomer, Ernesto Cordero, reconoció sin embargo, que aún hay muchas familias que sacar de la pobreza.

“México es probablemente de las economías emergentes importantes la única que no está mostrando señales de sobrecalentamiento, es decir que no hay presiones inflacionarias, que los precios no están aumentando”.

Advirtió que nuestro país no está a salvo de verse afectado por los problemas financieros en Grecia y Estados Unidos, pero aseguró que la economía se encuentra blindada ante choques externos.

Ejemplificó que el PIB per cápita de México es mayor al de Brasil, con 15 mil dólares anuales.

En el evento, el ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, consideró que México es más grande que la violencia.

Dijo que no es permisible que la violencia entorpezca y obstaculice lo que nuestro país puede dar de bueno al mundo.

“Creo que la lucha contra el crimen organizado debe ser dura en Brasil así lo ha sido y creo que no podemos permitir que esto pueda obstaculizar y entorpecer lo que México puede dar de bueno al mundo”.

Al hablar de Petróleos Mexicanos, urgió a no terminar con la gallina de los huevos de oro; y por el contrario, continuar con exploraciones e inversión en tecnología.

Insistió en su propuesta de crear una alianza entre Petrobras y Pemex.

Oscar González

Jueces de ejecución de sentencias

Los jueces de ejecución de sentencias tendrán la facultad de vigilar que se cumplan las penas, conceder beneficios penitenciarios y solucionar los conflictos entre autoridades penitenciarias e internos, se dijo durante el seminario que realizó el INACIPE sobre el tema.

Encuentro en el que se mencionó que el modelo plasmado en la legislación del Distrito Federal para regular esta nueva figura, es muy similar al francés.

“Y al juez de ejecución de penas francés, le permiten hacer todo menos tres cosas: primero inmiscuirse en la organización y funcionamiento de las prisiones, inmiscuirse en temas relacionados con el régimen disciplinario y tercero, inmiscuirse en cuestiones que tengan que ver con el lugar en que habrá de cumplir la pena privativa de libertad el sentenciado”, Manuel Cavazos, Catedrático INACIPE.

Sin embargo, algunos participantes, consideraron que su función primordial será la de vigilar que se respeten los derechos del sentenciado, que éste purgue su sentencia en un lugar adecuado, no en condiciones de hacinamiento,  y que no sea víctima de extorsión, ni maltrato.

“Y si ahora tendremos un organismo control que es el juez de ejecución, naturalmente ese tipo de situaciones también probablemente van a llegar con mayor razón a conocimiento de los jueces y los jueces o las juezas que van hacer, derivar el caso al ministerio público que es lo natural si hay la comisión de un delito”, Daniel Urrutia, Asesor Presidencia del TSJDF.

Además, deberá vigilar que existan las condiciones, necesarias para que se dé la reinserción social que se busca con el nuevo marco legal en materia penal.

“Porque las carencias en el sistema penitenciario tanto en infraestructura, de servicios, de bienes que obviamente obstaculizan la readaptación social de cualquier interno, lo vamos a pasar como costos al interno, que por esas carencias no obtiene un grado de readaptación social idóneo para obtener una liberación anticipada”, Hesbert Benavente, Instructor Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIB.

Los participantes coincidieron que resulta urgente que se expida la ley de ejecución de sentencias a nivel federal, para fijar los parámetros y alcances del concepto de reinserción social.       

José Luis Guerra García

 

Prevención de las adicciones

El 43 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 12 y 25 años de edad, están expuestos al consumo de drogas.

 La mitad de ellos consume sustancias de manera experimental y  el 13 por ciento de manera frecuente, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

El Distrito Federal superó ya la media nacional  en el consumo de drogas.

“También en el caso de drogas ilegales el consumo es mayor en la ciudad de México en un 3.4 por ciento en hombres  y 2 por ciento mujeres, lo mismo sucede con el uso de drogas de prescripción donde el consumo  es mayor en hombres, en marihuana y cocaína está por arriba del promedio nacional en ambos sexos”, Armando Ahued, Secretario Salud del DF.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Federal trabajará de manera coordinada con la capital del país en la prevención de las adicciones.

“El pasado 11 de abril se firmó un un acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud del Gobierno Federal transfirió a través de la comisión Nacional contra las Adicciones 400 millones de pesos al Instituto para la prevención y atención de las adicciones de la ciudad de México que serán utilizados para su operación durante el presente año”, Carlos Tena, Comisionado Nacional contra las Adicciones.

Para revertir la problemática, el sector salud ha invertido durante este sexenio 5 mil millones de pesos.

“Debemos de reconocer que cuando hay un abuso de sustancias adictivas ilegales particularmente el alcohol, cuando hay un consumo de sustancias adictivas sí hay una mayor incidencia de delincuencia, sí hay mayor frecuencia de embarazos precoces, sí hay mayor frecuencia de infecciones de transmisión sexual”, José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud.

La señora Margarita Zavala reconoció que el consumo de drogas en México ha ganado terreno.

“Y la angustia que tiene cualquier mamá cualquier papá con respecto a sus hijos no puede inmovilizarnos, tiene que al contrario, hacernos, movernos hacia la acción, hacia la información”.

El Gobierno Federal estima que en los últimos años ha incrementado en 50 por ciento la oportunidad de acceso a las drogas, con lo que ha crecido también el consumo, principalmente en la población juvenil.

Martha Rodríguez

Delitos patrimoniales y Juicios orales

La Reforma Constitucional en Materia Penal del 2008 no ha logrado instaurar en México un verdadero sistema penal acusatorio, pues contiene varias características inquisitorias.

Así lo señaló el abogado postulante Jesús Zamora Pierce, al impartir el curso sobre delitos patrimoniales y juicios orales, en el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.

“Lo que yo afirmaba es que la reforma constitucional de 2008 en materia procesal penal se fijó como meta el traer a México un proceso penal acusatorio y le informaba yo al público asistente a estas conferencias que si uno analiza la reforma ve que no hay tal, no nos ha traído un proceso penal acusatorio”.

Explicó que la reforma constitucional contiene cuatro características que tienen rasgos inquisitorios, como son las reglas contra la delincuencia organizada y el arraigo.

“Si vemos las reglas de la delincuencia organizada vemos que establece un sistema penal de excepción que no es acusatorio, si agregamos a eso que establece el arraigo para todos los casos de delitos graves y el arraigo es una privación de la libertad sin juicio, lo cual no es acusatorio”.

Mencionó también el abuso de la prisión preventiva que va a propiciar que las cárceles continúen saturadas de presos sin condena y por último, el proceso abreviado, que busca eliminar el juicio a cambio de que el procesado reconozca su participación en un delito.

Señaló que todavía hay tiempo para resarcir algunos de estos problemas en los códigos de procedimientos penales.

“Yo creo que entonces que lo que tenemos que hacer es ajustar los códigos a la Constitución y eso nos permitirá que la reforma constitucional representara un avance del Derecho mexicano y no un trágico retroceso”.

El curso sobre delitos patrimoniales y juicios orales, que fue coordinado por los juristas Sergio García Ramírez y Olga Islas De González, concluirá el próximo viernes.

Juan Carlos González

Elecciones Coahuila y Estado de México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó el acuerdo de la autoridad electoral de Coahuila, mediante el cual se otorgó el registro como candidato a gobernador del PRI, a Rubén Moreira Valdez. Además de ordenar a la autoridad electoral mexiquense pronunciarse sobre la aparente propaganda ilegal del gobernador Enrique Peña Nieto, en un plazo de 72 horas.